• Fuente: AFP

Más de 1.600 personas, en su mayoría integrantes de pandillas armadas, murieron en Haití durante los tres primeros meses de 2025, cuando los grupos criminales intensificaron su ofensiva territorial, anunció el miércoles la ONU.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, “1.617 personas murieron y 580 resultaron heridas como consecuencia de la violencia en la que participaron bandas, grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población, así como durante operaciones de las fuerzas de seguridad”, según el informe trimestral de la misión política de la ONU en el país (BINUH, por sus siglas en inglés).

Estas cifras representan un descenso con respecto al trimestre anterior (1.741 muertos de octubre a diciembre) y al primer trimestre de 2024 (2.505 muertos), pero la intensidad de la violencia no es necesariamente lineal con las cifras, variando según los ataques de las bandas y las operaciones policiales.

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“Entre enero y marzo de 2025, a pesar del gran número de muertos entre sus filas (936 individuos), las bandas intensificaron sus esfuerzos para extender su control territorial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores”, señaló el informe.

“Se han centrado especialmente en barrios como Delmas 30 y Carrefour Feuilles, que, de ser tomados, les facilitarían el paso a Pétion-Ville, “una de las últimas zonas que no se han visto afectadas por el control de las bandas” y donde se encuentran embajadas, bancos y otras instituciones.

A finales de marzo, las pandillas también lanzaron “ataques violentos” contra las localidades de Mirebalais y Saut-d’Eau, en el departamento del Centro, para “controlar el acceso a la frontera con la República Dominicana en un tramo de casi 70 km”.

La ONU también resaltó que “se han consolidado tres dinámicas de violencia y abusos” que habían surgido claramente en 2024: la violencia directamente vinculada a la actividad delictiva de las bandas (responsable del 35 % de los muertos y heridos), las operaciones policiales contra las bandas y las “ejecuciones en las que participan” agentes de policía (56 % de los muertos y heridos) y, por último, las acciones violentas de los grupos de autodefensa, en particular el movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kalé (9 % de los muertos y heridos).

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Este lunes, una mujer denunció que su expareja incendió la vivienda donde residía en la ciudad de Lambaré, luego de que fuera liberado de prisión donde estuvo por más de un año acusado de violencia familiar. Tanto la mujer como su hijo de 4 años, no estaban en la vivienda cuando ocurrió el siniestro, sin embargo perdieron todo lo que tenían.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la madrugada de hoy, mientras la mujer y su hijo no estaban en la casa ubicada en la intersección de las calles 29 de Setiembre y Obispo Maíz, de la citada ciudad. Los testigos vieron que el hombre identificado como Ramón José Gayoso Benítez, de 48 años, salió de la casa luego de que comenzó el incendio.

Estas personas llamaron a los bomberos, quienes lograron controlar las llamas y avisaron de la situación a Mariela Noemí Aguilera Cabañas, de 39 años, expareja de Ramón, para informarle sobre lo sucedido. “Los vecinos afirmaron que el supuesto autor del incendio sería la expareja de la afectada”, expresaron los intervinientes.

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La mujer, explicó que los vecinos le ayudaron para evitar que pierda todas sus pertenencias y que ayer antes de salir de su casa aseguró todas las puertas, pero que igual pudo ingresar. “El cuenta con orden de alejamiento, pero no respeta. Su mamá tiene 91 años y a ella también la somete. No es adicto a las drogas, pero toma mucho, siempre fue violento”, apuntó Mariela, en C9N.

Agregó que, si estaban en la casa otra sería la historia y pide que las autoridades la protejan. Los interesados en ayudar a la víctima pueden contactar al (0991) 340-049. Hasta el lugar también llegaron agentes de la Policía Nacional y están investigando las circunstancias del hecho. También, se dio aviso al Ministerio Público, por tratarse de un posible móvil pasional o de venganza contra la mujer que ya lo había denunciado.

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Una mujer, identificada como Jackelim Martínez, denunció que fue víctima de violencia intrafamiliar y teme ser agredida nuevamente por su expareja, un oficial de Policía que ya está recluido en la Agrupación Especializada. “Yo tengo temor de que él vuelva a agredirnos de vuelta porque es una persona muy agresiva. Una persona que constantemente nos agredía a mí y a mi hijo”, señaló.

La denunciante afirmó que su hijo quedó traumado tras haber presenciado las escenas de violencia intrafamiliar y que incluso se encuentra viviendo con la abuela.

“El mismo (niño) cuenta cómo le empieza a agredir José, mi ex pareja. El es personal policial que estaba en la Agrupación Especializada, salió comisionado en la Agrupación de Seguridad y está a cargo de la Comandancia”, relató a la 1080 AM.

Dijo que el hombre hace siete meses está preso en la Agrupación Especializada, tras una serie de denuncias formuladas en su contra.

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Según la denunciante, existiría una maniobra desde el Ministerio Público para liberar al policía. “Ahora le está queriendo sacar otra vez el fiscal y yo le había dicho si espera que yo sea víctima de feminicidio para que puedan actuar y para que se pueda hacer justicia. Yo puedo hablar ahora y no quiero ser parte del feminicidio. El me había dicho que le va a matar a su hijo, me va a matar a mí y que se va a suicidar porque ya no tiene nada que perder”, subrayó.

La preocupación de la joven madre es que suexpareja recupere su libertad y que aproveche esa situación para agredirla e inclusive atentar contra su vida. “En un audio le dijo a su mamá que va a pagar nomás a la jueza y que al fiscal ya le pagó y que va a volver a pagar, porque la justicia quiere plata nomás. Entonces, si no tenés plata te morís. Esa es nuestra justicia”, lamentó.

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Varios miles mineros bloquearon ayer miércoles las principales arterias del centro de La Paz en protesta por la escasez de combustible y la crisis económica que atraviesa Bolivia, constató la AFP.

Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para importar combustible. Los mineros reclaman mayor atención del Gobierno y señalan que la producción del sector enfrenta serios problemas, a pesar de ser una de las principales fuentes de ingresos económicos del país.

Honorato Condori, dirigente del gremio de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), explicó a la AFP que las cooperativas enfrentan dificultades debido a “la falta de diésel”, combustible esencial para sus operaciones, y a “la falta de material explosivo”.

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Los mineros marcharon de manera pacífica por La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, y bloquearon las principales vías del centro de la ciudad. La policía antimotines cerró el paso por las calles que dan acceso a la plaza de armas, donde se encuentran las oficinas presidenciales y el Congreso.

El ministro de Minería, Alejandro Santos Laura, llamó al diálogo y aseguró que “el tema de fondo” es la provisión de explosivos y que no suba de precio. Tras un fallido intento de negociación entre los líderes de los manifestantes y el gobierno, Josué Caricari, otro dirigente minero, señaló que esperan un encuentro con el presidente Luis Arce y descartan uno con sus subalternos del gabinete ministerial.

“Hemos pedido que el presidente haga caso a nuestras demandas, de lo contrario vamos a radicalizar (endurecer) nuestras medidas de presión”, adelantó. De manera paralela, varios cientos de mineros decidieron pernoctar en vías públicas y mantener los cortes de calles y avenidas de la sede de gobierno.

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De enero a septiembre de 2024, Bolivia exportó bienes por valor de 6.687 millones de dólares, de los cuales el 49,8% correspondió a la minería, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Fuente: AFP