El juez que instruye la investigación sobre la terrible explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut ha pedido al Parlamento investigar a tres ministros por su posible responsabilidad en esta catástrofe, anunció el martes una fuente judicial.
El juez Fadi Sawan pide en una carta al Parlamento -donde existe un órgano habilitado para juzgar a los miembros del gobierno- la apertura de una investigación al ministro de Infraestructuras y Transportes Michel Najjar así como a los de Finanzas Ghazi Wazni y Justicia Marie-Claude Najm, según la misma fuente.
También le pide que investigue el papel de otras personas que ocuparon las mismas funciones ministeriales en los tres gobiernos precedentes.
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Las investigaciones que ha realizado el juez han dado pie a “algunas sospechas sobre la responsabilidad de estos ministros y sus fallos en la gestión de la presencia en el puerto de nitrato de amonio”, cuya explosión dejó más de 200 muertos y miles de heridos y la destrucción de buena parte de la capital, agregó esta fuente.
Los responsables libaneses se niegan a la posibilidad de una investigación internacional sobre este asunto, pese a los llamados que hay tanto dentro como fuera de Líbano a que las investigaciones se hagan de manera independiente.
El gobierno dimitió tras el drama aunque sigue despachando los asuntos corrientes, ya que todavía no se podido formar un nuevo ejecutivo. Por el momento, están detenidas 25 personas en el marco de la investigación en curso.
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Fuente: AFP.
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Paraguay lleva sus investigaciones en salud al debate científico nacional
La ciencia también tiene mucho que decir sobre los problemas cotidianos de la salud pública. Desde la prevención de enfermedades hasta el uso de nuevas tecnologías para mejorar los diagnósticos, Paraguay busca respuestas a través de la investigación. En esa línea, el Ministerio de Salud Pública tuvo una participación destacada en el XI Encuentro de Investigadores 2026, donde se expusieron estudios y propuestas orientados a mejorar la atención sanitaria en el país.
El encuentro, dedicado a las Ciencias de la Salud y la Biomedicina, se desarrolló del 3 al 6 de noviembre y fue organizado por la Sociedad Científica del Paraguay. Durante las jornadas, investigadores y profesionales presentaron trabajos sobre problemáticas que requieren respuestas concretas y nuevas estrategias desde el sistema sanitario.
A través de la Dirección General de Planificación y Evaluación y de la Dirección de Investigación y Estudios Estratégicos, el Ministerio de Salud abordó cuatro grandes áreas de investigación.
Una de ellas fue la salud digital y la gestión de datos, con estudios sobre la protección de información clínica de pacientes oncológicos, en el marco de la Ley 7593/2025, y propuestas para organizar la complejidad de la red nacional de diagnóstico por imágenes.
En el campo de la epidemiología y la vigilancia sanitaria, se presentaron evaluaciones de la estrategia NIRSEPY frente al virus respiratorio sincicial (VRS), trabajos de seguimiento de infecciones respiratorias agudas graves en zonas fronterizas y estudios relacionados con la sífilis durante el embarazo y su transmisión congénita.
También tuvieron espacio las investigaciones vinculadas con las políticas sanitarias y la salud comunitaria. Entre ellas figuran propuestas para fortalecer la Estrategia de Municipios Saludables mediante análisis territoriales, el mapeo de servicios destinados a personas con trastorno del espectro autista (TEA) y el control del cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
La agenda científica incluyó, además, estudios sobre enfermedades no transmisibles y salud ocupacional. Se analizaron patrones de consumo de medicamentos en personas con diabetes, indicadores tempranos de resistencia a la insulina y los niveles de estrés laboral que afectan al personal sanitario.
La participación en este encuentro pone sobre la mesa un aspecto clave para el futuro de la salud pública: investigar para tomar mejores decisiones. Los resultados científicos permiten identificar necesidades, evaluar estrategias y diseñar políticas sustentadas en evidencias, con el objetivo de lograr servicios de salud más eficientes, accesibles y equitativos para la población.
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Juez ordena inhibición de bienes y embargo de cuentas de Peña y Carvallo
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público y decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes del expresidente de la República, Santiago Peña, y del extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.
La resolución judicial también dispone el embargo preventivo de los fondos existentes y de aquellos que pudieran ingresar posteriormente en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros productos financieros registrados a nombre de ambos imputados en entidades bancarias, financieras y cooperativas.
De esta manera, la medida no se limita al dinero que actualmente se encuentra depositado, sino que también comprende los recursos que puedan acreditarse en esas cuentas en el futuro.
Asimismo, el magistrado autorizó al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias para localizar otros bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre de Peña y Carvallo.
La decisión fue adoptada tras analizar el requerimiento presentado por los agentes fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez.
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Expresidente del BCP estará recluido en la Agrupación Especializada por 15 días
En el marco de la imposición de medidas, el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó este que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, guardara reclusión por 15 días en la sede de la Agrupación Especializada.
“Pasará a guardar reclusión primera por un periodo de 15 días en la Agrupación Especializada y el juzgado está oficiando también en este momento al Ministerio de Justicia, para recabar información sobre un establecimiento donde se pueda resguardar la integridad de esta persona”, comentó a los medios de comunicación.
Otazú acotó: “Hay que tener en cuenta que el señor Carvallo, en el ejercicio de la banca central del Paraguay, había formulado la denuncia contra los exdirectivos de ueno bank quienes se encuentran en la expenitenciaria de Tacumbú; entonces debe prevalecer la prudencia en este tipo de casos. Debemos guardar la integridad”.
El magistrado indicó también que “vamos a aguardar la respuesta del Ministerio de Justicia para que luego sea trasladado a una institución dependiente del mismo”.
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Respecto a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “yo calculo que a partir de ahora, en un tiempo no muy extenso, tomaré una resolución. Carvallo se abstuvo de declarar, pero sus abogados defensores sí hicieron los fundamentos y los planteamientos que el juzgado ha considerado, pero ya hemos tomado la decisión”, mencionó.
Carvallo imputado por tres hechos punibles
Carvallo fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.