El gobierno interino de Venezuela y una exparlamentaria opositora iniciaron el jueves un diálogo sobre una transición democrática, con el respaldo de Estados Unidos, anunció el Departamento de Estado. El encuentro ocurre a casi seis meses de la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense. Delcy Rodríguez asumió en enero la presidencia interina de Venezuela y gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La exparlamentaria Dinorah Figuera, que llegó a Venezuela el jueves tras ocho años en el exilio, dijo a la prensa que regresó invitada por Estados Unidos para negociar con el gobierno interino la constitución de una autoridad electoral “creíble”. Unas horas después de su arribo, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, la recibió para sostener una primera reunión “en su condición de representante de los diputados opositores del período 2015 a 2020”, indicó la Asamblea Nacional en un comunicado.

El Departamento de Estado respaldó el encuentro y lo describió como una ocasión para “debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”, según un comunicado. La agenda incluirá “temas clave” como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, añadió.

Figuera se desvinculó de la líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, que recientemente lanzó junto a otros dirigentes políticos su “manifiesto de Panamá” para negociar la transición.

“En este momento yo estoy asumiendo una invitación que me hace el Departamento de Estado para asumir todos estos desafíos (...) en los términos de tener un Consejo Nacional Electoral creíble”, dijo Figuera a la prensa a su llegada en el aeropuerto.

En abril, Figuera se había reunido con un funcionario del Departamento de Estado “para conversar sobre las vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada”, según un mensaje en español publicado entonces por la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, dijo a principios de junio en una audiencia en la Cámara de Representantes que Venezuela necesita “un nuevo comité electoral”, para poder “celebrar elecciones con garantías”.

Machado ha pedido el acompañamiento de Estados Unidos para “impulsar una negociación política” que permita “recuperar la democracia en Venezuela”.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que Maduro se proclamó reelecto en medio de denuncias de fraude.

En 2023 Figuera asumió, desde el extranjero, la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica.

Los diputados opositores que la conforman habían sido electos para el período legislativo 2016-2020, y marginados por Maduro. Desde entonces, Estados Unidos reconoció la legitimidad de estos parlamentarios.

Figuera, médico de 65 años, se exilió en España tras denunciar “amenazas y acosos” por haber sido vocera oficial en el caso de la muerte en prisión de su compañero en el partido Primero Justicia, Fernando Albán, quien falleció el 8 de octubre de 2018.

Fuente: AFP.

Una escuela vacía con cuadernos aún abiertos sobre las mesas, un bar desierto con su mesa de billar y minas artesanales a cielo abierto sin actividad. Una gran operación militar en el sur de Venezuela contra grupos criminales deja pueblos y minas fantasmas de donde todos huyen. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas o guerrillas.

El ejército se desplegó la semana pasada alrededor de Las Claritas, en una zona de explotación aurífera del estado de Bolívar (sureste) en manos de dos jefes mediáticos, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores de la temible pandilla venezolana Tren de Aragua, según fuentes locales. El jueves de la semana pasada, periodistas de la AFP vieron allí una decena de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas. También había vehículos del Sebin (servicio de inteligencia).

Apenas un día después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la muerte de Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, en una operación militar realizada en coordinación con Venezuela en el estado de Bolívar, sin precisar el lugar exacto. La operación ocurre cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y tras pocas semanas de aprobarse, bajo presión de Estados Unidos, una nueva ley de minería destinada a atraer inversores privados y, sobre todo, extranjeros.

El lunes “venía por aquí caminando y me pasó un grillo silbando por las orejas y cuando escuché me dije eso son los ninjas”, bromea José Guzmán, minero artesanal de 68 años, que sigue trabajando para pagarse “un plato de espaguetis y mortadela” al día.

“Le dije a la gente que nos están atacando y hubo una explosión y después a poco rato como a los dos segundos, fueron dos más”, relata.

Según una decena de testimonios recogidos por la AFP, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura ese día.

ONGs venezolanas denuncian enfrentamientos. Las autoridades, y en particular la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el cargo desde la captura de Maduro en enero, guardan silencio sobre la operación.

Muchos trabajadores saludan la acción militar. “No se imaginan el maltrato (infligido por los tipos) a la población. Era un régimen de terror. Tenías que pagar y pagar una y otra vez. Los que no pagaban, eran ¡fuera! o peor”, dice un minero artesanal bajo condición de anonimato. “Había malandros armados por todas partes. Espero que el ejército haga operaciones en tierra y ¡Bam-Bam!”, añade.

Un mototaxista que transporta material para un minero afirma que su uniforme de trabajo tenía que pagárselo a los mafiosos en 200 dólares. “Teníamos que pagar un gramo de oro (120 dólares) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas. Espero que no vuelvan para que podamos vivir con dignidad. Es todo lo que pedimos”, confía.

En Brisas de Cuyuní, un área con kilómetros y kilómetros de minas, no se respira riqueza. En una zona deforestada, la pista de tierra serpentea entre los campamentos. Hay casas de madera cubiertas con plásticos y también balsas donde los mineros sacan el barro con largas mangueras.

El barro se mezcla con detergente en polvo y luego baja por unos toboganes cubiertos de alfombras que absorben el mineral y que serán “lavadas” con agua y mercurio para extraer el oro.

Los toboganes, a veces inmensos, dan la impresión de que ha comenzado la construcción de decenas de puentes sobre lagos.

Con la intervención del ejército, “esto prácticamente está abandonado”, afirma Antonio Figuera, de 47 años, minero artesanal mientras barre un antiguo café. Es “prácticamente un pueblo fantasma”.

El lugar estaba lleno de pequeños comercios. Luego del despliegue militar “se lo llevaron todo, todos los bienes de valor”.

Ahora es un ir y venir de motos que transportan a veces a tres adultos y un niño, o cargadas de bultos.

Un hombre en una moto arrastra un techo de zinc colocado sobre una llanta vieja para no dañarlo. Otros arrastran largos tubos que se mueven por la carretera.

“Nos quedamos aquí porque no queremos que nos saqueen”, afirman dos mujeres de un pequeño restaurante. Este flagelo ya ha comenzado.

Francisco, su esposa y su hija trabajan para tratar de recuperar algo de oro. “No tengo ni un dólar. Nada de ahorros. Tengo que pagar un transporte para la familia y nuestras cosas. Espero que tengamos suerte”, se consuela frente a un montón de barro.

“Si nos vamos a la ciudad, el hambre nos va a matar”, dice por su parte Rafael, minero artesanal de 53 años.

Alexis Pérez, de 52 años, aguarda aburrido junto a la balsa donde vive y trabaja. “Esperando a ver qué dice el gobierno, si nos van a dejar trabajar o si ellos van a tomar de una buena vez esta zona”.

Se prevé que el gobierno otorgue nuevas licencias a multinacionales. Tres grandes empresas operaban aquí en los años 2000, antes de que el presidente Hugo Chávez suprimiera las concesiones.

Mientras tanto, Alexis permite una visita a su “morada”, donde suele pasar dos semanas antes de regresar a Las Claritas con su familia: una cama de madera bajo un mosquitero colocada sobre la tierra convertida en barro por la lluvia, una mesa artesanal con un cepillo de dientes y unas tijeras.

Afuera, dos botas de caucho colocadas al revés sobre unos trozos de madera “para que no se metan las culebras”. Por lo general trabaja unas 12 horas por día y le da para “medio mantenerse”. “La vida de mina es dura, es trabajo duro, hay peligro” cuenta. Pero existe “la esperanza de agarrar algo”.

Fuente: AFP.

Venezuela firmó un acuerdo con el gigante estadounidense General Electric para iniciar la recuperación de su deteriorado sistema eléctrico, anunció el lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Rodríguez ocupa la presidencia de forma temporal desde la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero. Mantuvo en abril diálogos con la multinacional para atender los problemas energéticos del país.

El acuerdo permitirá “recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total, en cuatro años, más de 5.000 megavatios”, refirió Rodríguez en un acto en el palacio presidencial de Miraflores. El diputado opositor Ezio Angelini declaró a la AFP que previo a la llegada del chavismo en 1999, Venezuela producía 20.000 megavatios diarios y consumía alrededor de 12.000 megavatios.

“En este momento estamos produciendo 12.000 megavatios y estamos consumiendo 14.000” megavatios al día, dijo el parlamentario para ejemplificar el déficit durante una sesión parlamentaria. El gobierno informó que el 7 de mayo Venezuela registró una demanda de 15.579 megavatios, la jornada más alta en nueve años.

“Es un paso histórico (...) que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial”, remarcó Rodríguez en un acto televisado junto con los directivos de la empresa estadounidense. General Electric estuvo seis semanas en Venezuela “haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica”, apuntó la mandataria.

La mayor parte de Venezuela vive apagones que se prolongan diariamente hasta por diez horas. Incluso los cortes se han extendido a Caracas, exceptuada durante años.

La nacionalización de este sector en 2007 dejó fuera a 14 empresas eléctricas, algunas operadas con capital extranjero.

El Parlamento venezolano comenzó a inicios de mes la discusión de una reforma que abre la puerta al capital privado para recuperar el sistema eléctrico bajo control estatal.

“En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional) de manera maravillosa”, auguró Roger Martella, director corporativo de General Electric.

Expertos han advertido además de que, para reflotar la industria petrolera, el principal sector de Venezuela, se requiere normalizar el suministro eléctrico.

“También estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela” (Pdvsa), señaló la presidenta encargada durante el acto del lunes. “Se requiere también el servicio eléctrico”, apuntó.

La semana pasada Venezuela firmó un acuerdo con la firma argentina Impsa para culminar la represa de Tocoma, importante proyecto hidroeléctrico en el estado Bolívar (sur), y avanzar en “trabajos del Sistema Eléctrico Nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios”, había informado la propia mandataria el sábado en Telegram, sin precisar en qué periodo. “Esa hidroeléctrica finalmente va a tener su fin, se va a construir”, apuntó Rodríguez el lunes en Miraflores.

Fuente: AFP.

La Organización de Estados Americanos (OEA) vive momentos turbulentos a una semana de su 56.ª asamblea general en Panamá, con presiones de Washington en todos los frentes, incluida la secretaría general, bajo el mando del surinamés Albert Ramdin. El gobierno de Donald Trump dice que la OEA debe mejorar su gestión interna, ser más ágil y más alineada con su agenda conservadora, centrada en la seguridad regional.

Washington no ha entregado aún su contribución a la organización, de en torno a los 47 millones de dólares, lo que representa prácticamente la mitad de su gasto corriente, según datos oficiales de la organización del mes de junio. Para 2027 no hay una partida específica para la OEA en el proyecto de presupuestos estadounidenses.

Situada a apenas unas cuadras de la Casa Blanca, la OEA y sus cerca de 500 empleados viven una situación delicada. “La solicitud de presupuesto (...) concentra la financiación en siete organizaciones internacionales, incluida la OEA, que promueven directamente los intereses de Estados Unidos”, precisó explicó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP bajo anonimato.

Pero según un documento interno del Congreso, la situación es más ambigua. El gobierno Trump “ha solicitado 5.000 millones de dólares para un nuevo Fondo de Oportunidades America First, que (...) podría utilizarse para proporcionar una cantidad no especificada de fondos a organizaciones internacionales”.

Esta situación se asemeja a la presión financiera que ejerce Estados Unidos sobre la ONU, y deja amplio margen al Departamento de Estado para financiar los proyectos que le interesen, y eso incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las fuentes consultadas explican que el año pasado, Washington esperó a la segunda mitad del año para desembolsar paulatinamente su parte.

“Es como una espada de Damocles sobre tu cabeza”, explicó a la AFP una fuente del Consejo Permanente de la OEA, bajo anonimato. “Si retrasan mucho el pago, eso crea una situación que la organización tiene que hacer préstamos internos de tesorería”, añadió. “Algunos países pagan por adelantado y eso ayuda, pero a largo plazo se crea una situación que no es sostenible”, indicó. Esa presión se traslada al plano diplomático.

La agenda de la asamblea permanente de Panamá, del 22 al 24 de junio, se vio muy complicada por las objeciones de Estados Unidos. El representante estadounidense, Leandro Rizzuto, un multimillonario cercano a Trump, fue confirmado en octubre de 2025 por el Senado. Rizzuto consiguió descarrilar una propuesta sobre los derechos de los afrodescendientes en la región, que estaba siendo consensuada en el seno del Consejo Permanente.

Luego la invitación de organizaciones exteriores a la OEA provocó una crisis en el seno del Consejo, que tuvo que dedicarle dos sesiones al tema para desbloquear la situación. Estados Unidos sorprendió al resto de representantes del Consejo (33 presentes en la actualidad) con una exigencia: sacar de la lista a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Invitar a ese tipo de organizaciones a la asamblea general es una medida de cortesía, que habitualmente no genera mayores problemas. Esas instituciones no votan ni participan activamente en el encuentro de los cancilleres. La insistencia de la legación estadounidense causó revuelo y obligó a protagonizar varias votaciones consecutivas. Sus demandas fueron finalmente rechazadas con amplias mayorías.

El Consejo Permanente de la OEA ha recogido el gran cambio de ciclo político en América Latina, y los debates a menudo son dominados por las voces de los gobiernos conservadores. El gobierno de Trump no está solo en sus discursos beligerantes en el seno del Consejo Permanente. El secretario general de la organización también pasa por momentos delicados. Ramdin tuvo que desprenderse de su jefa de gabinete, Xaviera Jessurun, inmersa en una investigación por corrupción en su país, Surinam.

Washington le revocó su visado diplomático. Jessurun dejó su cargo “por circunstancias fuera de control”, explicó Ramdin, según publicó un medio de comunicación surinamés, StarNieuws. La salida de esta alta funcionaria deja en mala posición a Ramdin, y con el suspense en torno a la financiación sin resolver.

Fuente: AFP.