En las últimas horas se impartió orden de captura para Santiago Luis Guillermo Capello Barreto (42), acusado de abuso sexual en niños en estado de vulnerabilidad. El mismo se desempeñaba como fisioterapeuta en un centro de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad en donde se registraron los hechos de abuso, según varias denuncias.

“Ayer (jueves), el juzgado a cargo emitió la orden de detención y rebeldía de este señor que hasta el momento está prófugo”, indicó Fredy Ocampos, representante legal de una de las familias denunciantes, en diálogo con el programa Tiran Bombas de la 1020 AM.

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Son tres las víctimas conocidas, pero no se descarta que haya más afectados. “Son tres niños con discapacidad. Eran víctimas del señor porque era su fisioterapeuta desde años”, precisó el defensor. El abogado resaltó que tanto el Juzgado como la Fiscalía y la parte querellante llevan a cabo una tarea investigativa en conjunto resguardando la integridad e identidad de los niños.

“Tuvimos bastantes inconvenientes de parte de la defensa (del acusado), quien estaba litigando de forma clandestina, presentando recursos sin haberse puesto a disposición teniendo una orden de captura”, refirió. El presunto abusador habría cometido los hechos, aprovechándose de la confianza de los familiares, atendiendo a que “es una clínica de rehabilitación, donde los padres hace años llevaban a sus hijos al lugar para tratamiento de fisioterapia”, indicó.

Las víctimas quedaban a cargo del supuesto agresor sexual porque “normalmente, los padres no ingresaban al consultorio donde realizaban la fisioterapia”, explicó el abogado. Los abusos fueron mucho más allá de los manoseos. “Hubo abuso según el relato del menor y las menores también coinciden en su relato”, puntualizó.

Están trabajando en forma coordinada con la Fiscalía para reunir elementos que demuestren que existieron esos hechos. La clínica también tiene la responsabilidad porque “tenía que tener los medios necesarios para resguardar la integridad de los menores que eran sus pacientes”, apuntó. Se trata del centro de rehabilitación A pasitos, ubicado sobre la calle Benigno Ferreira de nuestra capital, donde también trabaja la esposa del imputado.

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Cuatro niños de entre 4 y 14 años fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales del departamento de Itapúa, luego de que habrían consumido brownie que contenía presunta marihuana. Dos de ellos fueron atendidos en el centro de salud de Hohenau y otros dos fueron llevados al Instituto de Previsión Social (IPS) de la zona.

Según el reporte policial, el hecho se registró en una vivienda del barrio Obrero de Colonias Unidas, departamento de Itapúa. Cuando estos niños de 4, 6, 8 y 14 años consumieron un pastelito que contenía presunta marihuana, que habría sido preparado por la tía, de 20 años, que recientemente llegó de Buenos Aires.

“Son cuatro menores de edad que consumieron unos cup cakes o pastelitos que fueron preparados en la casa y la abuelas les invitó. Después de dos horas empezaron a presentar vómitos, malestar y taquicardia, un familiar los trajo a la urgencia y por los síntomas presumimos que fue marihuana”, dijo el médico tratante, en la 100.3 FM.

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Afirmó que la paciente de 14 años consumió unas 8 porciones y fue la que más síntomas presentó, como afectaciones neurológicas, alteraciones en la marcha, irritabilidad, entre otros. “Los casos más graves incluso pueden producir depresión respiratorias, alucinaciones, afecta la marcha al caminar”, apuntó.

Agregó que la información que se maneja es que una tía de los chicos de 20 años, que llegó hace poco de Argentina, preparó los pastelitos y los dejó para que se enfríen, pero la abuela decidió repartir estos entre sus nietos. El caso fue comunicado a la Fiscalía y a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

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La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.