• AFP.

En un clima de deses­peranza, rescatis­tas y vecinos bus­can ayer miércoles a 33 desaparecidos tras las llu­vias torrenciales que azota­ron al sureste de Brasil y ya dejaron 36 muertos, según un nuevo balance oficial.

Con cantidades inusitadas de agua, el temporal des­atado el lunes arrasó los municipios de Juiz de Fora y Ubá –en el estado de Minas Gerais– y provocó inunda­ciones, derrumbes de edifi­caciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas.

Bomberos que trabajan en los rescates en Juiz de Fora explicaron a la AFP que a esta altura es poco probable hallar a víctimas con vida bajo los aludes de lodo.

Esta tragedia en el sureste del país se suma a otros grandes desastres por incle­mencias climáticas sufri­dos en Brasil en los últimos años, que científicos aso­cian en varios casos a los efectos del calentamiento global.

“Nuestra familia está des­esperada”, dijo entre lágri­mas a la AFP Josiane Apa­recida, una cocinera de 43 años en Juiz de Fora que buscaba entre los escom­bros a los dos hijos de 6 y 9 años de su prima, así como a su novio. La prima murió por un deslizamiento de tie­rra, al igual que su madre. “Tenemos esperanza y no tenemos, porque es muy difícil (hallarlos) y ya per­dimos a dos”, lamentó.

La casa de sus familiares, en el barrio Paineiras, quedó completamente destruida y sepultada por el lodo. A pocas cuadras de allí, los rescatistas retiraron el cuerpo de un hombre que antes de morir logró sacar a su esposa de la casa alcan­zada por el deslizamiento, según relataron los bombe­ros a la AFP.

En Juiz de Fora, las búsquedas continúan bajo la previ­sión de más lluvias fuertes hasta el viernes. El presi­dente brasileño, Luiz Iná­cio Lula da Silva, confirmó el martes el estado de cala­midad en la región y puso en “alerta máxima” a la defensa civil nacional.

Brasil ha sufrido tragedias en los últimos años vincu­ladas a eventos climáticos extremos, desde inundacio­nes hasta sequías e intensas olas de calor.

En 2024, unas inundacio­nes inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millo­nes de habitantes afectados, en una de sus peores catás­trofes naturales.

Un ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes mató a tres personas este lunes en el Caribe, informó el Comando Sur estadounidense.

Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de setiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.

“La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

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Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de setiembre de 2001.

El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.

• Fuente: AFP

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Costa Rica empezó ayer domingo a reforzar sus controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes, después de que el ejército mexicano matara al poderoso capo de la droga Nemesio “El Mencho” Oseguera. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Costa Rica, que fue considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha visto incrementado sus índices de criminalidad por grupos relacionados con el narcotráfico, lo que llevó a la presidenta electa, Laura Fernández, a prometer mano dura para resolver la crisis de seguridad.

“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país para guarecerse”, dijo a periodistas el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora.

La medida, que contará con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se aplicará “tanto de los vuelos procedentes de México como de cualquier persona procedente de ese país en vuelos de conexión que lleguen a Costa Rica”, agregó Zamora.

Guatemala reforzó ayer domingo su frontera con México, después de que el ejército de ese país matara al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, en un operativo que provocó una ola de violencia en varios estados mexicanos. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco “incrementó las operaciones” de vigilancia y los patrullajes “en sectores estratégicos” de la frontera con México.

Además, “se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación” con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la “cooperación” bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para “mantener un ambiente de paz y seguridad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca”, indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen “en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.

Fuente: AFP.

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora salió de prisión la noche del jueves pasado, después de que un juez le otorgó arresto domiciliario por las causas abiertas por la Fiscalía en 2022 y que han sido criticadas por la comunidad internacional. Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado tres años y medio preso acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organismos como Amnistía Internacional consideran un montaje para silenciarlo por sus señalamientos contra el anterior gobierno de derecha.

Arropado con una sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, Zamora salió a pie de la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en un cuartel militar en la periferia norte de la capital, para trasladarse en una camioneta a su vivienda, observó un periodista de la AFP. “He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado una situación de tortura, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, pero creo que ha valido la pena”, dijo Zamora más temprano a periodistas tras la audiencia en la que le concedieron el arresto domiciliario.

El juez Maximino Morales argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal, por lo que “se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna”. Sin embargo, tiene prohibido salir del país, determinó el juez tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital.

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran “corrupta” y “antidemocrática”. El diario cerró en 2023 en medio de dificultades económicas que se agravaron por la ausencia de su fundador.

Un hijo del comunicador y quien está exiliado en Estados Unidos, José Zamora, comentó en X que su padre lleva 1.295 días de una “detención arbitraria”, pero ahora podrá defenderse “en libertad”.

A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el fallo como “un paso importante hacia la justicia” y pidió a la Fiscalía “cesar el uso del derecho penal para silenciar a la prensa”, según publicó en X.

Reporteros Sin Fronteras “llama ahora a la liberación definitiva de este periodista emblemático”, comentó a la AFP Artur Romeu, director de la organización para América Latina.

Zamora fue declarado en 2024 “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, que considera que estaba encarcelado por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción.

Para esta organización, el comunicador guatemalteco es víctima de cargos “infundados” que “se enmarcan en un patrón de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Zamora ha reiterado que es un “preso político” y que con el tiempo que lleva en la cárcel ya cumplió una “condena anticipada”.

La semana pasada, el periodista acudió a otra audiencia en la que solicitó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia que le otorgue arresto domiciliario de forma permanente por otra causa abierta, cuyo fallo está pendiente.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 estuvo en arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía y volvió a la prisión de un cuartel militar capitalino donde ha estado desde su arresto. Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia, y en 2023 obtuvo el premio de la Independencia de Reporteros Sin Fronteras.

Fuente: AFP.