La exguerrilla FARC reconoció ante la justicia de paz su responsabilidad en varios de los crímenes que han estremecido a Colombia, entre ellos el magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.
En un comunicado difundido el sábado, el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en seis sonados casos.
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Entre ellos el magnicidio de Gómez y los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999 y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín en 1987.
También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ambos estuvieron implicados en la masacre de Tacueyó, en la que murieron decenas de guerrilleros que fueron torturados antes para que reconocieran su supuesta traición a la lucha rebelde.
Sorpresiva culpabilidad
El anuncio de la exguerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa en un país que por muchos años creyó detrás del ataque contra uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la investigación hasta encontrar a los responsables. Gómez cayó baleado por sicarios que dispararon contra su vehículo a la salida de la universidad donde dictaba clase, en el norte de Bogotá. El jueves la exsenadora y conocida mediadora de paz Piedad Córdoba lanzó una advertencia en torno al asesinato del excandidato conservador.
Córdoba, quien participó activamente en el proceso de paz con las FARC, anticipó que sabía quién había matado a Álvaro Gómez y ofreció dar su versión ante la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que fue creado como parte de los acuerdos con los rebeldes.
La exguerrilla, sin embargo, pareció anticiparse a la revelación en la explosiva carta que le envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre. La misiva está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, según el comunicado difundido este sábado.
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Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso colombiano, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de 2016 que terminaron con un conflicto de casi seis décadas. La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y aceptó someterse a la JEP, a cambio de poder ejercer la política como partido.
Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel. El conflicto colombiano deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, quienes componen el mayor número de afectados por la guerra.
Además de las FARC, en la lucha interna han participado agentes del Estado, otras organizaciones rebeldes, narcotraficantes y grupos paramilitares de ultraderecha. Aunque el pacto de paz disminuyó la violencia, todavía persisten grupos financiados por el tráfico ilegal de droga que han intensificado sus acciones este año, dejando cientos de víctimas en una serie de masacres.
Fuente: AFP.