La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el que solicita a la Comandancia de la Policía Nacional un informe detallado sobre el estado edilicio de todas las sedes policiales del país.

La iniciativa surge a raíz del trágico ataque al Puesto Policial N.º 4 de la colonia Naranjito, en el departamento de Canindeyú, que, según el diputado colorado Hugo Meza, dejó en evidencia la extrema precariedad de la infraestructura de seguridad.

El pedido establece un plazo constitucional de 15 días para detallar la cantidad exacta de comisarías, subcomisarías y puestos que continúan siendo de madera o que a pesar de estar construidos con material cocido (ladrillo), requieren una urgente reparación estructural.

El proyecto legislativo obtuvo el acompañamiento de la mayoría del plenario de la Cámara Baja, al momento que fue presentado como conmoción, en el espacio de tratamientos sobre tablas, de la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes último.

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El diputado Meza explicó que es indiscutible la gravedad del violento asalto perpetrado por un grupo de aproximadamente 30 personas armadas y vestidas con prendas camufladas contra el referido puesto policial de la colonia Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El trágico suceso dejó como saldo tres fallecidos, vehículos quemados y la destrucción total de la sede policial.

Al respecto, sostuvo que este hecho volvió a desnudar las precarias condiciones en las que operan los agentes de seguridad, ya que se constató que la base incinerada era una estructura antigua de madera, incapaz de ofrecer las garantías mínimas de protección. Agregó que esta lamentable situación se extiende a numerosas dependencias construidas con material cocido (ladrillo) que se encuentran en total deterioro.

La resolución aprobada consta de puntos específicos que la Comandancia deberá responder. Pide censar comisarías, subcomisarías o puestos policiales construidos con madera en el territorio nacional, especificando la cantidad exacta y su distribución por municipio, distrito y departamento.

Además, solicita remitir el listado pormenorizado de los locales hechos de ladrillo que presentan muy malas condiciones edilicias y demandan mantenimiento urgente, detallando ubicación exacta.

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Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.

Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.

Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.

Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.

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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.

“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.

Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.

“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.

Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.

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El nuevo gobierno de la derechista Keiko Fujimori expresó este miércoles su deseo de que la visita en noviembre del papa León XIV, que tiene nacionalidad peruana, contribuya a la “reconciliación” de Perú, dividido por una década de crisis política.

El Vaticano informó horas antes que el líder de la Iglesia Católica hará una gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, país donde pasó más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo (norte).

Robert Francis Prevost nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano en 2015.

“Esta visita va a representar (...) la inmensa ansia que tiene el pueblo peruano por la reconciliación”, aseguró este martes el canciller peruano Carlos Espá, durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, en Lima.

Keiko Fujimori se convirtió la semana pasada en la novena presidenta desde 2016, en medio de una profunda inestabilidad política. La mayoría de sus predecesores fueron destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza importante.

Durante su mensaje de investidura, Fujimori llamó a sus opositores a tender “puentes de diálogo”. La derecha no tiene mayoría en el Parlamento y está obligada a negociar con ellos.

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El ministro Espá resaltó que la presencia del papa será “una especie de bálsamo” para una “gran manifestación de unidad de los peruanos”.

León XIV visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre. Será el primer viaje al país de un sumo pontífice desde 2018, cuando Francisco lo visitó.

“¡Vuelve a casa!”, reaccionó en Facebook el arzobispado de Lima.

Su estadía coincidirá con el fenómeno climático El Niño, evento que se caracteriza por lluvias intensas, desbordes de ríos y altas temperaturas.

El gobierno prevé un plan de contingencia si el clima se interpusiera en el recorrido papal por el país de 34 millones de habitantes, informó Espá.

Fujimori, devota católica de 51 años, también celebró el anuncio del Vaticano en su cuenta de X. “Lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú”, escribió.

Según el último censo nacional, el 76% de la población de Perú se declara católica.

Fuente: AFP

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Tres de las candidatas latinoamericanas que compiten para dirigir las Naciones Unidas coincidieron ayer lunes en Montevideo en la necesidad de priorizar el apoyo al combate del crimen transnacional y profundizar reformas, en una era marcada por el escepticismo que enfrenta el multilateralismo. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la costarricense Rebeca Grynspan y de modo virtual la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett presentaron los principales lineamientos de sus candidaturas, cuatro días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU iniciara el proceso de selección para designar al sucesor de António Guterres.

“Somos una región de paz (...) atravesada por la violencia del crimen internacional y transnacional y sabemos que esa también debe ser una prioridad en Naciones Unidas cuando hablamos de paz y seguridad”, dijo Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y jefa de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD).

De 70 años, la costarricense recibió el mayor número de menciones favorables en la instancia del Consejo de Seguridad, donde se asignó de forma anónima una calificación a los candidatos. Grynspan se situó por delante de la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana, Rodrigues-Birkett.

En el evento organizado por la Presidencia de Uruguay, la política de Guyana abogó por una Secretaría General de la ONU que fortalezca los pilares del organismo: “la paz y seguridad, el desarrollo y los derechos humanos”. La excanciller de Ecuador dijo que la ONU debe ser capaz “de acompañar y fortalecer la cooperación regional cuando tenemos que lidiar con el crimen transnacional organizado que está desarmando literalmente nuestras sociedades”.

Las tres candidatas también enfatizaron la necesidad de profundizar las reformas emprendidas por la ONU.

El organismo enfrenta una profunda crisis financiera y de confianza, con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusando al ente de gastar de forma imprudente y no lograr resultados satisfactorios.

Durante el evento también se discutió sobre los desafíos que implican la inteligencia artificial y el cambio climático.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, jefe de la agencia atómica de la ONU, son los otros dos candidatos latinoamericanos en la contienda.

Bachelet estuvo ausente en Montevideo por causa de un virus. Grossi por temas de agenda.

Siguiendo una tradición geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo en esta ocasión. Muchos Estados también impulsan que, por primera vez, una mujer dirija la ONU. El ugandés Olara Otunnu y el senegalés Macky Sall son otros de los candidatos a suceder a Guterres, que finalizará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre de 2026.

Fuente: AFP