El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este martes pasado a Facebook de “censurar” los videos en los que habla de unas supuestas “gotitas milagrosas” denominadas Carvativir, que ha dicho son capaces de “neutralizar” el COVID-19.
“Me censuran todos los videos donde muestro el Carvativir, Facebook eliminó de mi página, de manera abusiva y dictatorial, el video completo del programa del domingo pasado, y eliminó el video completo donde se explica cómo Venezuela hizo todas las pruebas científicas para autorizar, como hemos autorizado, el Carvativir”, sostuvo Maduro en un acto televisado.
El Carvativir es el último de una serie de remedios sin estudios médicos publicados, que el mandatario socialista ha promocionado desde que la pandemia del coronavirus llegó al país sudamericano en marzo pasado.
“Ellos dicen que hasta que la OMS diga que sí yo no puedo hablar del Carvativir. ¿Quién manda en Venezuela? ¿El dueño de Facebook? ¿Quién manda en el mundo? ¿el dueño de Facebook? Abusadores, ¿Zuckerberg es que se llama? Es tremendo abusador”, exclamó Maduro, cuyo gobierno ha acusado antes a otras redes sociales como Twitter y Youtube de censura.
Maduro afirmó que el mundo debe “reflexionar” sobre los “abusos” en las redes sociales. “Son gente multimillonaria, que pretenden imponer sus verdades, sus razones, sus abusos en el mundo”.
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Ante la avalancha de información durante la pandemia, Facebook ajustó sus políticas, regulando “anuncios que contengan afirmaciones engañosas, falsas o infundadas sobre temas de salud, incluidas las que aseguren que un producto o servicio puede ofrecer una prevención o una inmunidad del 100%, o tiene la capacidad de curar el virus”, señala la popular plataforma.
Tras descargar contra Facebook, Maduro aseguró que uno de sus ministros, Aristóbulo Istúriz, está siendo tratado con Carvativir. “Se tomó su Carvativir, 10 gotas cada cuatro horas durante 10 días en el caso de él, se levantó con fuerza”, señaló.
Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula 127.346 casos confirmados de COVID-19 y 1.196 muertes, según cifras oficiales, cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que ocultan una realidad mucho peor.
Fuente: AFP.
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Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EE. UU.
El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon el jueves no culpables de tortura ante un tribunal de Nueva York.
La pareja, detenida en Estados Unidos desde enero, ya fue inculpada por la justicia estadounidense de narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Su caso penal se amplió la semana pasada con acusación de haber conspirado para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
En la inculpación presentada el 8 de octubre, los fiscales estadounidenses detallan presuntos casos de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.
Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó el miércoles los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.
El exmandatario y su esposa fueron capturados en su residencia durante una espectacular operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo la semana pasada que los nuevos cargos contra Maduro y Flores demuestran la determinación del gobierno de Trump “de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”.
“Reprimir y castigar”
Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.
La acusación formal de tortura presentada en Estados Unidos señala que el objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.
El escrito alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.
Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.
El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.
Maduro y Flores están encarcelados en una prisión federal de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a periódicos ni a internet, pero con la posibilidad de hablar por teléfono con sus familias y sus abogados.
El inicio del juicio por los cargos de narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se han declarado no culpables.
- Fuente: AFP
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IPS apunta a cobrar USD 70 millones que adeuda Salud: “La situación está propicia”
Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.
“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Proyecto de ley de emergencia
A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.
“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.
León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.
No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.
La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.
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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.
“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.
Encuentro con Alliana
Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.
El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.
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Intensivistas, héroes de la pandemia
- Por Arturo Peña Villaalta
- arturo.pena@nacionmedia.com
Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.
Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.
Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.
Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.
El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.
“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.
Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.
La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.
“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.
Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.
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Consejo de Meta rechaza sustituir el fact-checking por “Notas de la comunidad”
El Consejo de Supervisión de Meta pidió al grupo tecnológico que no reemplace con “notas de la comunidad” su programa de verificación de información realizado por periodistas, tal como plantea la empresa californiana en 16 países hispanohablantes de América Latina. En un comunicado consultado por AFP este sábado, el Consejo de Supervisión argumenta que la verificación por parte de profesionales de la información y las “notas de la comunidad”, creadas y aprobadas por simples usuarios de las redes sociales, son mecanismos complementarios que sirven a “dos propósitos distintos”.
El Consejo insiste en que “las notas de la comunidad” podrían resultar contraproducentes o manipulables en regímenes represivos y en países muy polarizados. Por ello, “urgimos a Meta a no plantear las notas de la comunidad como una sustitución directa de la verificación”, indicó en su comunicado el Consejo de Supervisión de la empresa que agrupa a Facebook, Whatsapp e Instagram.
El miércoles, el gigante tecnológico encabezado por Mark Zuckerberg anunció que comenzó a probar sus Notas de la comunidad en 16 países hispanohablantes de América Latina, como paso hacia la sustitución del actual programa de verificación periodística profesional de contenidos.
El anuncio se produjo en pleno auge de la derecha y la extrema derecha en América Latina, de la mano de candidatos que alcanzaron la presidencia de países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú, se reivindican como admiradores de Donald Trump y tienen como modelo al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Todos ellos cuentan con estrategias ambiciosas y reticulares en redes sociales, donde abunda la desinformación para exaltar su imagen y difundir su mensaje.
El año pasado, días antes de que Trump iniciara su segundo mandato en la Casa Blanca, Meta ya puso fin a dicho programa en Estados Unidos, optando en su lugar por estas Notas de comunidad basadas en un sistema de colaboración masiva, como ya venía haciendo la plataforma X de Elon Musk.
En este caso no son redacciones ni periodistas profesionales quienes chequean informaciones potencialmente engañosas o falsas, sino usuarios de las redes sociales que cumplan con una serie de requisitos, como tener al menos 18 años, una cuenta de por lo menos seis meses de antigüedad y no haber infringido las normas de Meta de forma reiterada.
Factores de riesgo
El Consejo enfatizó que, si bien estas notas “pueden aportar información a debates importantes y estimular la libre expresión”, también pueden causar “daños en el mundo real” en ciertos casos, como el de “regímenes que reprimen los derechos humanos”, contextos polarizados que derivan en “violencia política”, y países con “redes de desinformación a gran escala”.
Daños reales en los que “Meta tiene una responsabilidad a la hora de evitar o remediar”.
“Dichos factores existen ciertamente en algunos de los países en los que Meta dice querer probar” la sustitución de la verificación por periodistas profesionales, enfatiza el Consejo de Supervisión.
Y “la decisión de pasar de la fase de prueba a la implementación debería basarse en un análisis de los riesgos específicos de cada país”.
Los países concernidos por la decisión de Meta son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Brasil, que celebra unas reñidas elecciones presidenciales en octubre y es el mercado más grande de las plataformas de Meta, no fue incluido.
La AFP participa en más de 26 idiomas, entre ellos el español, en un programa de verificación de datos desarrollado por Facebook, que contrata para ese fin a más de 80 medios de comunicación de todo el mundo.
El anuncio de esta semana fue rápidamente cuestionado por la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, según sus siglas en inglés), que afirmó que el programa de Meta “no es suficiente cuando se trata de reducir el impacto de falsedades dañinas” en las redes sociales. La AFP es miembro de la IFCN.
Fuente: AFP.