Médicos panameños en la primera línea de combate contra el COVID-19 denunciaron haber quedado fuera del plan de vacunación, mientras se ha privilegiado a otros funcionarios, aunque las autoridades niegan malos manejos.
En una carta emitida el jueves, la Asociación de Médicos Residentes e Internos de la Caja de Seguro Social, que tratan pacientes con COVID, consideró “una falta de respeto” que no se les haya incluido en el plan de vacunación que arrancó un día antes en el país centroamericano.
En tanto, la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas (ASPAMI) manifestó en un comunicado que ha visto “con gran preocupación” que la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 “ha estado llena de irregularidades”.
Según este gremio, que se haya vacunado a médicos que no han estado en la primera línea contra la pandemia es “frustrante” y desalentador.
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Pero la Caja del Seguro Social, una de las instituciones públicas encargadas de vacunar, informó en una nota que había hecho “una auditoría detallada y se ha constatado que cada una de las personas que han sido vacunadas tenía el mérito y el derecho a una vacuna según el protocolo establecido”.
Horas antes, esta institución había asegurado que de ser ciertas las denuncias, aquellos funcionarios públicos que hayan sido vacunados sin estar en contacto directo con pacientes que padecen COVID “serán destituidos de inmediato”.
Desde el miércoles, el gobierno panameño inició la campaña para administrar las primeras 12.840 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech contra el nuevo coronavirus.
Hasta este jueves, según el ministerio de Salud, 2.728 personas se han vacunado contra el COVID-19 en Panamá, que presenta el mayor número de contagios de Centroamérica, con más de 305.000 infectados acumulados y 4.944 defunciones.
Con 7.040 casos por cada 100.000 habitantes, el país tiene además la mayor tasa de contagios de América Latina y el Caribe.
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Según los planes gubernamentales, en la primera fase de vacunación serán inoculados los médicos y personal directamente relacionados con enfermos de COVID-19, así como los mayores de 60 años que se encuentren encamados o en residencias de ancianos.
La polémica generó que el abogado panameño Ernesto Cedeño presentara una denuncia ante la Procuraduría (Fiscalía), para que se abra una investigación y se sancione a los responsables por la presunta vulneración al código de ética de los servidores públicos.
“Aquí no puede existir tráfico de influencias para beneficiar a unos o beneficiarse a sí mismo”, señaló a la AFP Cedeño.
Además, el diputado independiente, Juan Diego Vázquez, presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley con sanciones de 5.000 dólares para quien incumpla el plan de vacunación, además de la pérdida de su licencia para ejercer.
Fuente: AFP.