Venezuela supera por primera vez los 1.000 casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas, producto de una escalada de contagios que rozan los 28.000, anunció este martes el gobierno socialista.
Entre el lunes y el martes, se registraron 1.138 nuevos contagios para un total de 27.938 casos, informó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en contacto telefónico con la televisora gubernamental.
Rodríguez reportó además nueve muertes en las últimas 24 horas, la cifra diaria más alta hasta el momento en el país caribeño, donde el nuevo coronavirus ha dejado un total de 238 fallecidos desde el inicio de la pandemia.
La cifra responde a una aceleración de los contagios en Venezuela, que hace nueve días apenas superaba los 20.000 casos. Transcurrieron 70 días entre el primer caso y el número 1.000; pero solo cuatro entre el 9.000 y el 10.000.
El balance oficial, no obstante, es cuestionado por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que esconden una situación mucho peor en este país de 30 millones de habitantes.
El presidente Nicolás Maduro prorrogó el domingo el "estado de alarma" por 30 días declarado ante la pandemia, habilitándolo a prolongar la cuarentena vigente desde el 16 de marzo, a punto de cumplir cinco meses.
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Sin embargo, transcurren en el país siete días de "flexibilización" del confinamiento bajo un esquema que el gobierno llama "7+7", que alterna siete días de cuarentena estricta, en los cuales todos los comercios deben cerrar salvo los pertenecientes a sectores "esenciales" como alimentos o salud, con siete de flexibilidad que permiten reactivar el resto de las actividades económicas.
La pandemia encontró a Venezuela con hiperinflación y seis años de recesión, así como un precario sistema de salud pública. La crisis socioeconómica dificulta el cumplimiento del confinamiento en un país donde ocho de cada diez familias no ganan dinero suficiente para cubrir la canasta alimentaria, según un estudio académico.
Fuente: AFP.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Varios muertos deja un bombardeo de Venezuela contra la guerrilla colombiana del ELN
Varios muertos dejó un presunto bombardeo militar de Venezuela contra la guerrilla colombiana del ELN en una zona fronteriza, informaron el sábado a la AFP la oenegé Fundaredes y una activista de derechos humanos.
Fundaredes compartió a la AFP un video en el que se ven varios cuerpos dispersos por el suelo, árboles caídos y las ruinas de lo que parece ser un campamento en una zona rural boscosa del estado de Apure.
Según la ONG, las imágenes corresponden al pasado viernes 30 de octubre.
“Un coordinador de Fundaredes vio los primeros nueve” cadáveres, dijo el director Javier Tarazona.
La AFP intentó contactarse con las autoridades venezolanas pero no obtuvo respuesta de inmediato.
Tarazona sostiene que es “el primer bombardeo de Venezuela contra el ELN”, la guerrilla activa más poderosa del continente tras el desarme del grueso de las FARC en 2016.
Además del ELN, en los 2.219 km de frontera colombo-venezolana operan otros grupos como las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
Fundaredes y la defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, advierten que podría haber otros diez fallecidos del ELN en el sector Buena Vista del Meta de Apure, que colinda con el departamento colombiano de Vichada.
“Los habitantes de la zona han reportado el ataque, han reportado los muertos” y que las víctimas son integrantes del ELN, afirmó San Miguel.
“Hay mucho miedo en la zona” porque “las personas están sujetas a enormes presiones de la guerrilla del ELN”, añade la experta.
San Miguel prevé un desplazamiento forzado de esta apartada comunidad si se intensifica el conflicto.
En 2021 iniciaron intensos enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos armados colombianos que ya causaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras en Apure.
“Cambio de doctrina”
Con el apoyo de Estados Unidos, el presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, impulsa una ofensiva militar contra los grupos armados que se financian del narcotráfico en Colombia.
Venezuela también se ha alineado con los intereses de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina.
San Miguel explica que durante años las fuerzas armadas venezolanas se mantuvieron neutrales ante las actividades en su territorio del ELN, pero ahora “hay un cambio en la doctrina” del ejército.
Por mucho tiempo, Bogotá ha acusado a las autoridades venezolanas de acoger a las fuerzas ilegales que operan en Colombia.
Hace un mes se produjo otro enfrentamiento entre miembros del ELN y militares venezolanos, que dejó un muerto y cinco heridos.
De la Espriella militarizó la víspera Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, debido a una ola de violencia que incluyó asesinatos a manos de grupos ilegales en los últimos días.
Es la segunda ciudad militarizada por el mandatario derechista desde que llegó al cargo el 7 de agosto y le declaró la guerra a los grupos armados.
En las últimas semanas se han registrado ataques de guerrillas colombianas en al menos cuatro estados venezolanos.
Líderes indígenas advierten sobre una escalada de violencia de los grupos colombianos en zonas de Amazonas (suroeste) y Bolívar (sur) por ganar control sobre la minería ilegal.
Fuente: AFP.
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Presidente de Colombia militariza ciudad fronteriza con Venezuela por ola de violencia
El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves la militarización temporal de la principal ciudad de la frontera con Venezuela debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.
En los últimos días, Cúcuta fue escenario del asesinato de un aspirante a la alcaldía y de un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos en la urbe donde operan guerrillas y otros grupos criminales, según el gobierno local.
Ordeno “la militarización inmediata de Cúcuta (...) Será temporal mientras estabilizamos el orden público”, dijo el presidente sobre la capital del Norte de Santander (noreste).
Agrega que la policía y el ejército se desplegarán en la ciudad, sin especificar el número de uniformados.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatados por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
- Fuente: AFP
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Bancada oficialista definirá mañana el futuro de Zenaida Delgado
El senador Natalicio Chase, líder de bancada oficialista confirmó que se encuentran analizando la situación de la senadora Zenaida Delgado quien forma parte de la bancada. Aclaró que aún no hay una postura definida y que no se descarta la renuncia, ni la pérdida de investidura.
En conversación con varios medios de prensa, el legislador mencionó que esta mañana recibieron a la senadora Delgado, y que luego de escuchar su descargo y recibir en el transcurso de esta tarde a los denunciantes para contrastar las versiones, anunció que tendrán una postura definida para mañana previo al inicio de la sesión ordinaria.
El legislador oficialista explicó que junto a sus colegas integrantes buscan reunir la mayor información antes de decidir si acompañan una eventual sanción, incluida la pérdida de investidura. Al respecto, señaló que la senadora negó haber recibido las transferencias cuestionadas y atribuyó los movimientos de dinero a su expareja y a familiares.
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“Creo que vamos a tener una conclusión para las 8:30 antes de comenzar la sesión mañana. Tampoco hemos leído todavía el libelo acusatorio, o sea que vamos a tener una situación concreta mañana antes de entrar a la sesión. Ella se defendió ante el bloque, nos dio una explicación, inclusive llegó a mostrar un extracto de cuenta y esas cosas, entonces estamos haciendo un análisis de toda la información, los compañeros siguen trabajando ahí adentro y queremos ser justos en el análisis”, expresó.
Respecto a las declaraciones que realizó Delgado sobre la responsabilidad compartida con el titular del Congreso, Basilio Núñez, el senador Chase aclaró que la contratación de los funcionarios de confianza que se le asigna a cada legislador, se da a través de un pedido escrito presentado por cada parlamentario.
“El presidente del Congreso solo es el ordenador que hace el contrato por ser el titular del Legislativo, pero él no es responsable de ninguna de las contrataciones que se hagan en el Congreso que no estén directamente relacionadas a él” acotó.
No descartan ninguna sanción
El senador Chase afirmó tanto la posibilidad de solicitar la renuncia de Delgado como la pérdida de investidura. “Nosotros estamos tratando de ser justos, vamos a escuchar todas las partes involucradas; no está descartada tampoco la pérdida de investidura, o el pedido de renuncia, tampoco está descartada ninguna sanción, o sea, no tenemos una conclusión, por eso yo no quiero adelantar nada”, remarcó.
No obstante, remarcó que en este caso, no se ajusta las condiciones de que la parlamentaria llegue a solicitar solamente permiso de su banca para someterse a la investigación judicial.
“Todavía no está clara la situación porque nos falta la contraparte. Tampoco tuvimos todavía acceso al libelo acusatorio, yo creo que enseguida vamos a tener si es que ya presentaron. Nosotros queremos escucharles a los denunciantes. El presidente del Senado, Basilio Núñez tuvo una reunión con ellos, pero nosotros queremos escucharles, para contrastar la información que nos dio la senadora. Si existe demostración de que es culpable va a haber consecuencias”, remarcó.
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