Un grave hecho de discriminación en un ómnibus del transporte público fue denunciado por una madre. Resultó víctima su hijo de 14 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El incidente se habría registrado el pasado miércoles en horas de la siesta frente al Fuente Shopping Salemma de la ciudad de Fernando de la Mora.

Según la denuncia pública hecha por Patricia López, el hecho involucró a una unidad de la Línea 11, coche con chapa N° 705, con destino al IPS Central - CESI para una consulta médica.

Tras pagar su pasaje, el chofer le exigió que también pague el pasaje del menor. Sin embargo, la madre le mostró el carnet de pasaje gratuito otorgado por la SENADIS, un derecho que por ley tienen todas las personas con discapacidad para viajar en el transporte público. Pero el conductor no escuchó razones.

“Me quiso obligar a pagar. Le dije que es un derecho de mi hijo”, relató vía redes sociales. A pesar de tener el documento en regla, el conductor la siguió gritando y amenazando con que iba a buscar una patrullera.

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Otra pasajera se ofreció a pagar. Pero, en el trayecto, el chofer detuvo la marcha frente a una comisaría, hizo bajar a todos los pasajeros -incluida la madre y su hijo- y pidió a un personal policial que la obligara a pagar el pasaje del niño.

Según el relato, el oficial de policía, en actitud profesional y de empatía, escuchó a la madre, verificó la tarjeta y le dio la razón, pidiendo disculpas por el mal momento y permitiendo que continúen su camino.

La madre lamentó la actitud propotente del chofer. “Es la primera vez que me pasa esto. En todas las líneas siempre respetaron a mi hijo. Tengo para pagar un pasaje y muchos más, pero es el derecho de mi hijo. Es tan cruel que por G. 2.300 me haya llevado hasta una comisaría por algo que está en la ley”, cuestionó.

En ese sentido, hizo un llamado a que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y que este tipo de hechos no se repitan.

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Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique, se dijo este viernes “profundamente consternada” después de que medios británicos informaran de una investigación contra su padre por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

En el texto, tras las informaciones aparecidas el viernes, Meghan Markle —que había cortado todo contacto con su padre desde su boda con Enrique en 2018— precisa que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía “acusaciones preocupantes” contra su padre y que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de “proteger” a sus dos hijos.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños”, afirma la duquesa de Sussex en el comunicado.

Enrique, de 42 años e hijo menor de Carlos III, y Meghan, de 45, regresaron al Reino Unido en agosto pasado, tras mudarse en 2020 a Estados Unidos, país de la duquesa de Sussex, después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real.

La decisión provocó una profunda ruptura con los miembros de la monarquía británica.

Tras su regreso, el matrimonio matriculó a sus hijos —el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco— en un colegio británico que, según informaciones, está situado en la zona rural de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, cerca de la residencia que habrían elegido para vivir.

El comunicado de Meghan Markle llega después de que los periódicos The Sun y Daily Mail publicaran una información en la que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, afirmaba haber encontrado un conjunto de imágenes pertenecientes a su padre en la que había sido su antigua vivienda en Filipinas y que la policía de este país había abierto una investigación.

“En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando”, afirma este viernes Meghan en su comunicado.

“Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos”, añade Meghan en el texto.

Consultada por la AFP, la Policía Metropolitana de Londres declaró estar “verificando” la información sobre la posible transmisión de esta carta.

Sin embargo, una fuente cercana al caso indicó que la policía nunca había investigado al padre de Meghan Markle y que tampoco lo estaba haciendo actualmente.

Mientras tanto, en Estados Unidos, un portavoz del FBI dijo que estaba “al tanto de las acusaciones y proporcionará apoyo, según corresponda, a las autoridades filipinas”.

“También investigaremos cualquier acusación relacionada con violaciones federales de la ley estadounidense”, añadió su comunicado.

Según la agencia de noticias británica PA, esta carta habría sido entregada a la duquesa de Sussex en 2018, poco después de su boda con el príncipe Enrique, en mayo.

Meghan Markle expresa en el comunicado que “la magnitud de lo que ahora salió a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar”.

Debido a ello, Meghan Markle expresa en el texto que su “sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”.

En una entrevista concedida al Daily Mail desde Florida, Estados Unidos, Thomas Markle, de 82 años, padre de Meghan, rechazó las acusaciones, que calificó de “un montón de mentiras”.

“Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme”, declaró.

Meghan había retomado el contacto con su padre, antiguo director de fotografía de la televisión estadounidense, en diciembre de 2025, cuando fue hospitalizado en Filipinas tras sufrir una amputación de la pierna izquierda.

Fuente: AFP.

• Fotos: Carlos Juri

En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos recibe a la docente, investigadora y experta en derechos humanos Liliana Zayas Guggiari para abordar la dramática realidad de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. A pesar de los avances normativos, la académica apunta que persiste la falta de coordinación institucional y, sobre todo, una arraigada cultura machista que coloca a la mujer en una situación de inferioridad y sumisión con relación al varón.

–Cuando un hombre mata a su pareja o su expareja como desenlace de una serie de hechos que debían haberse advertido antes, ¿ante qué estamos?

–Cuando estamos ante la muerte violenta de una mujer, una muerte feminicida, como lo dice nuestra ley, no estamos ante un crimen pasional, no es un problema de pareja. Es el punto final, es la culminación de una serie de violencia que puede haber empezado como una violencia patrimonial, una violencia psicológica, violencia física y la desvalorización misma de la mujer. El punto final de la violencia más extrema es la violencia feminicida, es decir, la muerte violenta de una mujer por ser mujer. Y eso es muy interesante analizarlo porque hubo mucho debate en por qué no es un homicidio agravado en razón del vínculo. Cuando hablamos de una violencia feminicida, hablamos de la condición de género, de ser mujer de esta víctima y tiene que ver con esa construcción social cultural, estructural que existe donde a la mujer se le coloca en una situación de inferioridad, de sumisión con relación al hombre. Y es una cultura prendida, es una cultura que se va transmitiendo y que quedó imperante en la sociedad y que clasificó a las mujeres y desclasificó, realmente en otros aspectos, con una amplia visión de desigualdades y de discriminación.

–Dentro de la cultura hay un componente que me parece transversal en este debate, que es el machismo, ¿no?

–El machismo es la cultura arraigada en nuestra sociedad, donde pretenden confundir con las diferencias de sexo. Cuando hablamos de género, hablamos de un constructo social cultural que se puede cambiar, que se puede desaprender. Nos enseñaron a las mujeres que correspondemos al ámbito privado, es decir, a la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de los adultos mayores, al cuidado de los enfermos y el hombre al ámbito público, es decir, el hombre, el proveedor, el hombre es el líder, el hombre poderoso y la mujer débil.

–¿Qué otros asuntos están fallando en nuestro sistema para que estas cosas sigan ocurriendo?

–Hay dos cosas muy importantes que señalar. En los últimos 10 años hubo un avance normativo. Está el principio de igualdad constitucional entre mujeres y hombres. Está una ley especial, que es la Ley 5777, que justamente tiene el objetivo de visibilizar esta problemática de las desigualdades, establece 15 formas de violencia: violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia contra la dignidad, violencia sexual, etc. Este avance normativo que hoy tenemos 10 años después –podemos evaluar si fue suficiente o no– no fue acompañado de la cultura. Esta normativa, primero, no es conocida ni por las propias mujeres ni por la sociedad. Y en segundo lugar, subsiste la cultura de la desigualdad y la discriminación y esto se traduce no solamente en hechos de violencia, sino con otras brechas como ser la violencia política, que lo que tiene como consecuencia es el desgano de la mujer de postularse o de llevar adelante una campaña, mismos por los roles y estereotipos que tienen, que subsisten de que la mujer tiene que estar en la casa. Entonces, ¿qué políticas públicas se pueden acompañar ante la falta de representación de las mujeres para poder liderarlas y traducirlas en acciones?

–Y aun así lo ideal sería que no fuera tanto desde la imposición de una política pública o una ley, sino desde la cultura de una sociedad, ¿no?

–Totalmente. Subsisten las brechas salariales, el acceso a la salud. Actualmente estoy trabajando en lo que va a ser el 5.º Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres desde una consultoría y lo interesante acá que el diagnóstico relata que estas brechas de desigualdades y que en materia de violencia, por darte un ejemplo, 8 de 10 mujeres son víctimas de violencia en nuestro país. La violencia más denunciada, obviamente, es la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. Y entonces, si analizamos la reacción del Estado, de las instituciones y de la misma sociedad con esta problemática, vemos que realmente solo se exacerba nuestra sociedad ante el hecho consumado, ante el resultado de la muerte violenta de la mujer o ante la cifra de que ingresaron 32.000 denuncias el último año de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué no llegamos antes?

–Nada puede funcionar mientras en un país las personas se mueren por ser mujer. Es durísimo, pero es así, ¿no?

–Y eso es proporcional al desarrollo. Si en nuestro país las mujeres siguen muriendo en manos de sus parejas o exparejas por su condición de mujer. Y hay características propias de dónde dejan a las mujeres tiradas en un escampado, en un basural, en un cementerio, en un raudal, como Deisy, y que luego la amenaza de quitarse la vida el agresor, como en muchos casos así sucede y que no sucede en otro tipo de hechos, sino por ese dominio, ese control y esa pérdida de control cuando la mujer decide terminar con la relación.

–¿En qué medida es celo y en qué medida es afán de propiedad de una persona el detonante?

–Muchos me preguntan si hay un prototipo de agresor. Por eso hago un poco este enlace con tu pregunta, si son celos o ánimo de propiedad. El agresor lo que no quiere perder es el control, el dominio. Y cuando se trata de una mujer que de repente tiene su propia independencia, que quiebra esa normativa o ese mandato de que la mujer tiene que ser sumisa, calladita te ves más bonita, la mujer es madre, entonces, lo que se espera de la mujer, que siempre la mujer tiene que estar rindiendo cuentas de la buena y la mala mujer. Fijate un poco lo que era el código penal anterior de Teodosio González. No era lo mismo la sanción por una violencia sexual que si era una una buena mujer o si era una prostituta. O sea, se clasificaba a las mujeres. Y también el hombre. Lo que hoy es el feminicidio, el hombre estaba exonerado de culpa y pena si mataba a su mujer por encontrarla en una situación de adulterio.

–Era un asesino legal...

–Exactamente. Estaba tolerada la muerte violenta de su esposa por haberla encontrado en esa situación. Hay una transformación normativa. Fíjate, la violencia sexual era un hecho punible contra el honor. Hoy es un hecho punible contra la autonomía, contra la libertad. Entonces, esta transformación tiene que ver con una transformación cultural y posicionamiento de la mujer como persona.

–Policía, Fiscalía, Poder Judicial, ¿en dónde falla cuando ocurren ciertas alertas y termina muriéndose una de ellas?

–Dentro de mi experiencia por mi paso como fiscala de la Unidad de Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público y mi paso por el Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, mi diagnóstico de por qué no funcionan los protocolos interinstitucionales o los protocolos internos de las instituciones comprometidas por ley a políticas de prevención y de protección a las mujeres es porque trabajan por separado. Escuché en estos días que todas estas instituciones estaban manifestando un trabajo articulado, pero no pasa de una expresión de deseo. Cuando llega el momento, la denuncia que recibe la Fiscalía no recibe el Juzgado de Paz para aplicar las medidas de protección, no recibe el Ministerio de la Mujer para el acompañamiento que hacen en materia de contención y apoyo con psicólogas especializadas o trabajadoras sociales especializadas. Es decir, pude verificar, dicho por la propia viceministra, que ellos toman conocimiento de la denuncia de Deisy una vez que ya estaba muerta. Siguen trabajando en compartimientos estancos, siguen diciendo “pero está la otra institución que tenía que hacer esto o aquello” y así no se puede llegar antes que sucedan los hechos.

–¿Existe un perfil reconocible en esta persona que un día va a transformarse en una bestia, si no lo es ya, y va a proceder a poner el punto final en la vida de una persona?

–Lo primero que hay que dejar en claro es que no es un problema de salud mental, sin perjuicio de que en algunos casos muy específicos pueda haberlo, pero es un hombre que realmente es sano, que puede ser el mejor compañero de trabajo, que en su vida pública se destaca hasta profesionalmente, pero que la agresión deja para la intimidad, para el ámbito familiar. La violencia en el ámbito intrafamiliar dirigida a la mujer es un delito continuo. No es un delito de resultado, como sí es el feminicidio, que termina con la muerte violenta de la mujer. Es un crimen que puede empezar con un menoscabo, con una humillación, con un golpe a la pared, con romper objetos, con el silencio. A veces está la ley del hielo, de no hablarle un mes o de decidir sobre los bienes propios de la mujer en el marco de una violencia. Es la suma de muchas formas de violencia que van en aumento. Porque ¿quién es el autor? Es la pareja, es el padre de los hijos, es justamente el profesional exitoso y a veces ella, por ese mandato social cultural de que tenés que casarte, tenés que hacerte cargo de tus hijos, llega un momento en que posterga hasta su propia realización profesional por ese mandato de que hay que aguantarlo todo.

–¿Cuáles son las razones culturales por las cuales se demora tanto una cancelación de una relación en ese contexto?

–Empecemos por la religión. “Hasta que la muerte nos separe”. Suelo escuchar en algunas bodas que estuve “mujer, sométete a tu marido”, que está en el texto bíblico. Pero me alienta haber escuchado sermones en estos últimos fines de semana y en otras ocasiones ya de obispos, donde llaman la atención sobre esta muerte violenta. Yo soy creyente y no creo que Dios quiera para nadie este sufrimiento. Cuando uno, por un mandato social, cultural o religioso acepta ese sometimiento, acepta ese mandato de que si querés tener marido tenés que aguantar, que una mujer sola no puede estar, que tenés que tener hijos apenas te casaste, es decir, ese rol que se le da a la mujer. Eso valida finalmente que la mujer siga en ese ambiente de violencia, y que, sobre todo, retrase el reconocerse como víctima. Cree que eso es normal, que eso es natural. Esa validación debe ser desaprendida y el mandato social, la falta de acompañamiento de la familia, el no querer meterse por considerar que es un tema privado, desalienta a la mujer que está padeciendo esa violencia a pedir ayuda.

–¿Cuál es la interpretación que tiene el hombre violento, el golpeador, ante una actitud de su pareja de plantearle que eso tiene que acabar?

–Cuando la mujer quiebra ese mandato y dice “me quiero separar o no quiero volver”, el hombre agresor toma eso como un desafío, una pérdida de dominio, una pérdida de control, una pérdida de su derecho de propiedad y hay algo en el enlace de dónde terminan las mujeres muertas. En un basural, porque las tiran como si fueran una cosa que ya no sirve. Entonces, las características del feminicidio no son aisladas. Son muy sensibles y se puede entender el tema que te decía de por ser mujer. Cosifican la persona de la mujer, por eso es muy importante hablar acá de persona, no solamente de madre, amiga e hija, sino de sus derechos como persona, sus derechos humanos como mujer, a tener una vida libre de violencia.

–Me pregunto también en qué medida la persona víctima tiene cierto grado de obnubilación para tener una conciencia crítica sobre qué hacer.

–Estamos acostumbrados a poner la carga de la decisión en la mujer que está padeciendo violencia. La mujer que ya fue víctima de violencia llega un punto en que está totalmente anulada para entender que está viviendo eso. Y es ahí donde entra otra vez la cultura. ¿Por qué sigue con él?, ¿por qué no denunció antes?, ¿por qué se arregló otra vez? Yo suelo escuchar en ambientes sociales “pero ella volvió, yo ya no me voy a meter, yo ya le ayudé una vez”.

–¿Tenés esperanza en que a corto plazo cambie este estado de cosas? ¿Qué cosas tienen que cambiar para que esas esperanzas funcionen?

–Tengo esperanza, trabajo en esto por convencimiento, forma parte de mi persona, no solamente de mi labor profesional. Me identifico con visibilizar esta problemática y hacer algo al respecto. Tengo esperanza y quiero creer que el Estado va a funcionar para proteger y que la sociedad va a cambiar su concepto y sus mandatos sociales y culturales, porque somos la mitad de las mujeres de nuestro país la que lo padecemos. No podría estar sentada aquí contigo si no creyera que esto va a cambiar y tiene que cambiar cuanto antes. Algo que tiene que cambiar es cómo se denuncia, tiene que haber una ventanilla única. Hay tecnología que no había hace 10 años. Hoy si yo compro un café la factura se va a ir directo a la DNIT. Entonces no me explico por qué esa denuncia en el Juzgado de Paz, en la Fiscalía, rápidamente también no la recibe el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Defensa Pública. Pongamos voluntad.

El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.