El gobierno de Venezuela decretó este domingo último una semana de flexibilización en Caracas y la mayor parte del país de la cuarentena impuesta para frenar el COVID-19 vigente desde mediados de marzo, exceptuando los municipios fronterizos con Brasil y Colombia.
“Los municipios fronterizos de los estados Táchira, Zulia, Apure y Bolívar permanecerán en cuarentena radical”, dijo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al afirmar que la medida busca “blindar al país de quienes están regresando a Venezuela desde países con situación desbordada” por la pandemia.
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Rodríguez sostuvo que la medida busca crear un “cordón epidemiológico y sanitario” ante la “curva exponencial” registrada en Brasil y Colombia, país que ha recibido a 1,8 millones de venezolanos de los más de 5 que han abandonado Venezuela desde el 2015 por la debacle económica.
Según el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo gobierno habilitó refugios fronterizos para que cumplan cuarentena, unos 90.000 migrantes han retornado “legalmente”, mientras que otros 40.000 han ingresado por caminos ilegales (trochas), tras quedar desempleados por la pandemia.
De estos, unos 4.000 “ingresaron enfermos y enfermaron a sus familias”, remarcó Maduro más temprano durante una entrevista con el periodista Ernesto Villegas, su ministro de Cultura. La oposición y organizaciones de derechos humanos han denunciado que existe una “criminalización” hacia los retornados.
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Desde este lunes, Caracas y los vecinos estados de Miranda y La Guaira entran en una semana de “flexibilización parcial” que permitirá el funcionamiento de negocios como ferreterías, agencias bancarias y peluquerías, además de consultorios médicos.
El mayor desconfinamiento abarcará 21 de los 23 estados que entran en “flexibilización amplia” con luz verde para 24 rubros, que incluyen “servicios de encomiendas, registros y notarías, gimnasios y autocines”.
Desde el pasado 1 de junio, Maduro aplica un esquema de confinamiento llamado “7+7”, que alterna siete días de “cuarentena radical” con siete de “flexibilización”.
El gobierno socialista reporta a la fecha 39.564 contagios y 329 decesos en el país con 30 millones de habitantes. Las cifras son cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch al considerar que existe un elevado subregistro.
Fuente: AFP.