El gobierno de Colombia anunció este miércoles pasado un acuerdo para la adquisición de 9 millones de vacunas contra el nuevo coronavirus como parte de un proceso de inmunización de la población que iniciará en febrero de 2021.
“Hoy se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Janssen, filial belga de Johnson & Johnson, para la adquisición de nueve millones de vacunas”, dijo el presidente Iván Duque en su programa de televisión.
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El acuerdo con Janssen, cuya vacuna aún no ha sido aprobada, se suma a los alcanzados a mediados de diciembre con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, que suministrarán al país 10 millones de vacunas cada una. “Este acuerdo (...) nos permite llegar a 29 millones de colombianos”, celebró el mandatario.
Colombia también es parte de la iniciativa Covax, desarrollada por la OMS para permitir que 92 países de bajos y medianos ingresos accedan a las vacunas, que aportará otros 20 millones de vacunas para este país de 50 millones de habitantes.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, detalló que el gobierno espera a que la vacuna de Janssen sea aprobada por la agencia de medicamentos estadounidense (FDA) “en enero o la primera semana de febrero”, para luego importarla a Colombia.
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La vacuna de Johnson & Johnson se encuentra en estos momentos en la etapa final de los ensayos clínicos, con unos 60.000 participantes en Estados Unidos y otros países, entre ellos Colombia. Esta vacuna tiene la particularidad de requerir de una sola aplicación, a diferencia de la mayoría de sus competidoras, que requieren dos.
Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Arabia Saudita, Israel y la mayoría de la Unión Europea ya iniciaron campañas de vacunación. El anuncio llega en un momento en que los contagios y muertes diarios crecen por el virus crecen en Colombia.
Desde el 1 de septiembre, este país sudamericano relajó el confinamiento para apostar por una estrategia basada en el autocuidado, así como el uso generalizado del tapabocas y la prohibición de eventos masivos. De momento, el nuevo coronavirus ha dejado casi 43.000 muertes y más de 1,6 millones de contagios en la cuarta economía latinoamericana.
Fuente: AFP.
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Operativos militares en Colombia, México y Ecuador intensifican la lucha contra el narcotráfico
Al menos seis muertos y un detenido deja un bombardeo contra el Clan del Golfo, considerado el principal grupo que trafica cocaína desde Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella el miércoles.
Este es el sexto ataque aéreo dispuesto por su gobierno —que asumió el poder en agosto— contra las organizaciones armadas que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.
La operación tuvo lugar en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país y ruta del tráfico de cocaína. Colombia es el mayor productor de esa droga que se consume en Estados Unidos y Europa, principalmente.
“Llevamos seis abatidos y un capturado”, dijo a la prensa el presidente colombiano.
De la Espriella advirtió que la cifra de muertos puede aumentar.
Su gobierno libra un combate frontal contra los grupos armados que operan en Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.
Washington anunció el envío de 300 soldados estadounidenses a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico.
La reanudación de operaciones aéreas contra bases del narcotráfico y de la guerrilla ha generado controversia en Colombia.
El miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo que restringía los bombardeos y exigía “precaución reforzada” cuando existiera información de la presencia de menores reclutados, una práctica común entre los grupos armados.
Narco abatido en México
Fuerzas armadas mexicanas abatieron en Sinaloa a un supuesto miembro de un cártel del narcotráfico por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares, informó el miércoles el secretario de Seguridad.
Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como operador del Cártel de Guasave, una ciudad del norte del estado de Sinaloa, que es sacudido desde 2024 por la guerra intestina de la principal mafia de dicha entidad.
“El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares” por este hombre acusado de fabricar, distribuir e importar cocaína y heroína, dijo el secretario Omar García Harfuch en sus redes sociales.
González Peñuelas y otro presunto delincuente murieron tras enfrentarse con personal de la Marina armada mexicana que realizaba un operativo y fue agredido por los criminales.
Tras la refriega, los marinos aseguraron cuatro automóviles, tres armas largas, cargadores y municiones, detalló el secretario.
La caída de Peñuelas ocurre un día después de que García Harfuch anunció que esta semana la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad realizarán visitas coordinadas de supervisión en Sinaloa.
El objetivo es vigilar los despliegues y la operatividad de las fuerzas, dialogar con las policías locales e inspeccionar el terreno donde se construirá una nueva cárcel, informó el funcionario.
El Cártel de Sinaloa vive una guerra intestina entre las facciones de sus líderes históricos y exsocios Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos. Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas, que dejan más de 2.000 muertos desde 2024.
Base militar de Ecuador
Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.
Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.
La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.
Esta expansión ocurre a menos de un año del referendo que votaron los ecuatorianos en contra de las bases militares extranjeras y ha suscitado dudas sobre su legalidad incluso entre las más altas esferas de las Fuerzas Armadas.
En una carta fechada a inicios de septiembre a la que tuvo acceso la AFP, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, solicitó a las Fuerzas Armadas aclaraciones sobre el marco legal para albergar militares extranjeros sin infringir la Constitución. El general fue removido y asignado a otro puesto de menor rango.
Los registros de vuelo analizados por la AFP muestran aterrizajes y despegues repetidos de aeronaves militares estadounidenses en Taura, como aviones C-130 Hércules y C-17 Globemaster, aviones híbridos V-22 Osprey y helicópteros Black Hawk.
Varios vuelos conectaban Taura con instalaciones de Estados Unidos, como la base aérea de los Marines de Cherry Point, en Carolina del Norte, y Dover, en Delaware, con escalas en Puerto Rico y Panamá.
Imágenes aéreas muestran obras para quitar decenas de metros de vegetación alrededor de la pista principal y las vías de circulación.
La AFP también observó la instalación progresiva de decenas de tiendas de campaña y la presencia de potentes aeronaves.
Una estructura más grande, de aproximadamente 40 metros por 20 metros, se asemeja a un hangar desmontable de mantenimiento de aeronaves.
En los exteriores de la base, custodiada por tres militares, ingresan y salen camiones de construcción.
Se trata de la única base aérea de Ecuador exclusivamente de uso militar. La pista tiene más de 3.000 metros y es más larga que la del aeropuerto de Guayaquil.
El presidente Daniel Noboa anunció en septiembre que estaba trabajando con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para que “cualquier tipo de cooperación entre dos países se lleve a cabo en Taura”, donde planea “mejorar las pistas de aterrizaje, para llevar a cabo operaciones conjuntas”.
“Creo que es mucho más apropiado trasladarlo todo a Taura”, donde la base no comparte operaciones con un aeropuerto civil, pero está ubicada en la región con “la mayor tasa de crimen y homicidios”, añadió durante una entrevista televisada en inglés.
Ofensiva aérea
Estados Unidos contó por una década, hasta 2009, con una base en el puerto pesquero ecuatoriano de Manta que fue su punta de lanza en la lucha antidrogas. La izquierda entonces en el poder terminó con el convenio.
Centenares de militares estadounidenses operaron desde ese punto y organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos por parte de los militares.
Hoy la cooperación entre Quito y Washington se consolida de manera hermética, con apenas algunos anuncios sobre el arribo de aeronaves.
Donald Trump, en riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, ha fortalecido el apoyo militar contra los cárteles en toda América Latina y el Caribe.
El ministro de Defensa de Ecuador anunció en agosto que Estados Unidos desplegaría tres helicópteros Black Hawk como parte de la cooperación bilateral.
Al mes siguiente, Noboa afirmó que Ecuador pondría en funcionamiento dos drones MQ-9 Reaper, utilizados por Estados Unidos para misiones de vigilancia y ataque en conflictos en Oriente Medio y África.
El coronel retirado de la Fuerza Aérea, Roberto Marchán, dijo a la AFP que las aeronaves y las instalaciones son indicio de una presencia operativa a largo plazo.
Las aeronaves de transporte identificadas permitirían el desplazamiento rápido de tropas y equipamiento por toda la región andina, señaló, mientras que algunas de las estructuras recién instaladas parecen adecuadas para mantenimiento de aeronaves y apoyo logístico.
“Hay cierto malestar entre la tropa, pero se lo guardan por respeto a la institución y por temor a perder ascensos” en la carrera militar, agregó.
“Nadie viene por aquí”
Consultado al respecto, el Pentágono indicó que había que ponerse en contacto con el Comando Sur de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana tampoco respondió por el momento a la AFP.
A pocos kilómetros de la base de Taura está el poblado del mismo nombre, con más de 9.400 habitantes y estrechas calles de tierra.
Sin acceso a agua potable, sus pobladores trabajan en el campo o en exportadoras de camarón.
“Nadie viene por aquí, creen que es peligroso porque a veces encuentran cuerpos botados”, dice Fidela Martínez, una lideresa que vive junto a una camaronera.
El año pasado, entre los matorrales del pueblo hallaron los cuerpos de cuatro niños torturados, asesinados y calcinados por militares en un caso que estremeció al país.
Otros han notado efectos más inmediatos derivados de la ampliación de la base.
Alma Goya, de 40 años, tiene un local de comida. Lamenta que el centro médico situado dentro de la base militar ya no esté abierto al público: “nos dijeron que era por el estado de excepción”.
La creciente presencia militar es bien vista por algunos pobladores.
“Vi un avión grande que iba aterrizando”, dijo Tito Henríquez, de 68 años.
El dueño de un pequeño restaurante considera “maravilloso” la idea de que militares extranjeros lleguen al país con la peor tasa de homicidios de Sudamérica, con 51 por cada 100.000 habitantes el año pasado.
Fuente: AFP.
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EE. UU. recibe extraditado a líder de las FARC mientras Colombia bombardea al ELN
Estados Unidos anunció este viernes la llegada de un líder de las FARC disidentes, Willinton Henao Gutiérrez, conocido como “El Mocho Olmedo”, de 45 años, extraditado desde Colombia. Líder del Frente 33 de la guerrilla disidente, “El Mocho Olmedo” es acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, junto a otros tres presuntos involucrados, explicó el Departamento de Justicia.
“Desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022, Willinton Henao Gutiérrez (...) y sus co-conspiradores participaron en una operación internacional de tráfico de drogas que involucraba cinco kilogramos o más de cocaína. Supuestamente, la conspiración operaba en Colombia y en el sur de Florida”, explicó el texto.
El acusado llegó el jueves al aeropuerto de Miami bajo custodia policial.
El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos ha identificado al Frente 33 como una unidad de las FARC-EP (disidentes), dirigida por Javier Alonso Veloza, alias “Jhon Mechas”.
Nueve muertos deja bombardeo
Un bombardeo militar contra un campamento guerrillero en el suroeste de Colombia dejó nueve muertos, informó este jueves el presidente Abelardo de la Espriella.
El operativo contra rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo lugar en una zona rural del departamento de Cauca, corredor del narcotráfico con fuerte presencia de grupos armados.
“Hicimos un bombardeo anoche en el Cauca y dimos de baja a nueve bandidos”, anunció sonriente el presidente tras recibir el balance durante un evento en la ciudad de Pereira.
Horas antes, compartió en X un video dando la orden del ataque al ministro de Defensa a través de un radioteléfono.
Con el apoyo de Estados Unidos, el líder derechista promueve una política de mano dura contra los grupos rebeldes que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016, que desarmó a la entonces poderosa guerrilla de las FARC.
Los ataques aéreos dejan más de 50 muertos, al menos siete de ellos menores, desde su llegada al poder el 7 de agosto.
Este es el segundo bombardeo de su gobierno contra el ELN, la guerrilla de origen guevarista que ataca frecuentemente a la fuerza pública, políticos y civiles en sus zonas de control.
Se financia del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
El Cauca es una de las regiones con más narcocultivos del país, cuyas rentas se disputan a muerte los grupos ilegales.
El ELN, la guerrilla más longeva del continente, con más de seis décadas de actividad, sostuvo negociaciones de paz con el pasado gobierno izquierdista de Gustavo Petro sin alcanzar ningún acuerdo.
Fuente: AFP.
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EE. UU. retira visas a decenas de altos cargos de Colombia y Bolivia
Estados Unidos anunció este jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.
Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.
“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.
Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esfuerzos esos conjuntos, recordó.
Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente de derecha Abelardo de la Espriella, que venció a Petro en las últimas elecciones.
Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.
También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a poseerse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.
En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.
Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, coordinador fiscal de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.
- Fuente: AFP
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El Congreso colombiano aprueba el presupuesto de 2027 con un elevado déficit fiscal
El Congreso de Colombia aprobó el martes el presupuesto para 2027, en un claro respaldo al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella pero proyecta un déficit fiscal que estará entre los más altos de la región. Después de casi 20 horas de discusión, en la madrugada ambas cámaras dieron luz verde a un presupuesto equivalente a unos 201.000 millones de dólares presentado por el gobierno, que prometió recortes en el tamaño del Estado y austeridad.
La aprobación supone la primera victoria legislativa de De la Espriella desde que asumió el poder el 7 de agosto. Pero la oposición critica su impacto en el empleo, los sectores más pobres y el pacto de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC. Además proyecta un déficit fiscal para el próximo año de 9,4 % del PIB, similar al de Brasil, el más alto de Latinoamérica.
“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. (...) Mi reconocimiento especial por su patriotismo”, escribió De la Espriella en X. El monto contempla recortes para varias entidades, entre ellas el tribunal surgido del acuerdo de paz y encargado de juzgar los peores crímenes del conflicto armado, que verá reducida su financiación en unos 57,5 millones de dólares contra unos 235 millones de presupuesto anterior (-24 %).
“Va a condenar a los jóvenes a la pobreza, porque no le va a permitir a la gente en los territorios vivir en dignidad (...) Con el presupuesto presentado están recortando derechos consagrados en la Constitución”, dijo Oscar Benavides, representante opositor. El Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro, convocó a movilizaciones el próximo 24 de noviembre en contra del presupuesto.
Del total de los recursos aprobados unos 124.500 millones de dólares se destinarán a gastos de funcionamiento. “Tenemos que aceptar un recorte en la inversión y necesitamos un entorno de austeridad”, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante el debate.
El gobierno no ha detallado qué gastos planea reducir, aunque se comprometió a presentar en los próximos tres meses una iniciativa legislativa para disminuir el gasto público en 2,2 % del PIB. También se aprobaron unos 1.236 millones de dólares para la atención y prevención de desastres, aunque la oposición recordó que la reconstrucción tras el terremoto de agosto se estima en unos 9.500 millones de dólares.
Proyecto antiterrorista
La Corte Suprema de Justicia de Colombia cuestionó un proyecto de ley del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella con el que pretende agilizar la identificación de grupos terroristas al considerar que algunos puntos son inconstitucionales, según el acta de una reunión a la que la AFP tuvo acceso el martes.
El llamado “estatuto antiterrorista” es una de las principales medidas de seguridad del mandatario, que asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de “mano dura” contra los grupos criminales con apoyo de Estados Unidos. El proyecto contempla que el gobierno tenga la facultad para clasificar como “terroristas” o “colaboradores del terrorismo” a grupos armados, narcotraficantes y otras organizaciones ilegales sin condenas o investigaciones judiciales previas.
Para el presidente de la Corte, Carlos Roberto Solórzano, la inclusión de una persona u organización en ese registro no puede convertirse, por sí sola, en una prueba de culpabilidad para justificar sanciones penales o patrimoniales. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló a la AFP que, bajo el discurso de la lucha antiterrorista, la iniciativa oculta intereses políticos.
“Es un caballo de Troya, que se muestra como una lucha contra el terrorismo pero que por dentro está plagado de causas políticas”, expresó. El acta al que tuvo acceso la AFP corresponde a una reunión interna del Consejo Superior de Política Criminal en la que se discutió el proyecto de ley. La Corte consideró que el texto vulnera derechos como la presunción de inocencia y la propiedad privada, ya que contempla el decomiso de bienes y la congelación de activos de los considerados por el gobierno como terroristas o colaboradores del terrorismo.
Aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, De la Espriella inspira su estrategia en políticas de lucha contra el terrorismo impulsadas por Washington. El nuevo estatuto debe ser discutido y aprobado por el Congreso, donde De la Espriella cuenta con mayorías. Washington ha designado como terroristas a organizaciones ilegales de México, Colombia y Ecuador.
Fuente: AFP.