Las autoridades británicas decidieron el martes aliviar durante algunos días en Navidad las restricciones instaladas para luchar contra la pandemia del coronavirus y permitir las reuniones familiares.
Los miembros de tres hogares podrán reunirse durante cinco días como máximo, del 23 al 27 de diciembre, y las familias podrán desplazarse dentro del país, indicó el gobierno tras una reunión entre los dirigentes de las cuatro naciones que constituyen el país (Escocia, País de Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra).
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Las restricciones varían en el Reino Unido, pero en gran parte los miembros de dos hogares diferentes no tienen el derecho de reunirse en lugares cerrados. Y en toda Inglaterra, una reunión se limita a seis personas.
Esta suavización de las medidas servirá para “que los que amamos puedan estar a nuestro lado durante este periodo especial, pero solamente durante un periodo limitado”, declaró el ministro encargado de la coordinación de la acción gubernamental, Michael Gove.
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Cerca de 56.000 personas han fallecido a causa del nuevo coronavirus en el Reino Unido, el saldo más elevado de toda Europa. Este martes murieron más de 600 personas, un récord desde mayo. Más de 1,5 millones de casos han sido detectados en el país.
El gobierno espera que la normalidad vuelva de aquí a la semana de Pascuas, gracias a las vacunas, entre ellas el proyecto británico AstraZeneca/Oxford. En el Reino Unido cada provincia británica decide su propia estrategia en materia de lucha contra el virus, pero ante la proximidad de las fiestas, los dirigentes decidieron adoptar una política común.
Fuente: AFP.
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Justicia argentina ordena detener proyecto petrolero británico en las Malvinas
La justicia argentina ordenó el miércoles frenar el avance del proyecto petrolero británico-israelí al norte de las Malvinas, un archipiélago en el Atlántico controlado por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina. Un tribunal federal de la localidad de Río Grande, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego, concedió una medida cautelar pedida por dos organizaciones argentinas ante el riesgo de daño ambiental del proyecto.
El fallo al que tuvo acceso la AFP se refiere al proyecto petrolero Sea Lion de la británica Rockhopper y la israelí Navitas. La medida judicial se inscribe en la disputa entre ambos países por las islas, por las que libraron una guerra en 1982 que terminó con la rendición de la dictadura argentina y dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.
El fallo judicial del miércoles ordena que las empresas se abstengan de perforar el lecho marino, instalar infraestructura o iniciar la extracción de hidrocarburos. “La abstención ordenada se mantendrá hasta tanto se sustancie ante la autoridad ambiental nacional competente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, sostiene.
El Reino Unido desconoce la validez de la justicia argentina respecto al archipiélago. Londres otorgó licencias de pesca y de exploración hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion, cuya fase extractiva espera comenzar en 2028, según anunciaron las compañías en diciembre.
La demanda fue impulsada por una asociación de abogados ambientalistas junto a excombatientes de la guerra de Malvinas.
El presidente argentino, Javier Milei, revitalizó en las últimas semanas el reclamo de soberanía que Buenos Aires mantiene por vía diplomática desde el fin de la guerra.
Ese renovado impulso fue alentado por declaraciones de su aliado, el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la neutralidad de Washington en el diferendo.
Recientemente ordenó la reactivación de la construcción de una base militar en Tierra del Fuego que había sido anunciada en 2022, sin grandes avances.
También anunció que enviará un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que impulsen proyectos hidrocarburíferos en Malvinas en forma unilateral. Una resolución de 1965 de Naciones Unidas reconoce la disputa de soberanía entre ambos países y los insta a negociar, como así también a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.
Fuente: AFP.
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Escocia, Gales e Irlanda del Norte defienden autodeterminación y retorno a UE
Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, reunidos en Cardiff este lunes, afirmaron en una declaración conjunta su “derecho a la autodeterminación”, y subrayaron que el futuro de esos territorios está “en la Unión Europea”. Tanto Escocia como Gales e Irlanda del Norte están gobernados actualmente por líderes independentistas. Una situación inédita desde que se pusieron en marcha instituciones autónomas en esos territorios del Reino Unido, en 1999.
El primer ministro galés, Rhun ap Iorwerth, jefe del partido Plaid Cymru, recibió a John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Partido Nacional Escocés (SNP), Michelle O’Neill, la primera ministra norirlandesa y vicepresidenta del Sinn Féin, y también a Mary Lou McDonald, presidenta de esa formación. Los líderes se reunieron como dirigentes de sus partidos, y no como representantes de sus respectivos gobiernos.
“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”, escribieron los dirigentes. “Ningún gobierno de Westminster [británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia”. “Instamos al gobierno británico a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales”, agregaron. Asimismo, destacaron que “el futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, y consideraron que el brexit había “perjudicado” a sus territorios.
Los sucesivos gobiernos británicos siempre se han opuesto a la organización de referendos sobre la independencia desde el que se celebró en 2014 en Escocia, en el que el 55% de los votantes se pronunciaron en contra de la independencia. La semana pasada, Downing Street cerró la puerta a cualquier esperanza de que esa postura se suavice. “El primer ministro Andy Burnham cree firmemente en la unión del Reino Unido”, reaccionó el lunes su portavoz.
El poder central “ya no funciona”
La reunión tuvo lugar después de que Donald Trump causara sorpresa el pasado fin de semana al considerar que sería “fantástico” que la República de Irlanda e Irlanda del Norte se unificaran. “Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora”, dijo a la prensa durante su visita a Irlanda. El Sinn Féin aboga por que se organice un referéndum antes de 2030.
Según Michelle O’Neill, las declaraciones de Donald Trump demuestran que “el debate sobre la reunificación está muy vivo y que la gente se interesa por él, ahora también (...) a escala internacional”. Pero los comentarios del presidente estadounidense fueron recibidos con cautela por algunos habitantes de Belfast, en Irlanda del Norte. “Pidió la unidad de Irlanda. Mañana dirá otra cosa”, comentó Jim Boyle, un hombre de 64 años que trabaja en el sector medioambiental.
Londres se atiene a los acuerdos de paz del Viernes Santo, firmados en 1998 para poner fin a los enfrentamientos en Irlanda del Norte. Según ese pacto, se puede organizar un referéndum siempre y cuando una mayoría de los habitantes de esa provincia británica sea proclive a votar a favor de la unificación.
Objetivo lejano
Durante una rueda de prensa, los dirigentes reunidos en Cardiff subrayaron que sus respectivas naciones avanzarán a su propio ritmo hacia la autodeterminación. El escocés John Swinney consideró que un referéndum sobre la independencia de Escocia debería celebrarse en los próximos cinco años. En Gales, Rhun ap Iorwerth, que al ser elegido en mayo había presentado la independencia como un objetivo lejano, no fijó una fecha para una eventual consulta.
“Prefiero dejar la cuestión del calendario en manos del pueblo galés”, declaró. No obstante, aseguró que resulta cada vez más evidente que “Westminster no funciona”, en referencia al gobierno central británico. Por su parte, Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester, ha señalado una mayor descentralización como una de sus prioridades desde que llegó al poder en julio.
Fuente: AFP.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.