La apertura de una cuota adicional de 300.000 toneladas de carne vacuna por parte de Estados Unidos representa una nueva oportunidad para Paraguay, que apunta a captar hasta el 10 % de este volumen durante los próximos 90 días, según explicó el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Dr. José Carlos Martin Campercholi.

El gobierno de Estados Unidos estableció que el contingente será distribuido en tres tramos de 100.000 toneladas mensuales, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Martin aclaró que no se trata de una cuota única de 300.000 toneladas disponible de una sola vez, sino de volúmenes mensuales que no son acumulables ni renovables.

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“Paraguay tiene condiciones de aprovechar ese 10 % de la cuota de estas 300.000 toneladas”, señaló el titular del Senacsa, al remarcar que el país no tiene como objetivo captar la totalidad del contingente estadounidense.

Actualmente, Paraguay exporta entre 6.000 y 8.000 toneladas mensuales de carne vacuna hacia Estados Unidos, según señaló el titular del Senacsa. Al 31 de agosto, los envíos acumulados alcanzaron 35.000 toneladas y la proyección es cerrar el año con unas 60.000 toneladas exportadas a este destino.

“Paraguay está exportando entre 6.000 a 8.000 toneladas mensuales a Estados Unidos. Al 31 de agosto nosotros exportamos 35.000 toneladas y nuestro pronóstico es llegar a las 60.000 toneladas”, explicó.

De concretarse esta proyección, los envíos paraguayos al mercado estadounidense registrarían un crecimiento cercano al 20 % frente al año anterior. El nuevo espacio estaría orientado principalmente a carne para industria, destinada especialmente a la elaboración de carne molida.

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Martín indicó además que ya existen frigoríficos y exportadores que manifestaron interés en aprovechar la oportunidad y estimó que los primeros embarques podrían comenzar la semana que viene. El titular del Senacsa descartó que un eventual aumento de las exportaciones genere presión sobre el abastecimiento interno. “Paraguay está produciendo más de 500.000 toneladas. No representa ningún riesgo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la apertura temporal del mercado estadounidense constituye una señal positiva para el sector cárnico paraguayo. “Es una noticia muy positiva para el país”, sostuvo. La medida de Estados Unidos beneficia principalmente a países que no cuentan con contingentes específicos dentro de ese mercado, entre ellos Paraguay y Brasil, mientras que Argentina y Uruguay quedaron excluidos al disponer de cuotas propias.

Paraguay tendrá una nueva voz en Washington. La Cámara de Senadores otorgó por unanimidad de los 29 legisladores presentes el acuerdo constitucional para que Estefanía Laterza de los Ríos sea designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Estados Unidos. La propuesta había sido presentada por el presidente Santiago Peña el 14 de agosto.

Diplomática de carrera y con más de 30 años de trayectoria, Estefanía Laterza llega a uno de los destinos más estratégicos de la política exterior paraguaya. Actualmente, se desempeña como directora de la Academia Diplomática de la Cancillería y cuenta con una extensa experiencia profesional en el ámbito internacional.

Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Estefanía definió el momento bilateral entre Paraguay y Estados Unidos como un “momento dorado”, basado, según explicó, en valores compartidos, una hoja de ruta común y un enfoque orientado a resultados.

Su agenda tendrá un fuerte componente económico. Entre los objetivos planteados figuran la atracción de inversiones, la ampliación del comercio y el fortalecimiento de la cooperación, con oportunidades especialmente vinculadas a energía, tecnología y minerales estratégicos.

La designación ocurre tras la salida de Gustavo Leite, quien retoma su banca en el Senado. Ahora, el acuerdo aprobado será comunicado al Poder Ejecutivo para completar los trámites correspondientes.

Para Paraguay, Washington representa mucho más que una misión diplomática; es sin dudas una plataforma estratégica para profundizar vínculos políticos, comerciales y de inversión con una de las principales potencias del mundo. Laterza asumirá esa tarea con la premisa de convertir una relación bilateral sólida en nuevas oportunidades para el país.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, acusó a la oposición de imponer el “cuoteo político” para la conformación de la terna de candidatos a la Contraloría General de la República (CGR), que será remitida a la Cámara de Diputados para la elección. Agregó a la vez que requerirá a la plenaria del Senado que la integración de la lista de aspirantes sea tratada luego del 15 de agosto.

“En periodos anteriores donde siempre la mayoría tuvieron los partidos de la oposición, las ternas para la Contraloría lo hicieron ellos y tuvieron contralores de su sector cuyas gestiones no fueron buenas por denuncias de corrupción, algunos se fueron presos por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza”, refirió Núñez a los medios de comunicación.

El parlamentario acotó: “¿Por qué los opositores no plantean nomás ya directamente modificar la ley que rige a la Contraloría y vayamos directamente al cuoteo? Con esto ellos dicen sí al cuoteo político y no a la idoneidad y la preparación técnica“.

Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en solicitar a los candidatos a contralor que se encuentren identificados con la centenaria agrupación y otros partidos de oposición a retirar sus postulaciones. Semanas atrás, el parlamentario había detallado cronológicamente los casos de excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia. Citó por ejemplo al liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000.

Fretes Ventre enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.

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También había mencionado el caso de Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos. Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.

Núñez también recordó el caso de José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme. Con relación a la propuesta que realizará al pleno del Senado para que la conformación de la terna se realice luego del 15 de agosto, Núñez afirmó que “yo voy a pedir a los colegas que nos tomemos el tiempo y pasar la primera quincena de agosto, es una potestad que tiene la presidencia”, puntualizó.

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La difusión de grabaciones inéditas de conversaciones mantenidas por Joe Biden antes de llegar a la Casa Blanca volvió a instalar el debate sobre su estado cognitivo y la importancia de que quien dirige una de las mayores potencias del mundo conserve plenas capacidades mentales para tomar decisiones de enorme impacto internacional.

Los audios, divulgados por la organización estadounidense de investigación The Oversight Project, corresponden a entrevistas que el entonces exvicepresidente concedió a su biógrafo, Mark Lewis Zwonitzer, entre 2016 y 2017. En las cintas, Biden habla sobre documentos relacionados con asuntos de seguridad nacional y política exterior que conservaba desde su paso por la Vicepresidencia, además de evidenciar dificultades para recordar fechas y otros datos durante la conversación.

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El contenido vuelve a poner en primer plano las conclusiones del informe elaborado por el fiscal especial Robert Hur y divulgado en 2024. En ese documento se sostenía que Biden retuvo y compartió de manera deliberada información clasificada vinculada a temas militares y de seguridad nacional. Sin embargo, el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos penales en ese caso.

En uno de los fragmentos difundidos, el entonces dirigente demócrata hace referencia a apuntes que guardaba de su etapa en la Casa Blanca y que mostraba a su biógrafo. Parte del contenido continúa censurado por tratarse de información clasificada.

Más allá de la investigación sobre el manejo de documentos reservados, las grabaciones volvieron a alimentar las dudas sobre la capacidad cognitiva del exmandatario. Durante varios pasajes de la conversación se perciben vacilaciones y dificultades para ubicar acontecimientos en el tiempo, un aspecto que ya había sido señalado por el fiscal Hur, quien describió a Biden como una persona de edad avanzada con problemas de memoria.

La publicación de estos audios también revive la controversia en torno a los intentos realizados para impedir que salieran a la luz. Durante su presidencia, Biden promovió acciones judiciales para evitar que las grabaciones fueran entregadas al Congreso y a la organización investigadora, logrando frenar temporalmente su difusión.

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El caso vuelve a abrir un debate de alcance global sobre los requisitos físicos y mentales que deberían reunir quienes ejercen el máximo poder político. En un país como Estados Unidos, donde el presidente concentra responsabilidades vinculadas a la seguridad nacional, la conducción de las Fuerzas Armadas y la capacidad de responder ante crisis internacionales o autorizar decisiones de enorme trascendencia, cualquier deterioro significativo de sus facultades cognitivas puede convertirse en un motivo de preocupación institucional. No obstante, la valoración sobre la aptitud de un mandatario requiere evidencia médica sólida y no puede establecerse únicamente a partir de grabaciones o apreciaciones públicas.