El ministro de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Garay, aclaró a la opinión pública y a sus colegas que se encuentra realizando un tratamiento médico, pero que eso no le impide seguir trabajando en la máxima instancia judicial y en el JEM. De esta manera, el alto magistrado salió al paso de ciertos rumores sobre su estado de salud.

El ministro Garay afirmó igualmente que realizó una denuncia ante la sede del Ministerio Público debido a que personas inescrupulosas envían mensajes de WhatsApp en representación del alto magistrado pidiendo favores particulares.

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También, agradeció a la vicepresidenta del JEM Alicia Pucheta y a sus compañeros de este órgano juzgador por el aprecio, respeto y educación hacia su labor.

El titular de JEM participa de la sesión de este órgano vía telemática, así como lo hace igualmente en las sesiones plenarias de la Corte Suprema de Justicia. Garay es actualmente el presidente de la sala civil de la máxima instancia judicial y vicepresidente de la Corte.

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México respira aliviado este jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplazara 90 días la subida arancelaria a pocas horas de que expire el plazo para negociar acuerdos.

Varias economías importantes como Brasil e India no se han puesto de acuerdo con Washington para rebajar las tarifas aduaneras que Trump prevé aplicarles a partir de medianoche con el objetivo de imponer un nuevo orden comercial mundial.

“Los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente republicano de 79 años advirtió que el plazo del 1 de agosto es inaplazable, pero se ha mostrado más indulgente con México tras mantener, según él, una conversación telefónica “muy exitosa” con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes”, reconoció Trump, que en los últimos meses ha agradecido a su vecino sus esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal.

“Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo” con el objetivo “de firmar” un trato “dentro de ese plazo, o incluso más”, precisó.

Por lo tanto México seguirá pagando el arancel del 25 % que le impuso para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25 % a los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y el aluminio y a partir del viernes un 50 % al cobre.

Los productos incluidos en el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, estaban protegidos de los recargos, es decir su inmensa mayoría.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.

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México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump en su mensaje sin precisarlas.

El 1 de agosto se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras más allá del mínimo universal del 10 % impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles.

El viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. Excluye las importaciones del metal bruto, una muy buena noticia para Chile.

Los aranceles sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE), aumentarán a partir de la medianoche, entre un 11 % y un 50 %, dependiendo del origen de los bienes.

Algunos países, como la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas, han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el jueves que se han alcanzado acuerdos con Camboya y Tailandia, sin dar detalles. Y Taiwán habla de “cierto consenso” con Washington.

• Fuente: AFP

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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que la propuesta de reforma del transporte público otorga versatilidad tanto al sector público como privado para la adquisición y operación de buses a fin de brindar un mejor servicio al ciudadano.

“Con esta reforma, el Estado puede participar del sistema en paralelo al privado. Ambos pueden participar. No lo restringimos, nosotros le dimos mayor habilidades al Estado, porque esto es muy dinámico y complejo y el Estado debe tener la fortaleza para responder a la complejidad. Entonces, el Estado puede ser proveedor de flota y también ser operador, al igual que el privado puede ser proveedor y operador”, detalló en visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

Resaltó que dentro de la reforma se está trabajando varios componentes, uno de ellos es el tema de los buses, pero también contempla el aspecto vial, lo que no quiere decir que se establecen nuevas calles, sino que habla de una infraestructura de mantenimiento de las calles entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con municipios y gobernaciones.

“Por eso, necesitamos una ley o marco jurídico que otorgue habilidad al Estado incluso de ser operar o poder proveer flota. Pero el foco principal está finalmente en una gran alianza público-privada, desde el punto de vista de la empresa que va a proveer el servicio, la flota; pero tampoco hay que olvidar a la gente, que finalmente paga una parte importante de la factura de todo el sistema de transporte”, acotó.

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Por otra parte, el viceministro indicó que a la fecha existen 36 empresas de transporte con buses muy viejos, que tienen itinerarios que son prácticamente patrimonio de ellos y que ya no se les puede sacar. Entonces, lo que se permite con la ley es propiciar un marco de competencia donde se puedan volver a licitar los corredores, con lo que se busca abrir un proceso de depuración de las empresas.

“Una empresa en un corredor genera sostenibilidad financiera, porque esto es un negocio a escala. Cuando se tiene una empresa que puede ser sostenible por el giro del negocio, son empresas que pueden invertir en calidad. Cuando se invierte en calidad, que a su vez significa invertir en usuarios, propiciando la compra de buses nuevos”, comentó.

“A la par de esto hay que hacer varias cosas, infraestructura, a la par fortalecer al viceministerio del Transporte, no vamos a tener una reforma sin un viceministerio robustecido; porque al final del día lo que se necesita es un control más robusto, podemos cambiar el sistema, pero sin control se puede desordenar”, acotó.

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Durante un acto en Palacio de Gobierno, liderado por el presidente Santiago Peña, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó oficialmente el proyecto de paquetes de leyes que prevé 10 cambios en el sector público para impulsar el desarrollo de la economía.

“Hay algunas actualizaciones de leyes que han servido mucho para hacer inversiones, para crear empleo que necesitamos en este momento. Una de ellas es la vieja ley 60/90 que ahora se llama ley de Inversión Nacional y Extranjera, porque pone en un mismo lugar al local e internacional”, explicó el secretario de Estado.

Fernández Valdovinos fue enfático en decir que el Gobierno no está “obsesionado” solo con la inversión extranjera, sino con la inversión en general, sea nacional o extranjera. “Al compatriota lo que le importa es el empleo, y le da lo mismo si el dueño es nacional o extranjero”, dijo.

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Luego, expuso que también están trabajando en la modernización de la Ley del Mercado de Valores, teniendo que en cuenta que ahora la Superintendencia de Valores se encuentra dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), y recordó que este sábado se celebra el primer aniversario del grado de inversión, “un hito económico importante”.

“Necesitamos actualizar también esa ley, de modo que el capital que llegue a Paraguay tenga muchas más facilidades, y que el mercado de valores opere bajo estándares internacionales. Así podremos alcanzar en el ámbito regulatorio el mismo estándar de grado de inversión que ya tenemos en lo macroeconómico”, explicó Fernández Valdovinos.

Profundizó en que estas iniciativas apuntan a una transformación productiva, tecnológica y financiera que beneficiará directamente a la ciudadanía, como la política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos y digitales.

Con esto, se crea un marco normativo que impulsa la industrialización en el sector tecnológico, incentivando la producción local de dispositivos clave para el desarrollo digital, y se proponen incentivos concretos para que empresas nacionales e internacionales instalen fábricas de equipos eléctricos, electrónicos y digitales en el país. Esto implica más empleos formales, transferencia tecnológica, desarrollo industrial y posicionamiento del país en la cadena de valor global.

En el paquete de leyes se elimina una norma que obligaba a las aerolíneas a pagar un 6 % a agencias por cada pasaje vendido, lo que limitaba la competencia. Esto quiere decir que más aerolíneas podrán operar en el país, se abrirán nuevas rutas aéreas, habrá más opciones de vuelo y pasajes más accesibles.

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