Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) solicitaron una distribución equitativa del cupo de exportación de carne asignado a los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), tras la entrada en vigencia provisional del acuerdo entre el bloque y la Unión Europea (UE).

El presidente del gremio, Daniel Prieto, manifestó su preocupación ante la intención de Argentina y Brasil de acceder a una mayor participación del cupo, lo que reduciría el espacio destinado a Paraguay. “Estamos pidiendo la igualdad, sabemos que Argentina y Brasil estaban pidiendo mayor participación y dejarle menor espacio al Paraguay a lo que nosotros nos oponemos y queremos realmente estar de igual a igual”, comentó a la 1020 AM.

El titular de la ARP sostuvo que el Mercosur se trata de garantizar por una porción equitativa para todos sus integrantes. “Creemos que el Mercosur nos tiene que unir y tratar de igual a igual. Estamos pidiendo lo que creemos que corresponde”, afirmó.

Prieto señaló que aún no existe una definición sobre la distribución, por lo que continúan gestiones de la Cancillería Nacional. “Todavía no hay una definición. Confiamos plenamente en que la Cancillería va a negociar lo mejor para el país”, indicó.

Enfatizó que Paraguay debe mantener una postura firme en las negociaciones. “Hay que insistir. El acuerdo entre el Mercosur en sí con la Unión Europea demoró 20 años, ahora no podemos bajar los brazos. Tenemos que negociar y buscar lo que más le convenga al país”, sostuvo.

Te puede interesar: Feria de la Agricultura reunirá a 550 familias productoras en la Expo Paraguay 2026

A su vez, reiteró el pedido de una distribución justa del cupo de exportación y cuestionó el esquema vigente. “Queremos una distribución justa. Hoy está el esquema del que llega primero y con eso Brasil prácticamente se lleva casi todo el cupo”, mencionó. Paraguay solicita un cupo del 25 %.

El país tiene capacidad para responder a la demanda europea si se garantiza una cuota justa en el marco del acuerdo Mercosur-UE. “Estamos en condiciones de cumplir el cupo si nos otorgan”, señaló.

Recordó además que nuestro país fue un actor fundamental para la firma del acuerdo. “Desde el sector privado estamos ejerciendo el trabajo de llegar a la obtención de la distribución equitativa o lo más justo posible”, agregó.

Por último, dijo que las negociaciones se deben dar con el bloque económico y agotar el diálogo, tanto con la UE como con los pares. “Tenemos que seguir presionando, es lo único que nos queda. Tenemos el producto y estamos en condiciones sanitarias y de calidad para cumplir con esa cuota”, puntualizó.

Lea más: Paraguay actualiza su Política Nacional de Calidad para impulsar exportaciones y competitividad

La Unión Europea impuso ayer lunes una multa de 550 millones de euros (629 millones de dólares) a la plataforma de comercio en línea china AliExpress, filial del gigante Alibaba, por permitir la venta de productos ilegales en el bloque, como juguetes prohibidos y ropa falsificada. AliExpress fue sancionada por incumplir el reglamento europeo sobre los servicios digitales “que le impone evaluar y mitigar con diligencia los riesgos vinculados a la venta en su plataforma de productos ilegales, peligrosos o falsificados”, anunció la Comisión Europea, tras una investigación de más de dos años.

Se trata de la multa más alta impuesta por Bruselas desde la adopción de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en 2022. “No estamos de acuerdo con la decisión emitida hoy ni con esta multa desproporcionada, que no reflejan ni nuestros principios establecidos ni las medidas significativas y proactivas que pusimos en marcha”, indicó la empresa en una declaración a la AFP, sin precisar de momento si apelará esta sanción.

El Ejecutivo europeo considera que el sistema de detección de productos prohibidos implementado por AliExpress no funcionaba en absoluto cuando inició su investigación en marzo de 2024. “Detectamos una gran cantidad de productos falsificados, pero también juguetes y cosméticos peligrosos, que permanecieron mucho tiempo en venta”, explicó a los periodistas Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Además explicó que las sanciones que la plataforma aplicaba a los vendedores que infringían las normas “no eran efectivas”, ya que sus tiendas seguían activas mucho tiempo después. Los vendedores con malas intenciones podían también eludir fácilmente los sistemas de verificación de los productos porque los equipos carecían de personal suficiente.

La sanción obliga al sitio a presentar en un plazo de tres meses medidas destinadas a cumplir con la DSA, bajo pena de multas periódicas.

El año pasado, la Comisión Europea aceptó las iniciativas propuestas por AliExpress para resolver de manera amistosa infracciones detectadas durante sus investigaciones, pero le había advertido que se exponía a una sanción por esos otros motivos.

“Desde la entrada en vigor de la DSA, AliExpress se ha comprometido firmemente a cumplir con sus obligaciones y sigue haciéndolo”, aseguró la plataforma china.

En el marco de una investigación paralela, Bruselas impuso en mayo una multa de 200 millones de euros a Temu, otra plataforma china muy popular en Europa, por los mismos motivos, una sanción que la empresa ha impugnado.

También la red social X, del multimillonario Elon Musk, recibió una multa de 120 millones de euros a finales de 2025, pero por incumplir las obligaciones de transparencia previstas por la DSA.

La UE intensifica desde hace meses las normas para proteger su mercado frente a una competencia china que a menudo se considera desleal. Principalmente, mediante un impuesto mínimo de tres euros sobre los paquetes pequeños importados al bloque.

Sin embargo, la Comisión negó haber apuntado a AliExpress por su origen.

“Estamos realizando investigaciones sobre varias plataformas en línea, muchas de las cuales tienen su sede en Estados Unidos, y muchas otras en China, pero también en Europa” y “no tomamos en cuenta su origen porque todos los que quieran operar en Europa deben cumplir con las mismas reglas”, subrayó Virkkunen. Otra plataforma de ventas de origen asiático, Shein, también está en la mira de Bruselas.

Fuente: AFP.

Un buque mercante de propiedad turca fue golpeado por tres misiles rusos ayer domingo y murieron al menos cinco marinos, afirmó la marina ucraniana, que agregó que se desconoce el paradero de otros cinco tripulantes.

Rusia lanzó tres misiles de crucero contra el Golden Leo, que navega bajo bandera de Guinea Bissau, mientras “salía de la zona de combate con un cargamento de granos”, dijo la Armada ucraniana en un comunicado. Además, ocho personas fueron evacuadas a un hospital de Odesa, en el mar Negro.

Entre los tripulantes había ciudadanos de Siria e India, y entre los fallecidos está el capitán, que era ucraniano, declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores interino, Andrii Sibiga.

Durante la noche del sábado, el ejército ruso lanzó una andanada de 20 misiles balísticos contra Kiev, un ataque que dejó un muerto y 16 heridos.

En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, siguen saliendo a la luz más hechos presuntamente irregulares.

Estos involucran de forma directa al juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien firmó la transferencia de una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de justificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.

Días atrás, la abogada de la firma Ypyta, Patricia Rebollo, denunció que recibieron información de que el juez Rivas habría firmado el título de propiedad a favor de un tercero, a pesar de que no debía hacerlo.

La actuación del magistrado, así como la de la escribana Justina Mariel Esteche, quien contaría con varios antecedentes dudosos sobre sus actuaciones, estaría al margen de la ley. No solo no se podía realizar dicho acto, sino que la escritura de transferencia contendría datos que no están agregados al expediente judicial que se tramita en el juzgado civil a cargo del cuestionado magistrado.

De acuerdo con el documento al que accedió La Nación, el título firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche tiene fecha del 31 de marzo de 2026. En la escritura se consignan datos ajenos al presente juicio civil, entre otras graves irregularidades. Igualmente, el juez no tuvo en cuenta que las resoluciones judiciales no están firmes, atendiendo a que existe una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

Una de las anomalías en la firma del título es que la escribana asentó que el juez comparece como magistrado del Décimo Cuarto Turno de la Capital, cuando en realidad pertenece al Séptimo Turno. Asimismo, la notaria no expuso los motivos por los cuales consignó dicho turno erróneo.

Es importante mencionar que el criticado magistrado Rivas ya había intentado firmar el título durante la feria judicial, para lo cual quiso habilitar el receso judicial. Sin embargo, los recursos presentados por la firma Ypyta lograron evitar tal situación.

El cuestionado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el camarista Carlos Escobar y Amy Lezcano. Sin embargo, el magistrado acumula severas críticas por fallos judiciales dictados presuntamente al margen de la ley.

Entre sus antecedentes más polémicos, el juez Rivas ordenó, en su momento, el remate de la estancia Cielo Azul, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Dicha propiedad ya se encontraba bajo la administración de la Senabico cuando se dispuso la subasta, una irregularidad que solo se evitó gracias a la oportuna intervención de las autoridades correspondientes.