El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.

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Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.

El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.

Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.

“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.

Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.

Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.

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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios  conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.

Fuente: AFP

Las instituciones responsables deben encontrar el mecanismo de acabar con las protestas que embarran los procesos en las licitaciones de compra de medicamentos.

Es sabido que la principal causa del desabastecimiento en los hospitales proviene de la guerra entre proveedores que con despiadadas maniobras postergan la compra de los insumos, esta situación se ha vuelto insostenible, están jugando con la vida de la gente.

La serie de ataques que han mediatizado algunos políticos para pegar al Gobierno por reclamos en Salud Pública como en la previsional básicamente terminó por sacar a la luz el juego perverso de las protestas. Lejos de perjudicar la reputación de la administración estatal, lo que salió a la luz revela un robusto negocio en el que todo vale y algunos proveedores (no todos) que están muy distantes del compromiso de un servicio sanitario más eficiente.

La oscura herencia del gobierno anterior ha dejado una factura muy pesada para la actual administración estatal. Instituciones minadas de corrupción entre las cuales las del servicio sanitario han cobrado notoriedad por las carencias y los problemas a resolver.

La coalición político-mediática intentó de todas las formas aprovechar las carencias para responsabilizar de manera absoluta a este Gobierno. Sin embargo, uno de los hilos detrás de la emergencia que sufrimos todos, lleva a maniobras en las que el negocio no se apiada de la salud de la gente.

La falta de medicamentos es una de las principales dificultades en el acceso a un servicio de salud eficiente. Sin embargo, la solución para esta problemática es más compleja que cualquier instrucción administrativa autoritaria que se pudiera pensar.

Existe toda una rosca amañada detrás de la provisión de medicamentos, insumos sanitarios, servicios hospitalarios.

La estrategia sistemática consiste en protestas, muchas de ellas torcidas como para amañar procesos pasando por alto reglas y principios bien establecidos en las contrataciones públicas.

La situación se ha vuelto caótica. Hay protestas que llegan a dilatar por años la compra de medicamentos para pacientes muy vulnerables cuya vida, literalmente depende de estos insumos.

No es una cuestión solamente de burocracia estatal, sino de jugadores que embarran la cancha antes de comenzar el partido. Bien lo dijo en estos días el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) que la angurria de ciertos proveedores boicotea la gestión.

Es una rosca pequeña, no todas las empresas se dedican al apriete mediante protestas para adjudicarse contratos vía licitaciones. Sin embargo, ese grupúsculo dilata procesos y sacrifica el stock de los puestos sanitarios.

Tiene que haber alguna herramienta jurídica para sanear el mercado licitatorio. No se puede supeditar las compras del Estado a la guerra comercial entre proveedores. Si las reglas son claras, es cuestión de acatarlas; de lo contrario, esta decadencia en el abastecimiento no tendrá solución jamás.

Corresponde realizar una profunda revisión de las normativas de contrataciones públicas, pulir estadísticas y calificar a los proveedores conforme al comportamiento y respeto de las normas en cada proceso licitatorio, en todos los rubros.

No se puede seguir tolerando que el Estado esté supeditado a las maniobras de los proveedores para brindar un servicio eficiente sea en salud y otro segmento. Tiene que encontrarse una solución a este problema de larga data.

Manifestantes arrancaron postes del alumbrado y embistieron contra un edificio público en una escena digna de una justa medieval. Ocurrió en México, sacudido por protestas a una semana del Mundial. Un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, ha realizado movilizaciones masivas antes del torneo, que arranca el 11 de junio en el estadio Azteca. Reclaman un aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones.

Las acciones escalaron desde el lunes, cuando los manifestantes llamaron a un paro. Luego derribaron con cuerdas estatuas de futbolistas levantadas en el concurrido Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital. Un balón gigante que las adornaba quedó en el medio de la avenida.

El diálogo entre el gobierno y los maestros no ha dado resultados. “No es la respuesta que queremos escuchar”, dijo el jueves la representante sindical Yenny Pérez tras una propuesta del gobierno que, estimó, “no cubre las demandas centrales” del movimiento.

La emblemática plaza del Zócalo, donde se ubican el palacio presidencial y el ‘fan fest’, permanece rodeada de barreras metálicas para impedir el paso de los manifestantes, que suelen instalarse ahí para presionar por sus demandas.

Muchos comercios se vieron forzados a cerrar y el ya caótico tránsito capitalino solo empeora con cada protesta. “¡Por más que nos organizamos, por más que marchamos, por más que gritamos, el gobierno nada más no nos escucha!”, señaló Fabián Villegas en una de las protestas de esta semana. “Vamos a seguir... es hoy o nunca”.

La policía recurrió el lunes a gases lacrimógenos para contenerlos. Dos manifestantes y al menos un peatón fueron heridos en el choque. Un maestro fue evacuado mientras sangraba del rostro y la CNTE reportó que perdió un ojo.

“Verificaremos si este actuar se apegó o no a los protocolos”, explicó a la AFP el secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez. “En ningún momento hay una instrucción ni de reprimir, ni de actuar en contra de los manifestantes”.

La presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gobierno llaman a diario a dialogar y analizar los planteamientos de la CNTE, que por ejemplo rechazan un aumento acordado con el gobierno de 9 % por el sindicato oficial de los educadores.

“Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial”, dijo la mandataria izquierdista en su rueda de prensa. “No vamos a caer en la provocación”.

Analistas consultados por la AFP coinciden en que el gobierno no atendió a tiempo las demandas de los maestros, que han amenazado con más protestas durante todo el Mundial.

Luis Hernández Navarro, especialista en este grupo de maestros, indicó que una reunión entre la mandataria y los maestros ayudará “a bajar esta tensión”, pero Sheinbaum descartó por ahora el encuentro y encargó las negociaciones a sus ministros.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surgió en 1979 y desde entonces incomodó a presidentes del otrora hegemónico PRI y del derechista PAN.

Y ahora al gobernante partido Morena, “incapaz de responder” ante una crisis a la que no está acostumbrado por sus altos índices de popularidad, estimó el analista Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México.

Aguayo considera “casi imposible” que Sheinbaum use la fuerza para controlar estas protestas, tras el antecedente de la llamada masacre de Tlatelolco.

Fue un mitin estudiantil que la policía reprimió en 1968 y dejó 400 muertos, según familiares y activistas, aunque las cifras oficiales solo registraron 30 víctimas.

Sheinbaum se dice heredera de ese movimiento y uno de sus primeros actos como presidenta fue ofrecer una “disculpa pública” por la masacre. Por ello, con el Mundial encima, no tiene mucha más opción que “hacer concesiones” ante la CNTE, concluyó Aguayo.

Fuente: AFP.

El gobierno de Chile anunció el jueves que presentará una reforma legislativa para ampliar de cinco a 180 días el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión del país.

El presidente José Antonio Kast, un abogado de extrema derecha de 60 años, adquirió el poder en marzo con la promesa de expulsar a los cerca de 330.000 inmigrantes sin permiso de residencia que se estima viven en Chile, a quienes el mandatario les atribuye un aumento en la inseguridad en el país.

En su primera rendición de cuentas, Kast aseguró el lunes que buscará “fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención” de indocumentados, actualmente de cinco días.

Este jueves, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, precisó que el gobierno presentará un proyecto de ley que permitirá que “sea de 180 días” el plazo de detención provisional de un migrante indocumentado que cometa un delito, a fin de gestionar su expulsión del país.

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“Cinco días resulta del todo insuficiente, porque después esas personas quedan en libertad y no son encontradas”, explicó el ministro a la prensa, durante un operativo policial para fiscalizar a migrantes.

Arrau no precisó cuándo se presentará esta reforma, ante una consulta de la AFP.

El gobierno también impulsa un proyecto de ley para convertir en delito el ingreso ilegal a Chile, que actualmente se considera solo una falta.

Kast dijo el lunes que incentivará “la salida voluntaria de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile”, y promete perdonar multas y no prohibirles regresar en el futuro de formar regular.

• Fuente: AFP

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