El diputado Sebastián Remesowski se pronunció con respecto a las afirmaciones del intendente de Encarnación, Luis Yd, quien alega que existe una persecución política en su contra. El legislador fue contundente y enfatizó que el único interés que existe es que se aclaren los hechos relacionados al derrumbe del edificio que ocasionó el fallecimiento de una adolescente y su abuela. El hecho se había registrado en la noche del 2 de abril pasado en la ciudad de Encarnación.

“No veo que no haya otro intento de la Junta que no sea intentar expedirse y de igual manera, todos los actores políticos que tiene el departamento y que se ven afectados por la preocupación que genera una construcción que fue aprobada sin los criterios técnicos correspondientes, por eso ocurrió eso, pero de ninguna manera se puede decir que esto tiene un tinte político. Creo que es totalmente desordenada esa propuesta y hay una falta coraje para afrontar su rol”, expuso.

En contacto con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Remesowski indicó que sería una persecución si la Junta Municipal le diera la espalda, o si el gobierno central no le transfiriera los recursos que le corresponden para las inversiones, sin embargo, estos hechos no están sucediendo y lo que se hace es exigir esclarecimiento ante un hecho que tuvo un desenlace fatal.

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“Creo que la victimización y mediatización es para esquivar responsabilidades”, aseveró y a esto añadió, “ya abre un paraguas por si los informes que puedan salir del Ministerio Público, no le sean favorables entonces por eso quiere decir que es una persecución, ‘los que no están conmigo me persiguen’ y no importa si se derrumba un edificio y se muere una familia”, cuestionó.

El diputado manifestó que está en contra de que la muerte de estas dos personas sea utilizado políticamente, no obstante, manifestó que no se puede desconocer que existe una responsabilidad de parte de la municipalidad, institución que debía fiscalizar el edificio que colapsó.

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• Fuente: AFP

Más de 10.000 indígenas se concentran este lunes en una universidad pública de Bogotá, donde esperan la llegada de más comunidades originarias para apoyar las marchas del 1 de mayo convocadas por el gobierno en defensa de sus reformas de izquierda.

Al interior de algunos edificios y a lo largo del campus estudiantil, los indígenas se organizan en carpas y refugios improvisados con plásticos donde pasan la noche desde el fin de semana. Varios camiones llenos de personas hacían fila en la mañana para entrar a las instalaciones.

“Hasta el momento no ha habido afectaciones, ni violencias dentro de la universidad” Nacional, dijo el secretario de Gobierno de la alcaldía de Bogotá. Según el funcionario local, hasta ahora hay unos 11.000 indígenas en la mayor universidad pública del país, pero “van a llegar más”.

A poco más de un año de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro llamó a apoyar sus proyectos rechazados por el Congreso en el marco de las marchas del Día Internacional del Trabajo.

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El primer gobierno de izquierda en la historia del país llegó al poder en 2022 con una ambiciosa batería de iniciativas, pero solo ha podido hacer realidad una reforma pensional y una tributaria.

Impedido por ley para ser reelegido, el mandatario anunció una consulta popular con doce preguntas sobre la ampliación de derechos laborales y de salud.

Más de 157 vehículos con unos 5.500 indígenas han entrado a la capital desde el fin de semana y unos 180 autobuses adicionales vienen en camino, según la policía.

Algunos senadores opositores y profesores de la Universidad Nacional se han quejado de la ocupación del campus, aunque la institución ha negado cualquier afectación.

“Rechazamos la instrumentalización de la situación (...) así como la estigmatización de las comunidades indígenas”, indicó la universidad en un comunicado.

Los indígenas han apoyado a Petro desde su campaña por la presidencia. La ministra de Ambiente, la embajadora ante la ONU y otros funcionarios de su gobierno son de comunidades originarias, que representan el 4,4% de los 50 millones de habitantes en Colombia.

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“Si él no firmaba, la obra no se hacía” refirió Rolando Aquino, abogado de Karen Alfonso, madre de Montserrat Brítez, la adolescente de 15 años que perdiera la vida en el derrumbe de un edificio en Encarnación el pasado 2 de abril y apuntó al intendente Luis Yd como uno de los principales responsables del suceso que arrebató la vida a la joven y a su abuela, Hermelinda Báez de 55 años.

“Él tenía conocimiento de todo y es el último eslabón, si él no decidía no se hacía” sostuvo el profesional al remarcar que la firma del intendente de Encarnación “está estampada” en la aprobación de construcción de más niveles de un edificio que no reunía los requisitos para soportar más pisos en altura.

Aquino manifestó conformidad hasta el momento con los avances de la investigación fiscal caratulada como “actividades peligrosas en la construcción” y mencionó que esperan una imputación “dentro de poco”.

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La fuente señaló irregularidades administrativas y omisiones que considera gravísimas y que fueron las causantes del derrumbe del edificio, propiedad de Ramona Bogado.

La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.

“Hay algo más grave, después, ellos detectaron el octavo piso que no se solicitó el permiso. El octavo piso se concluyó sin permiso, entonces un funcionario detectó eso, saca fotografía y comunica. La municipalidad le llama al constructor, le impone una multa y ahí en vez de hacer uso de sus atribuciones de una suspensión, le autoriza otra vez, legaliza porque ya no es autorización porque ya se construyó sin autorización y sin permiso”, explicó Aquino.

“En relación con el octavo piso, para mí, nadie me quita de la cabeza que ahí si se dio la gravísima omisión de actuar totalmente lo contrario. En vez de decir no, paren un poco, vamos a ver acá se suspende la obra tener un informe seguro porque acá ya no se trata de recaudar por las multas ni nada de eso, sino de atender un interés superior que es la seguridad y la protección de la vida humana, pero convalidaron y quedo así y el resultado está a la vista”, aseveró.

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“¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas?”: con una consulta popular, el presidente colombiano Gustavo Petro quiere someter a aprobación de los ciudadanos sus reformas de izquierda que rechaza el Congreso.

El mandatario presentó ayer martes las 12 preguntas que desea llevar al proceso electoral, tachadas de obvias y populistas por la oposición. ¿En qué consiste la consulta?

Petro busca el apoyo de los colombianos para reformar los sistemas de salud y trabajo, luego de que sus proyectos se hundieran en el Legislativo. La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría.

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Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular. El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos 13,6 millones de personas deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.

De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos. “La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en la red X. Los congresistas han rechazado la mayoría de sus proyectos.

Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?”, dice otra de las preguntas anunciadas por los ministros del Interior y Trabajo.

En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales. Una de ellas, por ejemplo, plantea que las trabajadoras obtengan licencias por “periodos menstruales incapacitantes”.

La derecha sostiene que el mandatario colombiano en realidad está intentando ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.

Es una jugada “para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos”, opinó en la red X el senador Miguel Uribe, del partido opositor Centro Democrático. “No nos digamos mentiras: esto no es participación, es campaña electoral disfrazada”, aseguró Juan Manuel Galán, jefe del partido Nuevo Liberalismo.

Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.

El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de las FARC depuso las armas. Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará sus cartas en la consulta.

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El mandatario ha convocado en distintas ocasiones a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra de lo que llama un bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1 de mayo en defensa de la consulta popular, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las preguntas son “necesarias”. “Si no se aprueban lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, dijo a medios.

Fuente: AFP