Portugal estará bajo emergencia sanitaria a partir del lunes durante al menos dos semanas, para permitir al gobierno endurecer las restricciones a fin de frenar la pandemia de coronavirus, según un proyecto de decreto presidencial revelado este jueves.
“La seguridad jurídica de las medidas adoptadas o por adoptar por las autoridades competentes (...) exige la declaración de un estado de emergencia de alcance muy limitado y de efectos ampliamente preventivos”, indica el texto firmado por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que, en principio, será aprobado por el Parlamento el viernes.
Entre las medidas que permitirá el decreto está “la prohibición de circular en la vía pública en ciertos periodos de la jornada o ciertos días a la semana”. Durante la primera ola de pandemia, en primavera, el país estuvo en emergencia sanitaria durante seis semanas.
Siete de cada 10 portugueses están sometidos desde el miércoles a un nuevo confinamiento, más flexible que el de primavera, durante al menos dos semanas en 121 de las 308 municipios del país. El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, no descarta aplicar un toque de queda como ya rige en varios países europeos. No obstante, el gobierno contempla mantener abiertas las escuelas.
Las autoridades de Salud reportaron el miércoles un récord diario desde el inicio de la epidemia, con 59 decesos y 7.497 nuevos casos debido al registro tardío de 3.570 cas detectados desde el viernes. El número de casos confirmados se duplicó en el transcurso de un mes en Portugal, con un total de 161.350 infecciones, según el balance oficial difundido el jueves.
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Fuente: AFP.
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Ministerio Público opera con 50 % de los fiscales requeridos y solicita mayor presupuesto para 2027
En el marco de la presentación de su plan financiero para 2027, el Ministerio Público detalló las prioridades estratégicas en recursos humanos, tecnología de investigación penal y obras edilicias. La institución fundamentó ante la Comisión Bicameral un requerimiento de G. 1.286 billones para el ejercicio fiscal de año que viene.
Durante la exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, las autoridades fiscales detallaron que los fondos serán destinados a cubrir necesidades críticas en tres áreas estratégicas:
- infraestructura
- tecnología de punta para el área forense
- y el fortalecimiento del talento humano.
Como argumento central para justificar el incremento de 1.286 billones de guaraníes, la institución expuso una marcada diferencia acumulada entre los presupuestos que se solicitaron y los que finalmente aprobó el Poder Legislativo en los últimos años. Entre 2023 y 2026, el Ministerio Público requirió un total de G. 4.211 billones, pero solo recibió G. 2.867 billones.
Esta brecha histórica dejó un descalce financiero de G. 1.344 billones, lo que ha limitado la capacidad de respuesta de la Justicia penal. El reflejo más inmediato de esta situación se dio en el presupuesto de 2026, año en que la institución solicitó G. 1.056 billones y sufrió un recorte de G. 293.000 millones, percibiendo únicamente G. 763.000 millones.
Durante la exposición indicaron que Paraguay necesita al menos 700 unidades fiscales, con sus correspondientes agentes fiscales titulares, mientras que actualmente la institución cuenta con aproximadamente 350 agentes fiscales, según los datos presentados.
”La solicitud presupuestaria para 2027 plantea la necesidad de contar con recursos que permitan ampliar la cobertura institucional, modernizar los servicios de investigación científica y mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía", apuntaron.
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Inversión requerida
El Ministerio Público necesita laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias. Además de incorporar tecnología para el procesamiento de escenas del crimen, la identificación de personas y la preservación de los elementos probatorios.
Identificó limitaciones en infraestructura y disponibilidad de profesionales especializados, aspectos que requieren atención para fortalecer las investigaciones sustentadas en evidencia científica. Entre los proyectos mencionados se encuentra la conclusión de la sede del Ministerio Público en Encarnación.
“El fortalecimiento de la infraestructura, la tecnología y los recursos humanos constituye una prioridad expuesta por la institución para avanzar hacia una mayor capacidad de respuesta frente a los hechos punibles denunciados en todo el territorio nacional”, resaltaron.
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PGN 2027: titular del MEF expone sus prioridades ante la Bicameral
El ministro de Economía, Óscar Lovera, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que ahora está bajo estudio del Congreso. Explicó que el 98 % del presupuesto institucional se destina al cumplimiento de las obligaciones del Estado y al servicio de la deuda pública, principalmente para cubrir jubilaciones, transferencias y compromisos financieros.
En el marco de las audiencias informativas de la Comisión Bicameral, presidida por la diputada Cristina Villalba, el alto funcionario junto a los legisladores miembros de esta mesa de trabajo evaluaron el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027. El ministro Lovera confirmó que la propuesta presupuestaria asciende a G. 166.322.078.980.116.
Así también, sobre los gastos operativos, que representan el 2 % del total, señaló que se priorizan el capital humano y la tecnología, con el propósito de optimizar los demás gastos de funcionamiento. Asimismo, destacó el fortalecimiento del equipo técnico del Ministerio mediante la incorporación de profesionales calificados, con criterios de paridad de género y vocación de servicio público.
Ingresos tributarios y jubilaciones
El ministro también se refirió al impacto de la caída del dólar en los ingresos aduaneros y la recaudación tributaria. Al respecto, indicó que el crecimiento de la recaudación llegó al 2,3 % hasta septiembre, por debajo del 8 % previsto inicialmente.
Ante este escenario, anunció que el equipo económico convocará a representantes de diez gremios para analizar los efectos de la variación del tipo de cambio.
Por otra parte, informó que el proyecto de presupuesto contempla un incremento del 20 % en las transferencias destinadas a jubilaciones, debido a la actualización vinculada al salario mínimo y a las solicitudes de jubilación presentadas.
Intervención de legisladores
Durante el intercambio, el senador Ignacio Iramain sostuvo que la gestión de un ministerio no debe evaluarse únicamente por su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras, sino también por los resultados obtenidos con el uso de los recursos públicos.
Si bien, Iramain valoró el cumplimiento de los compromisos del Estado, advirtió sobre la necesidad de prestar atención al desequilibrio entre los ingresos y los egresos.
En tanto, que la senadora Celeste Amarilla solicitó información detallada sobre la composición de la deuda pública, en particular, la identidad de los acreedores y los montos adeudados a cada uno. En ese sentido, sostuvo que estos datos deben estar disponibles para la ciudadanía, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
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Latorre aboga por avanzar en comisión de seguimiento a deudas a proveedores
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó el impulso de un proyecto de ley para crear una comisión especial, en la Cámara de Diputados, que supervise el pago de las deudas del Estado con proveedores, subrayando la importancia de honrar estos compromisos para dinamizar la economía y mejorar la circulación del dinero.
En conversación con varios medios de prensa, el legislador señaló que está conversando con los colegas de diferentes bancadas para avanzar en esta propuesta que plantea crear una comisión que le dé seguimiento al pago de las deudas del Estado con los proveedores, sean estos de las farmacéuticas y las empresas de la construcción.
Latorre indicó que fue en el inicio de esta “segunda etapa en la gestión”, tras el reciente juramento del ministro de Economía. “La primera que tenía que ver con el ordenamiento macroeconómico, que creo que está cumplida, ahora el desafío actual es lograr que los paraguayos sientan el dinero circulante”, remarcó.
Recordó que las industrias y empresas proveedoras del Estado, son parte del sistema que dinamizan la economía del país, ya que son los que pagan los salarios a cientos de miles de paraguayos. “Son los que pagan un salario, los que dinamizan nuestra economía, los que cuando se construye una ruta hacen que se compre en las despensas, en los supermercados locales y es fundamental saldar estas deudas, honrar estos compromisos para poder mejorar la situación del dinero circulante en el Paraguay”, enfatizó.
Inversión en comunicación
Por otra parte, el diputado Latorre, defendió la inversión del Estado en materia de comunicación, asegurando que lo ve como un aspecto muy positivo en la gestión gubernativa en lo que hace a mejorar la comunicación institucional. Sostuvo que esta convicción está fundamentada en que la información es un derecho constitucional y un bien público.
“Siempre tuve una posición contraria a satanizar el aporte del Estado; o mejor dicho, la inversión del Estado en comunicación. La información es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y es un bien público. Yo creo que el Estado debe hacer el mayor esfuerzo para informar de manera correcta a la ciudadanía. En ese sentido, el esfuerzo de informar también requiere inversión. A mi criterio, hay grandes falencias que tiene este gobierno y muchos otros anteriores en materia comunicacional que se debe mejorar”, acotó.
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Producción editorial creció 10,4 % y llegó a 36 ciudades del país
La producción editorial paraguaya registró un crecimiento del 10,4 % durante 2025, con un total de 1.393 publicaciones registradas, frente a las 1.262 del año anterior. Los datos de la Agencia Paraguaya del ISBN, dependiente de la Biblioteca Nacional, también reflejan una mayor participación de autores-editores y una creciente presencia de lenguas indígenas en los libros publicados.
El registro ISBN (Número Internacional Normalizado para Libros) permite identificar cada edición mediante un código internacional que facilita su catalogación, distribución y comercialización. Además, constituye una herramienta para observar la evolución de la actividad editorial y su distribución territorial.
Uno de los cambios más relevantes fue el aumento de los autores-editores, quienes gestionan directamente sus publicaciones. Esta modalidad pasó de 254 registros en 2024 a 431 en 2025, lo que representa un incremento del 69,7 %. Asimismo, la cantidad de autores-editores únicos subió de 139 a 197, mientras que los actores editoriales con al menos un ISBN asignado aumentaron de 213 a 280.
En cuanto a la distribución geográfica, las publicaciones alcanzaron 36 ciudades, frente a las 32 del año anterior. Asunción concentró 1.008 registros, equivalentes al 72,4 % del total, mientras que las demás localidades sumaron 385. Lambaré pasó de 56 a 90 publicaciones y Encarnación aumentó de 20 a 73 registros.
La lengua
Otro aspecto destacado fue la diversificación lingüística. Las publicaciones con presencia de idiomas distintos del español aumentaron de 160 a 274, una variación del 71,3 %. En particular, los libros que incorporan lenguas indígenas pasaron de 127 a 167. El guaraní registró 161 presencias, frente a 126 en 2024, además de publicaciones en aché-guayakí, ayoreo y nivaclé.
Por materias, Literatura y Retórica lideró con 524 registros, seguida por Ciencias Sociales, con 351. Del total de publicaciones, 1.180 correspondieron a formato impreso y 213 a soporte digital. Los datos muestran así una expansión de la actividad editorial, con más participantes, mayor alcance territorial y diversidad de idiomas.
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