El tribunal indio encargado de medioambiente ordenó el lunes la prohibición de los petardos y fuegos artificiales durante la fiesta de Diwali en las ciudades con el aire contaminado, argumentando que existe una relación entre la polución y la propagación del coronavirus.
Ante la celebración de Diwali, gran festival hindú de las luces previsto el sábado, el tribunal consideró necesaria esta prohibición debido al papel que juega la contaminación en un nuevo aumento de los casos de coronavirus.
Lea más: Asumió Luis Arce como presidente de Bolivia
La contaminación provocada por estos dispositivos pirotécnicos “agrava los riesgos para la vida y la salud”, estimó. La prohibición se aplica hasta el 30 de noviembre en todas las ciudades con una mayor contaminación, es decir casi todo el norte de India.
Nueva Delhi y los estados de Rajastán, Haryana, Maharastra y Bengala Occidental ya los prohibieron o limitaron su venta y su uso. En el resto del país, los estados contemplan autorizarlos el sábado durante un tiempo limitado a una hora.
Lea más: Trump juega al golf el día después del anuncio de su derrota
Para el tribunal, la prohibición debe ser “absoluta” en Nueva Delhi debido a la contaminación y el aumento de contagios de COVID-19. La capital india, con niveles de contaminación “severo” desde hace casi una semana según índices oficiales, registró el domingo un récord diario de 7.750 nuevos casos de coronavirus.
India es el segundo país en el mundo más afectado por la pandemia en número de casos, por detrás de Estados Unidos, con 8,5 millones de contagios y cerca de 127.000 muertos. Los fabricantes de petardos y fuegos artificiales reclamaron compensaciones públicas por esta prohibición.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Justicia argentina confirma orden de decomisar bienes a expresidenta Kirchner
Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.
La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.
Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.
Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.
De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.
La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.
“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.
“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.
Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.
Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.
Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007
- Fuente: AFP
Lea más: Médicos retiran lesión cutánea de la cabeza de Lula
Dejanos tu comentario
Justicia argentina restituye vigencia de reforma laboral de Milei objetada por sindicatos
La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido un pedido de la principal central obrera del país.
Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X.
La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43 % de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.
Para la CGT estos argumentos son “falsos”.
Te puede interesar: Crisis por gasolina en Bolivia remueve a ministro de Hidrocarburos
“No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o la esclavitud como se mejora este proceso”, sostuvo la central obrera.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas, con la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.
La actividad industrial en febrero cayó un 4 % respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6 %, según datos oficiales.
La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que consolidó, lleva una vez meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4 %, el nivel más alto del último año.
En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley.
La central obrera anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo que se celebra el día siguiente, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.
La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilitara un “per saltum” (vía rápida) para zanjar la controversia.
- Fuente: AFP
Lea más: Chile y Bolivia inician camino para “restablecer relaciones diplomáticas” tras 50 años
Dejanos tu comentario
Caso Prieto: 53 denuncias y ninguna respuesta judicial en 2 años de impunidad
Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.
En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.
“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.
Le puede interesar: Autoridades del TSJE recibieron a jefe de Misión de la UE
Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.
Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.
Sigue operando empresa de maletín
Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.
Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.
Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.
“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.
Dejanos tu comentario
Pobladores de la franja costera norte exigen intervención judicial ante contaminación ambiental
Vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel, Cerrito y otras comunidades aledañas a la franja costera norte de Asunción acudieron a la Corte a fin de hacer oír sus reclamos. En ese sentido, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental del Palacio de Justicia, exponiendo la grave situación de contaminación ambiental que sufren por la presencia de frigoríficos en la zona desde hace años.
Durante el encuentro, denunciaron la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a lo largo de más de una década. Según explicaron, solo en el año 2024 se registraron cerca de una veintena de denuncias formales por posibles focos de contaminación, las cuales no han tenido impulso procesal ni avances concretos.
“El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, expresó durante la reunión el abogado Ricardo Merlo, quien acompañó la delegación.
El defensor solicitó que se realice una auditoría para verificar el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público. Por su parte, los representantes vecinales señalaron que la problemática afecta directamente a más de 10.000 familias, comprometiendo su salud, calidad de vida y derechos fundamentales.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales. “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda. Hemos agotado distintas instancias y recurrimos al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchados”, expresó Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal.
Te puede interesar: La Corte Suprema habilitará biblioteca jurídica en Capiatá
Desde la Dirección de Derecho Ambiental, su titular Gerardo Morales indicó que, tras una revisión preliminar de los sistemas disponibles, no se encontraron expedientes vinculados directamente a las denuncias mencionadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar el análisis.
“Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó Morales.
Como resultado del encuentro, los vecinos solicitaron además una audiencia con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El fin era exponer directamente el impacto social y ambiental del problema y exigir medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de sus derechos.
Los pobladores afirmaron que continuarán recurriendo a todas las instancias necesarias hasta lograr una solución definitiva a una problemática que, según sostienen, se ha prolongado por más de diez años sin respuestas concretas.
Leé más: Prestaciones de IPS aumentaron 100% asegura gerente de la previsional