Un tribunal de Bogotá negó ayer lunes un pedido del expresidente colombiano Álvaro Uribe para recuperar su libertad mientras apela la histórica sentencia de 12 años de prisión domiciliaria por cargos de soborno y fraude procesal. Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en una corte de primera instancia por intentar sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.

Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Rionegro, a unos 30 km de Medellín. La jueza dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga. Pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron el lunes al Tribunal Superior de Bogotá “el restablecimiento inmediato de la libertad” del expresidente.

El mismo día, un juez de esa corte decidió “no decretar la medida provisional” solicitada por la defensa del exmandatario, al considerar que el recurso de libertad “no cumple los estándares de urgencia” requeridos por la ley colombiana, según la resolución del juzgado.

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Uribe, de 73 años y uno de los políticos más influyentes del país, se convirtió en el primer exmandatario colombiano condenado y privado de la libertad tras ser hallado culpable por obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

Uribe denuncia que el juicio estuvo politizado y bajo presiones de la izquierda, actualmente en el poder. Su partido, Centro Democrático, convocó a marchas en todo el país el 7 de agosto para defender al político, muy popular en Colombia por su lucha y política de mano de hierro contra la guerrilla. Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar por escrito los argumentos de su apelación.

Luego, el caso pasará a otra sala del tribunal de segunda instancia de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Esta condena abre la puerta a otras investigaciones contra Uribe que lo vinculan con los paramilitares y sus graves violaciones a los derechos humanos en los peores años del conflicto armado.

Fuente: AFP

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El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.

“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

• Fuente: AFP

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La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) estima que durante el Mundial de Rally a celebrarse en Itapúa a finales de agosto, el aeropuerto de Encarnación tendría unos 150 vuelos diarios provenientes de Buenos Aires y Asunción.

Una nueva era en la aeronáutica en Itapúa esperan desde la Dinac, ya que con el nuevo aeropuerto y el Mundial de Rally se vaticina un amplio flujo de vuelos y visitantes entre el 28 y el 31 de agosto, fechas en las que se desarrollará en nuestor país el Mundial de Rally.

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El presidente de la Dinac, Nelso Mendoza, afirmó que las estimaciones que manejan es de un flujo de 150 vuelos diarios durante esas fechas, entre Buenos Aires y Encarnación, así como conexiones desde Asunción. Señaló que el aeropuerto de Encarnación tiene la capacidad para tal cantidad de vuelos diarios.

“La plataforma tenía 10.000 metros cuadrados y lo llevamos a 20.000, e inclusive estamos haciendo una zona provisional para aeronaves de menor porte. En caso de que se saturen las plataformas tenemos ya conversado con los aeródromos de zonas aledañas para que estas naves puedan ir, aterrizar y quedar en esos aeródromos”, dijo a la 1080 AM.

En los días previos y posteriores a la competición, el flujo estimado sería de 19 vuelos diarios solo entre Asunción y Encarnación, según Mendoza.

El titular de la Dinac explicó que el número de 150 vuelos diarios no es exagerado, recordando que durante la final de la Copa Sudamericana de la Conmebol, celebrada en Asunción en noviembre de 2024, se tuvo un total de 600 vuelos en solo dos días en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

“En la final de la Sudamericana, 600 vuelos tuvimos en dos días (en el Silvio Pettirossi). Así que no nos extrañaría que lleguemos a 150 en el aeropuerto de Encarnación”, mencionó.

En ese sentido, manifestó su deseo de que el cambio de estatus del aeropuerto a internacional y el flujo de vuelos que recibierá, marquen “el inicio de una nueva era” en la aeronáutica del departamento de Itapúa.

Las estimaciones del presidente de la Dinac sugieren que cada 10 minutos llegaría un vuelo al aeropuerto, pero aseguró que cuentan con el personal adecuado para enfrentar la cantidad.

“Técnicos de primer nivel de los aeródromos y aeropuertos que tenemos en la Dinac van a estar trabajando en Encarnación para dar inicio a estas operaciones”, sostuvo.

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.