La presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el sábado “la máxima moderación” ante los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y añadió que garantizar la seguridad nuclear era “crucial”.

“Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, señaló la presidenta de la Comisión Europea.

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“Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional”, añadió en una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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Fuente: AFP.

Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.

"Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos“, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino. El conglomerado CK Hutchison rechazó el martes en Hong Kong la acción de las autoridades panameñas. “CKHH considera (...) que la toma de control de las terminales es ilegal. Las acciones del Estado panameño también generan riesgos graves para las operaciones, así como para la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal”, señaló el grupo en un comunicado.

A su vez, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó el martes su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos. La toma, que según las autoridades transcurre sin incidentes, se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.

El “decreto de ocupación” dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación. APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- administrará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares, mientras Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal en un acuerdo por casi 16 millones de dólares, informó el gobierno.

En un comunicado, APM informó que ya inició las primeras operaciones en Balboa con la instalación de un nuevo sistema operativo. “Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva” señaló Marliz Bermudez, jefa de APM Terminals Panamá.

Hutchison, que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), había anticipado acciones legales si entraban en los puertos sin su permiso. China además amenazó a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión. “Es muy bueno para el pueblo de Panamá (...) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa 5 % del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía, que décadas después transfirió a Panamá.

Aunque Mulino ha rechazado el supuesto control chino, este lunes denunció que PPC había convertido los puertos en “territorio autónomo” por no dar a las autoridades información sensible sobre sus operaciones.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

“Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro”, manifestó a la AFP un operario de Balboa. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38 % de ellos por los que operaba Hutchison.

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, con el que se buscará llegar a un acuerdo económico. “Se reconoce que los equipos son de la empresa”, sostuvo.

Alemán Zubieta estimó que el proceso de impugnación ante la ICC en París durará “muchísimos años”. La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado. El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba en Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.

Fuente: AFP.

La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), presentó observaciones técnicas ante la Comisión Europea durante la consulta pública sobre el Borrador de Reglamento Delegado que modifica el Reglamento (UE) 2019/807.

El gremio señaló que teniendo en cuenta que el borrador propone clasificar a la soja como una materia prima de alto riesgo de ILUC (cambio indirecto del uso de la tierra) dicho estudio presenta limitaciones metodológicas relevantes.

En ese sentido, se objetó la generalización geográfica del análisis, ya que se focaliza exclusivamente en la región del Chaco, cuando el 99 % de la producción de soja del Paraguay se concentra en la Región Oriental. “Esta omisión distorsiona la evaluación del riesgo real asociado al cultivo”, indicaron.

Las observaciones fueron elevadas el 18 de febrero por la Comisión de Sustentabilidad de Cappro y “se basan en inconsistencias identificadas en el estudio elaborado por la consultora Guidehouse, utilizado por la Comisión Europea como sustento técnico para dicha clasificación”.

Así también, se cuestionó la proporcionalidad establecida entre la expansión de la soja y la pérdida de bosques, señalando que los datos utilizados no reflejan adecuadamente la realidad productiva de nuestro país.

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“También se objetó la clasificación de la soja como monocultivo, cuando en la práctica predominan esquemas de rotación y diversificación de cultivos, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso de la tierra”, detalló la Cappro.

Igualmente explicaron que al no incorporar información de la Región Oriental el estudio omite la existencia y plena vigencia de la Ley de Prohibición de Deforestación (N° 6676/2020), así como otros marcos normativos ambientales que regulan la producción agrícola.

“Ante estas inconsistencias, Cappro instó respetuosamente a la Comisión Europea a revisar y reevaluar la clasificación propuesta, incorporando información representativa y datos oficiales del país, con el objetivo de asegurar una evaluación consistente y ajustada a la realidad productiva y ambiental del país”, finalizaron.

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El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para “la estabilidad de la nación”, aunque expertos advierten que excluye a muchos tras las rejas.

Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.

Expertos dudan del alcance de esta ley promovida por Delcy Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el parlamento por consenso: cientos de detenidos como policías y militares implicados en actividades catalogadas como “terroristas” pueden quedar fuera.

La ley “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, en un comunicado.

La aprobación de la amnistía “ha sido un acto de grandeza”, había indicado horas antes Delcy Rodríguez.

“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, sostuvo Rodríguez tras la aprobación de la ley", dijo la presidenta interina, que asumió el poder tras la captura de Maduro.

Pero Narwin Gil, familiar de un preso en los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, no esconde su impaciencia. “Necesitamos hechos, no palabras”, pide cansada.

Familiares se han apostado a las afueras de las prisiones venezolanas desde el 8 de enero, cuando el gobierno interino anunció un proceso de excarcelaciones que avanza a cuentagotas.

“Con nuestra gente, con el pueblo de Maracaibo en la Basílica”, escribió este viernes en X el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, junto con un video que muestra cómo decenas de sus seguidores lo reciben con aplausos en las calles de la segunda ciudad del país.

Guanipa es un cercano aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y, tras pocas horas excarcelado, fue otra vez capturado el 8 de febrero, acusado de violar las condiciones de su libertad condicional.

Desde entonces, estaba en arresto domiciliario pero este viernes quedó en “libertad plena” tras la promulgación de la ley.

No habrá “reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, apuntó por su parte el dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid.

Para que “sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación”, indicó en X González Urrutia, quien reivindica la victoria en las presidenciales de 2024.

El proyecto pasó por una consulta pública que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional.

“El balance de la ley es negativo” porque deja a muchos por fuera, dijo a la AFP Ali Daniels, director de la oenegé Acceso a la Justicia. Denunció “graves deficiencias estructurales” en la norma.

La amnistía es parte de la agenda de Rodríguez, así como una mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

España anunció el viernes que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Rodríguez en respuesta a los pasos dados.

El bloque “tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. Su aprobación es “una muy buena noticia”, destacó.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington, que ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

El miércoles, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se reunió en Caracas con Rodríguez, Padrino y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos antimperialistas.

• Fuente: AFP

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