El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó ayer martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados. Se trata del primer juicio masivo contra los mandos de una pandilla, entre ellos los 22 miembros de la llamada “ranfla histórica”, la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la “guerra” antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

El proceso inició contra 485 imputados el 20 de abril, de acuerdo a la cifra oficial más reciente, y fue seguido en forma virtual desde diferentes presidios por los acusados, incluidos unos 220 jefes en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Antes de emitir un fallo, el tribunal Contra el Crimen Organizado de la capital escuchará y analizará un voluminoso expediente compuesto por 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales, álbumes fotográficos, autopsias y certificaciones presentadas por la Fiscalía. La mayoría de los acusados ya purgan condenas que equivalen a una vida en prisión.

Los pandilleros enfrentan cargos por homicidio, feminicidio, extorsión, tráfico de armas, tráfico de drogas, desaparición de personas, rebelión y otros delitos, explicó la Fiscalía en un comunicado. La nota afirma que los pandilleros fueron inculpados de 14.420 crímenes cometidos entre el 2012 y el 2022 y utilizar el sistema de “apertura de válvulas”, cuando los mandos de la pandilla ordenaban asesinatos desde las prisiones.

Además, presentaron pruebas de la conformación de 230 células de pandillas distribuidas en todo el país.

Por su parte, el Órgano Judicial indicó en su cuenta en X que la Fiscalía “solicitó la pena máxima para cada imputado por cada uno de los casos acusados”. Además de requerir, en concepto de responsabilidad civil, el pago de 9 millones de dólares por extorsión agravada.

Un total de 162 pandilleros hicieron uso de la palabra durante las audiencias.

El pasado 8 de junio, el fiscal del Crimen Organizado, Max Muñoz, dijo en X que “con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario”.

“No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar”, agregó el representante de la Fiscalía.

Entre los asesinatos imputados figuran los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Fuente: AFP.

Arqueólogos descubrieron en Guatemala una estructura circular maya de más de 2.000 años de antigüedad que servía de altar para ofrendas y sacrificios humanos, un hallazgo que permitirá comprender uno de los períodos más complejos de esta civilización, informaron el lunes fuentes oficiales. El descubrimiento se produjo en el sitio arqueológico de El Tigre, en las selvas del norteño departamento de Petén, fronterizo con México y Belice, señaló en un comunicado el ministerio guatemalteco de Cultura.

El lugar, denominado “Okox” (“hongo” en idioma maya q’eqchi), es un edificio circular construido durante el período Preclásico Terminal (100 a.C-150 d.C) y fue localizado durante excavaciones iniciadas en 2025. En las investigaciones participaron especialistas de Guatemala, Francia, México y Canadá.

“Okox constituye un caso de estudio excepcional para comprender uno de los períodos más complejos de la historia de las tierras bajas mayas”, destacó el reporte. La plataforma tiene 2,2 metros de altura y cinco metros de diámetro, y está asociada a una estructura rectangular. En conjunto alcanzan cerca de 10 metros de longitud.

La calidad de la construcción constituye uno de los aspectos más sobresalientes del descubrimiento. Está hecha de grandes bloques de piedra caliza “cuidadosamente labrados” y presenta elementos decorativos poco comunes, como molduras perimetrales y vestigios de pintura roja sobre superficies.

Las investigaciones revelaron “entierros de niños asociados a la construcción del edificio” posiblemente como “ofrendas rituales”, que sugieren probables “prácticas de sacrificio humano”, indicó el comunicado.

Un niño de menos de tres meses de nacido fue sepultado al norte de la estructura, debajo de un cuenco con efigies zoomorfas.

Otro menor de siete a nueve años fue enterrado en el lado oeste, detalló en rueda de prensa Julien Hiquet, jefe del proyecto y arqueólogo de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.

En el centro fue inhumado un hombre de entre 30 y 40 años, debajo de un recipiente de gran diámetro. Cerca de él se encontró un punzón hecho de espina de mantarraya, utilizado “en rituales de autosacrificio, por lo que se presume que tenía un papel religioso o político de alto rango”, añadió Hiquet.

La cultura maya tuvo su mayor esplendor en el período clásico (250-900 d.C) hasta que entró en decadencia en el postclásico (900-1200 d.C) y abarcó el área mesoamericana que comprende el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.

Fuente: AFP.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó la ejecución de operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, en una entrevista ayer lunes con la AFP. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana a la cadena CBS que Washington podría ejecutar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela a Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, jefe de la banda criminal Tren de Aragua.

Arévalo, quien participa en Panamá en la Asamblea General de la OEA, negó que haya aprobado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en territorio guatemalteco, como afirmó a fines de mayo el diario The New York Times. El mandatario aseguró a la AFP que la Constitución guatemalteca lo impide, aunque destacó la cooperación como parte de la Coalición Anticarteles de las Américas que impulsa el presidente Donald Trump.

Según Arévalo, esa colaboración se reforzó tras concluir hace mes y medio la gestión de ocho años de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por 40 países, encabezados por Estados Unidos, que la consideran corrupta y antidemocrática.

Porras lideró una ofensiva contra Arévalo en 2024 para impedir su investidura y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados. El presidente designó en su lugar a Gabriel García Luna.

- ¿En qué consiste la cooperación con Washington?

- Lo que necesitamos es capacitación, acompañamiento a nivel de operaciones tácticas para planificación de operativos e intercambio de inteligencia.

- ¿Operarán militares estadounidenses en Guatemala?

- Operando militarmente, portando armas (...) la ley no lo permite. Nuestra Constitución no permite la conducción de operaciones militares conjuntas como las que se realizan en otros lugares, pero tenemos operaciones cooperativas. Estados Unidos nos apoya a que las fuerzas de seguridad de Guatemala tengan la capacidad de ser más efectivas en su combate al narcotráfico.

- ¿Pero EE. UU. le planteó la posibilidad?

- Estados Unidos lo que preguntó es los términos en los que estaríamos dispuestos a establecer estos mecanismos. Respondimos, claro que sí, en el marco de estos parámetros que son los que podemos políticamente, porque tenemos un interés compartido; pero además legalmente porque tenemos ciertas limitaciones para actuar. Las operaciones (como la ejecutada contra Héctor Guerrero) las podemos ejecutar con personal policial y militar guatemalteco.

- ¿En qué cambia la relación con EE. UU. tras la salida de la fiscal?

- Teníamos una fiscal cuya responsabilidad era la persecución del narcotráfico, que implica una coordinación muy fluida con Estados Unidos, pero no podía viajar a ese país por estar sancionada. Cuando el Ministerio Público estaba cooptado por la élite político-criminal era imposible la coordinación. Tenía un contacto mínimo con las fuerzas de seguridad, lo que impedía (...) operativos específicos de persecución contra el crimen organizado. Con la salida de Consuelo Porras la coordinación interna en la lucha contra el crimen (...) empieza a funcionar normalmente. Además, permite una coordinación más efectiva con nuestros socios internacionales.

- ¿Aún hay en el Estado operadores del “pacto de corruptos”?

- Lo que hicimos fue comenzar un proceso de desmantelamiento de las estructuras de corrupción dentro del Ejecutivo. Ha sido un proceso no fácil. Con Porras, la élite político corrupta mantenía la cooptación del Estado. La recuperación del Estado es un proceso gradual en el que vamos avanzando. En el momento en el que el Ministerio Público ya no está en manos de estos grupos, el edificio se empieza a desmoronar. No se ha terminado de hacer la tarea.

- ¿Quedarán impunes las acciones de la fiscal?

- Empezarán procesos (para) deducir las responsabilidades legales.

- ¿Volverán los exiliados?

- Se van a ir cayendo muchos de estos casos espurios (...) y podrán ir regresando. ¿De quién estaban huyendo? De la persecución y la criminalización del Ministerio Público. La Fiscalía ya no está en manos de los criminales, está en manos de la justicia.

- ¿Cómo ve el avance de la ultraderecha en América Latina?

- Hay que visualizar a la región más allá de los vaivenes electorales y avanzar en la consolidación de estructuras democráticas. Advertí que la polarización que existe en América Latina (...) es una de las vías al autoritarismo y que tenemos que contenerla. En la medida en que la política de la polarización continúe, vamos a empezar a caer en la deslegitimación de nuestros propios conciudadanos.

Fuente: AFP.

El gobierno de Guatemala negó el jueves que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times. El diario estadounidense publicó el jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y cita a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional“, aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado. En una declaración posterior a periodistas, Arévalo dijo que Guatemala solicitó a Washington cooperación en sus esfuerzos antidrogas, pero que esto no incluye presencia militar estadounidense pues de ser así requeriría autorización del Congreso.

"Va a implicar tener acceso a equipo, capacitación, expertos para (apoyar) la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico“, detalló el mandatario socialdemócrata. El gobierno difundió una carta en la que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, expresa a Hegseth que Guatemala “desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro (...) de Guatemala”.

En la nota, fechada el pasado 23 de mayo, Sáenz se refiere a esas maniobras como “operaciones combinadas lideradas por Guatemala”. Según el comunicado del gobierno, Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una “conversación telefónica” con Hegseth “confirmando los términos de la cooperación”.

La solicitud de Guatemala se encuadra en la Coalición Anticarteles de las Américas, señaló Sáenz en su nota, al referirse al grupo de países creado por el presidente Donald Trump a inicios de este año para combatir al crimen organizado en el hemisferio. En ese marco, Washington aumentó su ayuda en inteligencia a Ecuador y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia.

Según The New York Times, las operaciones conjuntas en Guatemala podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse. El diario sostiene que el objetivo de Trump con esas acciones, a las que espera sumar a Honduras, es presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico en su territorio, algo a lo que se opone la presidenta Claudia Sheinbaum.

La incursión de un grupo armado desde Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó el lunes un campesino muerto y viviendas quemadas, informó el gobierno guatemalteco. El ataque fue reportado el lunes por el Ejército de Guatemala, que aseguró que soldados repelieron a tiros al escuadrón que se desplazaba en varios vehículos, pero no informó de víctimas o daños.

El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, dijo este martes que el choque se produjo en la comunidad de San José Las Lágrimas, en el poblado oriental de Esquipulas, y dejó un fallecido cuya nacionalidad no precisó. “Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran (...) casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino”, señaló el ministro en rueda de prensa. Imágenes de medios locales mostraron algunas viviendas de láminas de zinc quemadas en esa zona fronteriza. Sáenz señaló que las fuerzas de seguridad y la fiscalía investigan el caso.

Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueran asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe. Los dos países aumentaron la presencia de militares y policías en el área limítrofe, tras los sucesos que involucraron a una red hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

“La zona fronteriza en general ha sido un área que ha estado muy contaminada por estructuras criminales”, declaró este martes a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez. El mismo jueves, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado hondureño de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.

Fuente: AFP.