El gobierno español prepara la declaración este domingo de un nuevo estado de alarma que permita la aplicación de un toque de queda en ciertas regiones del país, uno de los más castigados por la pandemia del COVID-19.

Desde aproximadamente las 10:15 (9:15 GMT), el ejecutivo está reunido en un consejo de ministros extraordinarios. A partir de las 12:00 (11:00 GMT), está prevista la comparecencia del jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez, anunció su equipo de prensa.

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En un comunicado en la víspera, el gobierno explicó que la reunión se convoca para “estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma”. Sánchez “ofreció esa posibilidad” el viernes a las 17 regiones autónomas del país y que “la propuesta fue acogida positivamente por la mayoría” de ellas, explicaba el texto.

Este estado de alarma, un régimen jurídico excepcional, permitiría a las autoridades regionales, competentes en sanidad, adoptar severas restricciones a la movilidad sin temor a que sean tumbadas por un juez, como ha ocurrido recientemente.

“Todas las medidas necesarias”

El sábado por la noche, más de la mitad de regiones del país pidieron al gobierno central la proclamación de este estado de alarma para poder imponer toques de queda a sus ciudadanos. Entre marzo y junio, el ejecutivo de Sánchez recurrió a este recurso legal para amparar el severo confinamiento domiciliario decretado para contener la primera ola del coronavirus.

El presidente socialista preparó el terreno el viernes en una comparecencia en la que advirtió de la gravedad de la situación y de los meses “muy duros” que estaban por venir. “Estamos listos para adoptar todas las medidas necesarias” para frenar la pandemia, dijo.

Dos días antes, España se había convertido en el primer país de la Unión Europea y el sexto del mundo en superar el millón de casos diagnosticados de COVID-19, aunque la cifra real de contagios se sitúa alrededor de tres millones, según dijo Sánchez. En cuanto a fallecidos, el balance oficial roza las 35.000 víctimas.

Tras su discurso, numerosos presidentes regionales salieron en cascada para pedir la declaración del estado de alarma. Desde junio, la gestión de la pandemia ha recaído en las autoridades regionales que han ido adoptando numerosas restricciones como la obligatoriedad de llevar mascarilla en cualquier espacio público, la limitación de las reuniones o confinamientos perimetrales.

Pero sin el régimen de excepcionalidad jurídica que brinda el estado de alarma, todas estas restricciones han tenido que ser ratificadas por una autoridad judicial que no siempre dieron su visto bueno.

Los números del Congreso

El gobierno central puede declarar el estado de alarma por un plazo de quince días pero, si quiere extenderlo, necesita del apoyo de la mayoría del Congreso, donde su coalición de izquierdas se encuentra en minoría. Entre marzo y junio el ejecutivo sufrió para aprobar las distintas prórrogas efectuadas, que requirieron acuerdos con varias formaciones distintas y fueron duramente criticadas por el principal partido opositor, el conservador Partido Popular (PP).

Ahora, Sánchez parece tener garantizada una mayoría parlamentaria con el apoyo expresado por nacionalistas vascos y catalanes y un pequeño partido de centroderecha, Ciudadanos, que ya le ofreció sus votos a pesar de ubicarse en el bloque opositor.

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Queda la incógnita de qué hará el Partido Popular. Si bien el gobierno trata de obtener su apoyo, los conservadores no terminan de posicionarse y recientemente se opusieron ferozmente a la declaración de un estado de alarma en Madrid y ocho ciudades aledañas para aplicar un cierre perimetral que termina este sábado.

El gobierno regional de Madrid, liderado por el PP, aplica desde este domingo una prohibición de las reuniones sociales entre medianoche y las 6:00, así como un bloqueo perimetral de 32 barrios donde la propagación del virus es más fuerte.

Fuente: AFP.

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