La federación que representa al servicio público de salud británico (NHS) pidió el miércoles al primer ministro Boris Johnson que prolongue el periodo de transición posbrexit, en plena crisis por la aparición de una nueva cepa del coronavirus en el país.
Los servicios de salud podrían escapar a la “zona de peligro inmediata”, causada por la alta transmisibilidad de la cepa, si se pudiera retrasar un mes el periodo transitorio, que acaba el 31 de diciembre, según la carta enviada por la NHS Confederation a Johnson.
De extenderse ese periodo, durante el cual las reglas europeas continúan aplicándose en el país, “el NHS podrá continuar concentrándose en la lucha contra la pandemia sin tener que enfrentarse a los cambios perturbadores engendrados por una ausencia de acuerdo”, destacó la NHS Confederation, una de las organizaciones que representa el servicio de salud.
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“El 1 de enero, el NHS deberá enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su historia, durante un periodo que es tradicionalmente el más cargado del año”, añadió el texto.
Cerca de 19.000 personas con COVID-19 están hospitalizadas en la actualidad en el Reino Unido, lo que significa un nivel cercano al de la primera oleada de la primavera pasada.
A menos de diez días del fin del periodo de transición y la salida del Reino Unido del mercado único europeo, Londres y Bruselas siguen atascados en una agónica negociación sobre el futuro de su relación comercial.
Oficialmente, si no hay acuerdo el 31 de diciembre, ambas partes dejarán ipso facto de regirse por reglas pactadas bilateralmente, y deberán someterse a las que dicta la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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El Reino Unido, que empezó a principios de diciembre un programa de vacunación masiva, ha sufrido más de 68.000 muertos por COVID-19, uno de los saldos más terribles de Europa.
Fuente: AFP.
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Copan Madrid: cientos de personas acampan en la capital española contra la crisis de la vivienda
Cientos de personas ocupan la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reclamar protección para los inquilinos tras el desahucio de una octogenaria, y el presidente del Gobierno aseguró este domingo que trabaja “a contrarreloj” para poner remedio a la crisis de la vivienda en España.
El miércoles, las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.
“Todos somos Maricarmen”, “Ni una Maricarmen más” se veía en las carpas que ocupan gran parte de la enorme plaza, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.
La mayoría de los manifestantes pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.
“Vamos a darle a esto [al campamento] una vida para seguir identificando los contratos indefinidos y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para que pase a ser un bien de primera necesidad”, dijo este domingo uno de los organizadores con un megáfono a los acampados.
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En 2011, la Puerta del Sol ya fue ocupada durante tres semanas por el movimiento de los Indignados, jóvenes frustrados por las malas perspectivas económicas y la corrupción durante los años de recesión posteriores a la crisis financiera de 2008.
“No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno”, afirmó en X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que llamó a la población a sumarse al campamento instalado en la Puerta del Sol después de la manifestación del sábado.
“Vamos a estar el tiempo que haga falta”, aseguró.
Contrarreloj
Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, había pedido a los españoles a sumarse a la lucha en un mensaje de vídeo publicado en internet unas horas antes de la manifestación.
“Que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, declaró Abascal desde el hospital donde recibe tratamiento por agotamiento desde su desahucio.
“Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional”, le respondió este domingo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.
Costo de alquileres se duplicó en una década
La octogenaria se vio obligada a abandonar el apartamento en el que vivía desde hacía 70 años después de que una inmobiliaria comprara el edificio y aumentara el alquiler un 275 %, hasta los 2.650 euros, según el sindicato.
En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en España se ha duplicado, hasta alcanzar los 15,1 euros/m² (17,2 dólares) en agosto, según el portal inmobiliario Idealista.
En la compra, se sitúa ahora en 2.355 euros (2.682 dólares), un aumento de más del 50 % en el mismo periodo, según datos oficiales.
En el próximo Consejo de Ministros, el Gobierno debería aprobar un paquete de medidas conocido como “decreto Maricarmen”, que prevé la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.
Sin embargo, no está claro que estas medidas sean aprobadas por el Parlamento, donde el Gobierno de Sánchez no dispone de mayoría.
Fuente: AFP
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Reino Unido afirma que las Malvinas tienen “derecho” a explorar petróleo
El gobierno británico afirmó el viernes que las Islas Malvinas tienen el “derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.
Gran Bretaña y Argentina libraron una guerra de 10 semanas en 1982 por estas islas del Atlántico Sur.
El presidente argentino Javier Milei avivó sus reivindicaciones sobre las islas, apuntando en particular contra un proyecto petrolero británico-israelí cerca del archipiélago.
Milei respaldó un proyecto de ley que prohibiría el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires, elevando la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.
Su gobierno también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
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“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró la Cancillería británica en un comunicado.
“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto. Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración válidas respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas. Los habitantes de las Malvinas votaron abrumadoramente en 2013 a favor de permanecer bajo soberanía británica.
Pero Argentina rechaza ese resultado y sostiene que el principio de autodeterminación no se aplica a una población que considera que fue implantada por Gran Bretaña después de 1833.
- Fuente: AFP
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Justicia argentina ordena detener proyecto petrolero británico en las Malvinas
La justicia argentina ordenó el miércoles frenar el avance del proyecto petrolero británico-israelí al norte de las Malvinas, un archipiélago en el Atlántico controlado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina. Un tribunal federal de la localidad de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego, concedió una medida cautelar pedida por dos organizaciones argentinas ante el riesgo de daño ambiental del proyecto.
El fallo al que tuvo acceso la AFP se refiere al proyecto petrolero Sea Lion de la británica Rockhopper y la israelí Navitas. La medida judicial se inscribe en la disputa entre ambos países por las islas, por las que libraron una guerra en 1982 que terminó con la rendición de la dictadura argentina y dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.
El fallo judicial del miércoles ordena que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos. “La abstención ordenada se mantendrá hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, sostiene.
El Reino Unido desconoce la validez de la justicia argentina respecto al archipiélago. Londres otorgó licencias de pesca y de exploración hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion, cuya fase extractiva espera comenzar en 2028, según anunciaron las compañías en diciembre.
La demanda fue impulsada por una asociación de abogados ambientalistas junto a excombatientes de la guerra de Malvinas.
El presidente argentino, Javier Milei, revitalizó en las últimas semanas el reclamo de soberanía que Buenos Aires mantiene por vía diplomática desde el fin de la guerra.
Ese renovado impulso fue alentado por declaraciones de su aliado, el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la neutralidad de Washington en el diferendo.
Recientemente ordenó la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego que había sido anunciada en 2022, sin grandes avances.
También anunció que enviará un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que impulsen proyectos hidrocarburíferos en Malvinas en forma unilateral. Una resolución de 1965 de Naciones Unidas reconoce la disputa de soberanía entre ambos países y los insta a negociar, como así también a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.
Fuente: AFP.
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Escocia, Gales e Irlanda del Norte defienden autodeterminación y retorno a UE
Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, reunidos en Cardiff este lunes, afirmaron en una declaración conjunta su “derecho a la autodeterminación”, y subrayaron que el futuro de esos territorios está “en la Unión Europea”. Tanto Escocia como Gales e Irlanda del Norte están gobernados actualmente por líderes independentistas. Una situación inédita desde que se pusieron en marcha instituciones autónomas en esos territorios del Reino Unido, en 1999.
El primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, jefe del partido Plaid Cymru, recibió a John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP), Michelle O’Neill, la primera ministra norirlandesa y vicepresidenta del Sinn Féin, y también a Mary Lou McDonald, presidenta de esa formación. Los líderes se reunieron como dirigentes de sus partidos, y no como representantes de sus respectivos gobiernos.
“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, escribieron los dirigentes. “Ningún gobierno de Westminster [británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia”. “Instamos al gobierno británico a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales”, agregaron. Asimismo, destacaron que “el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, y consideraron que el brexit había “perjudicado” a sus territorios.
Los sucesivos gobiernos británicos siempre se han opuesto a la organización de referendos sobre la independencia desde el que se celebró en 2014 en Escocia, en el que el 55% de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia. La semana pasada, Downing Street cerró la puerta a cualquier esperanza de que esa postura se suavice. “El primer ministro Andy Burnham cree firmemente en la unión del Reino Unido”, reaccionó el lunes su portavoz.
El poder central “ya no funciona”
La reunión tuvo lugar después de que Donald Trump causara sorpresa el pasado fin de semana al considerar que sería “fantástico” que la República de Irlanda e Irlanda del Norte se unificaran. “Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora”, dijo a la prensa durante su visita a Irlanda. El Sinn Féin aboga por que se organice un referéndum antes de 2030.
Según Michelle O’Neill, las declaraciones de Donald Trump demuestran que “el debate sobre la reunificación está muy vivo y que la gente se interesa por él, ahora también (...) a escala internacional”. Pero los comentarios del presidente estadounidense fueron recibidos con cautela por algunos habitantes de Belfast, en Irlanda del Norte. “Pidió la unidad de Irlanda. Mañana dirá otra cosa”, comentó Jim Boyle, un hombre de 64 años que trabaja en el sector medioambiental.
Londres se atiene a los acuerdos de paz del Viernes Santo, firmados en 1998 para poner fin a los enfrentamientos en Irlanda del Norte. Según ese pacto, se puede organizar un referéndum siempre y cuando una mayoría de los habitantes de esa provincia británica sea proclive a votar a favor de la unificación.
Objetivo lejano
Durante una rueda de prensa, los dirigentes reunidos en Cardiff subrayaron que sus respectivas naciones avanzarán a su propio ritmo hacia la autodeterminación. El escocés John Swinney consideró que un referéndum sobre la independencia de Escocia debería celebrarse en los próximos cinco años. En Gales, Rhun ap Iorwerth, que al ser elegido en mayo había presentado la independencia como un objetivo lejano, no fijó una fecha para una eventual consulta.
“Prefiero dejar la cuestión del calendario en manos del pueblo galés”, declaró. No obstante, aseguró que resulta cada vez más evidente que “Westminster no funciona”, en referencia al gobierno central británico. Por su parte, Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester, ha señalado una mayor descentralización como una de sus prioridades desde que llegó al poder en julio.
Fuente: AFP.