Costa Rica empezó ayer domingo a reforzar sus controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes, después de que el ejército mexicano matara al poderoso capo de la droga Nemesio “El Mencho” Oseguera. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Costa Rica, que fue considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha visto incrementado sus índices de criminalidad por grupos relacionados con el narcotráfico, lo que llevó a la presidenta electa, Laura Fernández, a prometer mano dura para resolver la crisis de seguridad.

“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país para guarecerse”, dijo a periodistas el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora.

La medida, que contará con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se aplicará “tanto de los vuelos procedentes de México como de cualquier persona procedente de ese país en vuelos de conexión que lleguen a Costa Rica”, agregó Zamora.

Guatemala reforzó ayer domingo su frontera con México, después de que el ejército de ese país matara al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, en un operativo que provocó una ola de violencia en varios estados mexicanos. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco “incrementó las operaciones” de vigilancia y los patrullajes “en sectores estratégicos” de la frontera con México.

Además, “se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación” con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la “cooperación” bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para “mantener un ambiente de paz y seguridad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca”, indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen “en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.

Fuente: AFP.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora salió de prisión la noche del jueves pasado, después de que un juez le otorgó arresto domiciliario por las causas abiertas por la Fiscalía en 2022 y que han sido criticadas por la comunidad internacional. Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado tres años y medio preso acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organismos como Amnistía Internacional consideran un montaje para silenciarlo por sus señalamientos contra el anterior gobierno de derecha.

Arropado con una sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, Zamora salió a pie de la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en un cuartel militar en la periferia norte de la capital, para trasladarse en una camioneta a su vivienda, observó un periodista de la AFP. “He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado una situación de tortura, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, pero creo que ha valido la pena”, dijo Zamora más temprano a periodistas tras la audiencia en la que le concedieron el arresto domiciliario.

El juez Maximino Morales argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal, por lo que “se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna”. Sin embargo, tiene prohibido salir del país, determinó el juez tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital.

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran “corrupta” y “antidemocrática”. El diario cerró en 2023 en medio de dificultades económicas que se agravaron por la ausencia de su fundador.

Un hijo del comunicador y quien está exiliado en Estados Unidos, José Zamora, comentó en X que su padre lleva 1.295 días de una “detención arbitraria”, pero ahora podrá defenderse “en libertad”.

A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el fallo como “un paso importante hacia la justicia” y pidió a la Fiscalía “cesar el uso del derecho penal para silenciar a la prensa”, según publicó en X.

Reporteros Sin Fronteras “llama ahora a la liberación definitiva de este periodista emblemático”, comentó a la AFP Artur Romeu, director de la organización para América Latina.

Zamora fue declarado en 2024 “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, que considera que estaba encarcelado por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción.

Para esta organización, el comunicador guatemalteco es víctima de cargos “infundados” que “se enmarcan en un patrón de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Zamora ha reiterado que es un “preso político” y que con el tiempo que lleva en la cárcel ya cumplió una “condena anticipada”.

La semana pasada, el periodista acudió a otra audiencia en la que solicitó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia que le otorgue arresto domiciliario de forma permanente por otra causa abierta, cuyo fallo está pendiente.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 estuvo en arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía y volvió a la prisión de un cuartel militar capitalino donde ha estado desde su arresto. Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia, y en 2023 obtuvo el premio de la Independencia de Reporteros Sin Fronteras.

Fuente: AFP.

Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención dos semanas atrás en Mineápolis por parte de agentes federales migración dio la vuelta al mundo, regresó a su casa tras ser liberado el sábado, informó el domingo un legislador. “Liam ya está en casa, con su gorro y su mochila”, escribió en X Joaquín Castro, representante demócrata de Texas, junto a una fotografía del niño.

El 20 de enero, Liam y su padre fueron detenidos en las calles de Mineápolis en una redada efectuada por agentes del servicio de inmigración (ICE) destinada a detener y expulsar a indocumentados. Este cuerpo federal está bajo el foco de la polémica por la manga ancha con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, especialmente por la muerte de dos manifestantes a manos de dos agentes del ICE en enero en Mineápolis.

La foto del niño en el momento de su detención, en la que aparece asustado, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila que sostiene una silueta vestida de negro, conmovió al mundo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que el niño había sido detenido por el ICE después de que su padre, presuntamente un inmigrante ilegal, tratara de huir para evitar su arresto.

Padre e hijo estuvieron 12 días en un centro de detención para familias migrantes en Texas, a 1.800 kilómetros de distancia de esta ciudad del estado norteño de Minesota. Un juez federal ordenó el sábado la liberación de ambos. El magistrado afirmó en su auto que “este asunto tiene su origen en la implantación, mal concebida y mal ejecutada por el Gobierno, de cuotas diarias de expulsiones, aunque ello implique traumatizar a los niños”.

“También parece que el Gobierno ignora un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia”, escribió este juez de Texas nombrado por un presidente demócrata. Tras la decisión del magistrado, padre e hijo salieron en libertad el sábado y Joaquín Castro, según dijo él mismo, los llevó el domingo por la mañana a Minesota. “No nos detendremos hasta que todas las familias, todos los niños, estén de vuelta en sus hogares”, aseguró.

Ana, Carlos y su hijo Luis llevan encerrados en su casa de Mineápolis dos meses, desde que agentes federales comenzaran las redadas para detener a inmigrantes por orden de Donald Trump. Las cortinas de la casa de esta familia mexicana permanecen cerradas todo el día, y la puerta está reforzada con una barra de metal para evitar que la tiren abajo.

Llegaron a esta ciudad del norte de Estados Unidos hace más de una década, pero en las últimas semanas su sueño americano se ha convertido en pesadilla. Mineápolis se ha vuelto el epicentro del descontento de parte de la sociedad contra las políticas de Trump después de que dos agentes del ICE, el controvertido servicio federal de control de inmigración, mataran a tiros a dos manifestantes.

“Es inhumano vivir así, como prisionero en su propia casa”, declaró Ana a la AFP utilizando un seudónimo, al igual que su marido y su hijo. Esta madre de 47 años tiene cuatro hijos. Luis se queda encerrado con ella porque nació en México. Los otros tres son estadounidenses de nacimiento, pero ella se preocupa mucho cada vez que salen de casa.

“Siempre tengo el miedo de que, aunque son ciudadanos, sabemos que ya no están respetando y que solo por el color de su piel se los pueden llevar”, dijo con voz temblorosa. Los hijos saben que deben enviar un mensaje antes de volver a casa, o de lo contrario no se les abrirá la puerta cuando llamen.

A sus 15 años, Luis ansía poder ir y venir como lo hacen sus hermanos y hermanas, y sueña con ir al restaurante de comida rápida que hay al final de la calle “cuando las cosas mejoren (...) Ahora mismo está literalmente tan cerca, pero tan lejos”. Luis atiende a sus clases desde casa. Después se entretiene con videojuegos, a veces cinco horas al día. “Es lo único que me hace olvidar lo que está pasando”, murmura.

Su padre Carlos está furioso por la situación que atraviesan. Trabaja instalando encimeras de granito. La familia ha gastado en casi tres años 11.000 dólares en abogados para tramitar los visados. Los padres tienen permiso de trabajo, pero ese documento ya no los protege del arresto y deportación.

“Ellos te dan un papel para trabajar, pero no sirve para estar legalmente en este país. ¿Cómo puede ser?”, se pregunta Carlos.

“Nos sentimos como si Trump nos hubiera hecho un fraude a nosotros. No creo que nos merezcamos esto. Nosotros no hemos hecho nada malo, no somos convictos”, añade este hombre de 43 años.

Existe un temor generalizado entre los vecinos de Mineápolis a la violencia de los agentes migratorios.

Trump ha ordenado intensificar las redadas en bastiones demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago. Carlos explica que las cosas han cambio radicalmente entre el primer y el segundo mandato del republicano. De 2017 a 2021, no sentía la necesidad de encerrarse porque las operaciones estaban más focalizadas.

Dos hombres que Carlos conocía fueron deportados durante el primer mandato de Trump. “Uno estaba en el tráfico de drogas, el otro golpeaba a su mujer”, explica. Mientras la Operación Metro Surge continúa en Mineápolis, surgen preguntas sobre cuántas personas inocentes se ven afectadas por las redadas.

En Los Ángeles, durante un aumento de las redadas el verano pasado, las estadísticas mostraron que más de la mitad de los inmigrantes detenidos no tenían antecedentes penales. Normalmente, entre el trabajo de Carlos y los trabajos ocasionales que Ana realiza como cocinera o cajera, la pareja suele ganar 6.000 dólares al mes. Pero desde diciembre no han tenido ingresos.

Para pagar los 2.200 dólares del alquiler de enero, pidieron prestados 1.500 dólares a un amigo. No saben cómo se las arreglarán el mes que viene, pero rezan para que los agentes federales sean enviados a otra parte del país. La situación les genera angustia. “¿Y si nunca acaba?”, se pregunta Carlos. “El presidente tiene que estar tres años más, tres años es bastante tiempo”. Ana ya se hace a la idea de volver a México. “Lo único que me detiene aquí son los sueños de mis hijos”, confiesa.

Fuente: AFP.

Las autoridades de Guatemala incautaron 4,9 toneladas de cocaína en un puerto del Pacífico, el mayor decomiso de droga en los últimos 12 años en el país y considerado “histórico”, informó el gobierno guatemalteco. Durante el operativo fueron hallados 4.927 kilos de cocaína que estaban ocultos en siete contenedores cargados con sacos de harina, con un valor estimado de 85 millones de dólares en el mercado local, señaló el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

Es la incautación “más grande que se hace en una sola operación” de los últimos 12 años, según registros oficiales, agregó el ministerio. Se considera un decomiso “histórico” ya que superó los 4.389 kilos incautados en noviembre de 2024 y 4.378 confiscados en diciembre de 2018.

El cargamento fue hallado durante un operativo de las fuerzas antinarcóticos que inició el domingo pasado en el Puerto Quetzal, a unos 85 km al sur de Ciudad de Guatemala, añadió la cartera de Gobernación. La Policía indicó por aparte que los contenedores donde fue “descubierta” la droga llegaron al país “provenientes de Costa Rica” hacia el puerto guatemalteco, en el departamento de Escuintla.

Los paquetes de droga fueron trasladados vía aérea a una bodega de la policía en la capital tras la operación donde no se reportaron personas detenidas. Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga. En 2025, las autoridades guatemaltecas incautaron 9,8 toneladas de cocaína, una cifra inferior a las 18,2 decomisadas el año anterior, según datos oficiales.

Fuente: AFP.