El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Este miércoles, tras las declaraciones de los jueces que conformaron el Tribunal de Sentencia que liberó a un docente que envió más de 600 mensajes acosando a su alumna, desde la Fiscalía indicaron que presentaron más de 300 capturas de pantallas con los mensajes que el docente de 53 años envió a la misma, por lo que no se justifica en absoluto la determinación asumida por los magistrados, ya que las pruebas estaban a la vista. Luego de leer la sentencia, el Ministerio Público apeló la decisión.

Según el fiscal Rodrigo Vázquez, desde el año 2022 presentó todas las evidencias a los jueces y es imposible que hayan pasado por alto los más de 600 mensajes que envió el docente a la niña de 11 años. Entre ellos, se puede leer: “sos súper sexy”, “te adoro, te amo, mi princesa”, “te pido que vengas sola en casa, sin que nadie se entere, para besarte desde la punta de los pies”.

“Si bien, como ellos mencionan que la Fiscalía supuestamente no incluyó ciertos mensajes dentro del relato del hecho, yo ofrecí la totalidad de los chats al momento del juicio oral y también la Cámara Gesell. Declaró la nena, estaban todas las pruebas”, dijo Vázquez, en entrevista con la 650 AM. Los magistrados que decidieron liberar al docente fueron: Julio Alfonso, Juan Ruiz Díaz Gamba y Víctor Ortigoza.

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Afirmó que realizaron una extracción de datos que tenía un total de 318 páginas, en estos se incluyeron mensajes de texto y audios, que se produjeron entre el docente y la niña, al cual tuvo acceso el Tribunal. “Desde el principio de la investigación los jueces fueron los mismos, o sea, que ellos digan, hoy en día que no se agregó o no se incluyó mensajes, no varía el hecho”, refirió.

Rechazó rotundamente que los jueces quieran culpar al Ministerio Público por la falta de evidencias porque fueron presentadas y figuran en la carpeta fiscal. “Ellos tenían a mano todas las pruebas, o sea, tenían conocimiento de todo. No pueden alegar que no hayan visto las pruebas, si al final para sentenciar tenían que haber visto todo”, lamentó. El fiscal solicitó la apelación de la sentencia que libera de culpa y pena al docente.

La denuncia se realizó en el año 2022, tiempo en que los estudiantes aún no retornaban a clases por la pandemia del covid y en ese periodo las tareas eran enviadas vía WhatsApp a los docentes. Este tiempo que fue aprovechado por el maestro, quien envío más de 600 mensajes a la niña en el que incluso le pedía que fuera a su casa para “entregar las tareas”, pero le pidió que fuera sola.

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El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) anunció que a partir del 2 de abril todos los lotes de sésamo con destino a Taiwán pasarán por un proceso de muestreo antes del embarque. La medida busca garantizar la calidad y seguridad de los granos, especialmente en lo que respecta a los niveles de cadmio.

El presidente del Senave, Pastor Soria, en conversación con La Nación/Nación Media, manifestó que este trabajo se realizará luego de que técnicos taiwaneses hayan detectado niveles altos de cadmio en tres contenedores, de 28 toneladas cada uno, provenientes de Paraguay. Estos granos contaminados entraron en un periodo de cuarentena.

Esta situación obligó a los técnicos paraguayos a hacer un estudio a nivel local. Se pudo determinar que los granos provenientes del Chaco son los que presentan niveles altos de cadmio, un metal pesado que puede representar un riesgo para la salud humana. “Creemos que el suelo es el que tiene alto contenido de cadmio y eso lastimosamente se le transfiere al grano, es la explicación que me dieron los encargados de la División de Calidad Vegetal y la gente del laboratorio”, explicó.

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El principal objetivo de esta medida es garantizar que los productos exportados cumplan con las normativas internacionales de seguridad alimentaria. “Pusieron condiciones en las que nosotros teníamos que detectar antes de enviar, de lo contrario el mercado de Taiwán se podría cerrar para nosotros”, mencionó.

Senave se encargará de hacer el análisis correspondiente, tanto en el campo como los productos preparados para la exportación. Soria aseguró que todos los contenedores serán analizados para constatar que los niveles de cadmio cumplan con los niveles permitidos y así cuidar nuestro nuestro mercado.

Cabe destacar que el mercado de Taiwán es el más importante para la producción de sésamo. Representa el 38 % de las exportaciones de este grano, seguido por México con el 32 %. “Es un acuerdo que llegamos con la gente de Capexse, entre los exportadores mismos. Ellos saben de las exigencias de los mercados. Deberían ser los más preocupados en que el producto vaya con la mayor calidad posible, inocuo, como corresponde a nuestra producción”, dijo Soria a LN/NM.

Para obtener el certificado fitosanitario de exportación, los exportadores deberán presentar dos documentos en la Ventanilla Única del Exportador (VUE): en primer lugar el acta de muestreo de los lotes, un documento que certifica que los lotes han sido correctamente muestreados por personal autorizado del Senave, y en segundo lugar los informes de resultados del análisis. Este informe debe incluir el número de lote y el precinto de la muestra analizada, asegurando que los granos cumplen con los estándares de seguridad requeridos.

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La Cámara de Diputados tiene prevista llevar adelante su sesión ordinaria este martes 1 de abril, para ello, la mesa directiva estableció un orden del día que incluye un total de 19 puntos a ser tratados desde las 09:00. Entre ellos se destaca el proyecto de ley “De protección de datos personales en Paraguay”. Asimismo, tienen previsto analizar una propuesta que prohíbe el ingreso de equipos celulares en los centros penitenciarios y educativos del país.

De acuerdo al orden del día, el plenario dará continuidad al estudio sobre la propuesta de “Protección de datos personales en Paraguay”, que se encuentra en su primer trámite constitucional y cuenta con aprobación en general y deberán avanzar en su estudio en particular.

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Al respecto, la exposición de motivos señala que el proyecto tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de los cuales Paraguay es parte.

Recuerdan que esta propuesta cuenta con 88 artículos distribuidos en 11 capítulos, que abarcan temas como limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos; principios de lealtad, transparencia, responsabilidad, confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos, niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video-vigilancia; datos de la administración pública, entre otros.

Dicha normativa es producto de un extenso trabajo encaminado por la “Coalición de Datos Personales”, que reunió a varios representantes, tanto del sector público como del sector privado, y expertos internacionales, para trabajar y consensuar un documento que se constituya en herramienta jurídica para proteger los datos personales en nuestro país.

Por otra parte, el plenario tiene en agenda la consideración del proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país”. El documento subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y hasta riesgo de planificación de fugas. El proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite constitucional propone penas privativas de libertad que oscilan entre 2 y 7 años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta 7 años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

El documento también resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

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