Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.

"Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos“, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino. El conglomerado CK Hutchison rechazó el martes en Hong Kong la acción de las autoridades panameñas. “CKHH considera (...) que la toma de control de las terminales es ilegal. Las acciones del Estado panameño también generan riesgos graves para las operaciones, así como para la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal”, señaló el grupo en un comunicado.

A su vez, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó el martes su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos. La toma, que según las autoridades transcurre sin incidentes, se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.

El “decreto de ocupación” dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación. APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- administrará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares, mientras Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal en un acuerdo por casi 16 millones de dólares, informó el gobierno.

En un comunicado, APM informó que ya inició las primeras operaciones en Balboa con la instalación de un nuevo sistema operativo. “Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva” señaló Marliz Bermudez, jefa de APM Terminals Panamá.

Hutchison, que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), había anticipado acciones legales si entraban en los puertos sin su permiso. China además amenazó a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión. “Es muy bueno para el pueblo de Panamá (...) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa 5 % del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía, que décadas después transfirió a Panamá.

Aunque Mulino ha rechazado el supuesto control chino, este lunes denunció que PPC había convertido los puertos en “territorio autónomo” por no dar a las autoridades información sensible sobre sus operaciones.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

“Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro”, manifestó a la AFP un operario de Balboa. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38 % de ellos por los que operaba Hutchison.

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, con el que se buscará llegar a un acuerdo económico. “Se reconoce que los equipos son de la empresa”, sostuvo.

Alemán Zubieta estimó que el proceso de impugnación ante la ICC en París durará “muchísimos años”. La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado. El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba en Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.

Fuente: AFP.

La Cámara Baja de Japón confirmó formalmente a Sanae Takaichi en sus funciones como primera ministra este miércoles, diez días después de su victoria en las elecciones. Takaichi, de 64 años, se convirtió en octubre en la primera mujer en gobernar el archipiélago asiático y obtuvo una mayoría de dos tercios para su partido en los comicios anticipados que convocó para el 8 de febrero pasado.

La gobernante ha manifestado su intención de reforzar el ejército japonés, lo que probablemente tensará aún más las relaciones con China, y se encuentra bajo presión para impulsar la débil economía. En noviembre sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba atacar a Taiwán. Eso enfureció a China, que considera a esa isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza, si fuera necesario.

La disputa entre los dos países provocó una fuerte caída del turismo chino a Japón, que se redujo 60,7 % en enero comparado con el mismo mes del año pasado, según la Organización Nacional de Turismo japonesa. Una de las causas citadas es la advertencia del gobierno chino de no viajar a Japón debido al diferendo. El gobierno de Takaichi también prevé impulsar una ley para crear una Agencia Nacional de Inteligencia y comenzar discusiones para una ley antiespionaje, según medios locales. Asimismo, la primera ministra prometió reforzar las leyes migratorias, pese a que la segunda mayor economía de Asia lucha con la falta de mano de obra y el declive poblacional.

En un discurso de políticas previsto para el viernes próximo, Takaichi insistirá en su promesa de campaña de suspender por dos años el impuesto al consumo para alimentos para aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares, indicaron los medios. Esta promesa generó temores en los mercados por la enorme deuda japonesa, y llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir que provocaría que los pagos de intereses sobre esa deuda se dupliquen entre 2025 y 2031.

Para aliviar esos temores, Takaichi insistirá en su mantra de tener una política fiscal “responsable, proactiva”, y fijar una meta de reducción de la deuda pública, según los medios. En su discurso del viernes, la primera ministra anunciará la creación de un “consejo nacional” con representación de todos los partidos para discutir la tributación y cómo financiar la seguridad social en una población que envejece.

Pero su primera tarea será conseguir la aprobación del presupuesto nacional para el año fiscal que inicia el 1 de abril, luego de que el proceso fue aplazado por la elección. La coalición gobernante también quiere acelerar el debate sobre cambios constitucionales y la revisión de las reglas que rigen a la familia imperial para aliviar una posible crisis de sucesión.

Takaichi y muchos en su Partido Liberal Democrático (PLD) rechazan permitir que una mujer asuma como emperatriz, pero las reglas podrían ser modificadas para “adoptar” nuevos miembros masculinos. La primera ministra tiene previsto dar una conferencia de prensa posteriormente el miércoles.

Fuente: AFP.

En el quinto día de las operaciones de rescate, efectivos militares localizaron la remera que vestía Tobías Ariel, el niño de 12 años que fue arrastrado por un raudal el pasado viernes en el barrio Tayazuapé, de la ciudad de San Lorenzo.

El hallazgo, confirmado plenamente por los padres del menor, representa el otro indicio físico de relevancia desde el inicio del siniestro y marca un punto clave en la delimitación de las tareas de búsqueda. Días pasados también ya hallaron el gorra que llevaba puesta.

La prenda fue detectada en un canal abierto que desemboca en el arroyo Tayazuapé, aproximadamente a 400 metros de la salida del alcantarillado y a unos 1.300 metros del lugar donde el niño fue visto por última vez. Según informó el general Esteban Rodríguez, comandante del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, este hallazgo permite orientar los esfuerzos de los rescatistas hacia zonas específicas del cauce hídrico.

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El operativo de búsqueda está integrado por un equipo multidisciplinario de militares, policías y bomberos voluntarios, quienes concentran sus labores en el denominado “punto crítico”.

Asimismo, el general de brigada Orlando Benítez explicó que las cuadrillas trabajan intensamente en la limpieza del sedimento acumulado en la estructura de cemento del alcantarillado, el cual fue arrastrado por la severa tormenta del último viernes.

Pese a las dificultades climáticas y geográficas, las autoridades confirmaron que se intensificarán los operativos en las próximas horas para avanzar hacia el “punto cero”.

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Estados Unidos expresó ayer miércoles su preocupación por un reciente fallo judicial peruano que limita la capacidad del regulador estatal, Ositran, para supervisar el megapuerto de Chancay, situado al norte de Lima y operado por la empresa china Cosco Shipping Ports. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense afirmó en la red social X que “Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos”.

“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, añadió la oficina en su mensaje, en medio de tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió el mensaje en su cuenta de X y destacó que “no hay precio más alto que perder soberanía”.

“Este comunicado tiene una visión mucho más intervencionista de parte de la administración norteamericana que no solamente está ubicada con relación al Perú, sino en general en América Latina”, declaró al canal de televisión N el analista y académico Andrés Gómez de la Torre.

El caso enfrentó a Cosco Shipping Ports con el organismo peruano regulador y supervisor del transporte, que reclama ejercer el control de calidad a favor de los usuarios del megapuerto. La decisión en primera instancia dispuso que “Ositran no ejerza funciones de supervisión ni fiscalización” en el puerto de Chancay, privado pero de uso público.

Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) anunció que apelará el fallo del 29 de enero.

La empresa china negó ser una amenaza para la soberanía peruana. “Existe actualmente una discrepancia respecto de la autoridad que solucione problemas de usuarios, lo que no involucra en lo absoluto aspectos de soberanía”, señaló a la AFP una fuente de Cosco Shipping Ports.

Según la empresa, en el puerto operan autoridades aduaneras, ambientales, policiales, portuarias y marítimas peruanas. China invirtió 1.300 millones de dólares en la terminal marítima, que se convirtió en uno de los principales puertos de Sudamérica con Asia desde que la inauguró el presidente chino, Xi Jinping, a fines de 2024.

Fuente: AFP.