El tribunal indio encargado de medioambiente ordenó el lunes la prohibición de los petardos y fuegos artificiales durante la fiesta de Diwali en las ciudades con el aire contaminado, argumentando que existe una relación entre la polución y la propagación del coronavirus.
Ante la celebración de Diwali, gran festival hindú de las luces previsto el sábado, el tribunal consideró necesaria esta prohibición debido al papel que juega la contaminación en un nuevo aumento de los casos de coronavirus.
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La contaminación provocada por estos dispositivos pirotécnicos “agrava los riesgos para la vida y la salud”, estimó. La prohibición se aplica hasta el 30 de noviembre en todas las ciudades con una mayor contaminación, es decir casi todo el norte de India.
Nueva Delhi y los estados de Rajastán, Haryana, Maharastra y Bengala Occidental ya los prohibieron o limitaron su venta y su uso. En el resto del país, los estados contemplan autorizarlos el sábado durante un tiempo limitado a una hora.
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Para el tribunal, la prohibición debe ser “absoluta” en Nueva Delhi debido a la contaminación y el aumento de contagios de COVID-19. La capital india, con niveles de contaminación “severo” desde hace casi una semana según índices oficiales, registró el domingo un récord diario de 7.750 nuevos casos de coronavirus.
India es el segundo país en el mundo más afectado por la pandemia en número de casos, por detrás de Estados Unidos, con 8,5 millones de contagios y cerca de 127.000 muertos. Los fabricantes de petardos y fuegos artificiales reclamaron compensaciones públicas por esta prohibición.
Fuente: AFP.
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India: dos hermanos causan revuelo por casarse con la misma mujer
Dos hermanos indios se casaron recientemente con la misma mujer, siguiendo una tradición religiosa que se creía extinguida, lo que desató una auténtica tormenta en las redes sociales. Los hermanos Pradeep y Kapil Negi se casaron con su prometida, cuyo nombre se mantiene en secreto, el pasado fin de semana en el pueblo de Shillai, en el estado himalayo de Himachal Pradesh, en presencia de cientos de personas.
Como muchas otras bodas, esta fue debidamente aprobada por ambas familias. Las fotos de la boda, en las que se ve a los hermanos flanqueando a su esposa, se volvieron virales en las redes sociales y generaron críticas. La All India Democratic Women’s Association (AIDWA), una asociación de defensa de los derechos de las mujeres, denunció esta unión.
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“Nuestra organización condena con firmeza estos actos de explotación de las mujeres, que van en contra de los derechos fundamentales de la mujer”, declaró Mariam Dhawale, secretaria general de la AIDWA, a un medio local. Los dos maridos se mostraron contrariados de haber generado semejante interés en la opinión pública.
“No hemos hecho más que seguir una tradición de la cual estamos orgullosos”, afirmó Pradeep Negi, citado por la agencia Press Trust of India. “Brindaremos apoyo, estabilidad y amor a nuestra esposa”, prometió Kapil. La poliandria, condición de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres, es ilegal en la mayoría de los países del mundo, incluido India.
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Sin embargo, sigue siendo tolerada en ciertas regiones del extremo norte del país, entre ellas las habitadas por los 300.000 representantes de la comunidad Hatti. “La poliandria era común en generaciones anteriores. Se ha vuelto inusual, pero sigue siendo practicada por los Hatti”, dijo a la prensa un funcionario local, Harshwardhan Singh Chauhan.
“Una de nuestras leyes consuetudinarias incluso la protege”, especialmente para evitar la dispersión de las tierras agrícolas, agregó. Uno de los jefes de la comunidad, Kundal Lal Shashtri, recordó a su vez que esta práctica se menciona en el Mahabharata, la famosa epopeya de la mitología hindú. Cinco matrimonios que unieron a una mujer con varios hombres se celebraron el año pasado en la región de Shillai, según la prensa local.
Fuente: AFP.
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Justicia debe ser implacable con rapiñeros de Municipalidad del Este
El interventor asignado en la Municipalidad de Ciudad del Este terminó confirmando documentalmente lo que ya sabía todo el pueblo y que ya fuera anticipado en un informe previo de la Contraloría General de la República (CGR). La administración de Miguel Prieto consolidó una estructura para desviar fondos públicos a través de licitaciones y comisiones vecinales utilizadas como simples intermediarias para cobro de jugosos cheques.
Para muchos, principalmente por el blindaje mediático con el que goza el cuestionado intendente esteño, resultó una sorpresa, un balde de agua fría la información detallada y documentada que brindó el interventor para graficar el modus operandi de una rosca dedicada a violentar leyes mediante un sistema cuidadosamente planificado para embolsillarse recursos del Estado y de los contribuyentes del municipio de Ciudad del Este. Sin embargo, para ciudadanos organizados que tienen la lupa puesta en la gestión de Prieto como una parte muy pequeña de la prensa simplemente esperaron estas conclusiones y que las mismas realmente sirvan para que la Justicia caiga con todo el peso de la ley sobre quienes bastardearon la comuna.
Contundente. Las evidencias colectadas demuestran que la administración de Prieto operó un esquema que, burlando normativas, se enfocó en el despojo del dinero público. Pagos adelantados por la totalidad de la adjudicación de obras que todavía no tenían actas de recepción, firmas creadas sin mayores infraestructuras para acopiar contratos directos y mediante comisiones vecinales por parte de parientes de la exnovia del intendente de nombre Vanessa Florentín, muy conocida como Vanemi, la misma que está procesada por estar involucrada en la facilitación de facturas en compras simuladas de mercaderías como es el caso Tía Chela, forman parte del rosario de maniobras en la ejecución de recursos.
La esencia y el fin de la institución se prostituyeron. Organizaciones de vecinos, esperanzados en contribuir con las labores de la municipalidad, fueron usadas como simples intermediarios para endosar cheques para la tajada del mismo grupo cerrado, parientes de la exnovia de Prieto y algunos amigos operadores de su campaña. Mientras el jefe comunal intenta justificar con errores administrativos estos procesos simulados, amañados, privaron a la institución de contratos en condiciones más competitivas, principalmente en calidad y precios.
Fuertes indicios de pedidos de coimas para obras adjudicadas con precios que están por las nubes, jugosos anticipos y ofertas que adivinaron para ajustar presupuestos a los disponibles por la municipalidad. Pero estas amañadas ejecuciones no solo se reducen al favoritismo del bolsillo de los amigos y la ex con sus parientes, sino que sacrificaban intereses ciudadanos ya que, contratos que apuraron por vía de la excepción basados en urgencia impostergable en la mayoría de los casos no fueron al ritmo de los contratos y mientras fortalecen el negocio de los amigos, los vecinos esperan por obras que empresas sin capacidad financiera ni estructural no pueden honrar como corresponde.
El informe preliminar graficó y describió de manera clara el modus operandi de la maquinaria para delinquir, tal como calificó el interventor. No puede ocultarse el sol con un dedo, los sucesos en Ciudad del Este que no son aislados, subestiman a las instituciones de control y de justicia como si estuvieran exentos del cumplimiento de la ley.
Planillerismo, nepotismo, reparto indiscriminado de contratos, despilfarro en la ejecución de gastos, empresas de maletín sin la mínima infraestructura adjudicadas con grandes obras imposibles para sus capacidades, construcciones atrasadas, no pueden catalogarse como simples errores. Por casos como estos, varios políticos conocieron la cárcel. ¿Por qué en el caso de Prieto tendrían que minimizarse hechos que atentan contra el bien público?
La ciudadanía esteña merece un administrador municipal eficiente, piadoso del bolsillo de la gente y abocado al cuidado del patrimonio de su ciudad. Evidentemente, Miguel Prieto defraudó esa confianza y hoy su presencia es más perjudicial que beneficiosa para la institución.
Pero, además, ningún servidor público sospechoso y que carga sobre sus espaldas fuertes indicios de corrupción en su gestión debe estar a cargo de la administración del dinero público. Prieto, como otros con dudoso desempeño, tiene la obligación de afrontar la Justicia, rendir cuentas de sus actos. Atornillarse al cargo en medio de una desconfianza generalizada no es saludable para ninguna institución.
Corresponde que la Justicia actúe y los que tienen cuentas pendientes asuman las responsabilidades de sus actos.
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Ejecutivo acompañará eventual endurecimiento de penas para crímenes contra menores
El presidente Santiago Peña expresó su predisposición a acompañar un eventual proyecto para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra menores, tras el asesinato de Melania, la niña de 11 años en el departamento de Caazapá. Aseguró que, si el caso evidencia vacíos en la legislación vigente, no dudará en impulsar los cambios necesarios.
“Si la legislación no está acorde a lo que necesitamos, no tengan la menor duda de que voy a tener la certeza de pedir el aumento de las penas”, afirmó el mandatario, al referirse al crimen que conmocionó al país. Peña subrayó que ya en ocasiones anteriores su gobierno ha promovido iniciativas para sancionar con mayor dureza este tipo de delitos, y sostuvo que volverá a hacerlo si corresponde.
El presidente también ordenó una revisión del proceso judicial que rodeó el caso de Melania, a través de su representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta. Indicó que han mantenido conversaciones con el titular de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas institucionales.
“No queremos adelantar si hubo errores en tal o cual lugar, pero lo que no podemos negar es que el sistema le falló a una niña que hoy ya no está con nosotros”, señaló. Peña contó además que solicitó al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, que visite a la madre de la víctima y brinde apoyo institucional.
“No hay posibilidad de contención total para una madre que ha perdido a una hija de la forma más cruel, pero estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance”, manifestó. Con tono firme, el mandatario cerró su mensaje asegurando que dará seguimiento cercano al caso y reiteró su compromiso de actuar si se comprueba que el marco normativo actual resulta insuficiente para proteger a los niños.
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“No podemos permanecer en silencio ante un hecho tan atroz”, sostiene Arzobispado de Asunción
La sociedad no puede permanecer en silencio ante un hecho tan atroz, sostiene el Arzobispado de la ciudad de Asunción sobre el crimen de la niña ocurrido el lunes en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá).
“Alzamos la voz para clamar justicia. No puede haber verdadera paz mientras crímenes tan crueles no sean esclarecidos ni castigados con todo el peso de la ley”, señala el comunicado.
La autoridad de la Iglesia Católica sostiene que el Estado tiene la obligación moral y legal de proteger a los más vulnerables, los más indefensos y desprotegidos.
“Como Iglesia renovamos nuestro compromiso de cuidar, educar y denunciar toda forma de violencia, amenaza o abuso, sobre todo cuando se ensañan con los más pequeños”, dice el documento.
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La postura del Arzobispado concluye con continuar trabajando en unidad por una sociedad donde los niños puedan crecer en paz, protegidos, cuidados y amados.
En la noche del lunes se encontró el cuerpo sin vida de M. M. R. D., una niña de 11 años. Presentaba evidentes signos de violencia sexual y estrangulamiento. El hallazgo se produjo en medio de un yuyal, situado a unos 200 metros de la vivienda de la víctima, en la comunidad de Isla Saka (Yegros).
El sospechoso, identificado como Marcelo Giménez Duarte, ya está detenido. El mismo negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
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