Tegucigalpa, Honduras | AFP.
Un preso murió de COVID-19 en una cárcel del noroeste de Honduras que alberga a unos 300 reos, informaron este martes las autoridades de gestión de riesgos.
El portavoz del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riegos (Sinager), Francis Contreras, dijo en cadena nacional de radio y televisión que el deceso número 66 entre 738 casos de COVID-19 que registra Honduras es un preso de 52 años de la cárcel de Ilama, departamento de Santa Bárbara.
La portavoz del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Dina Aguilar, relató que el reo murió el 20 de abril en la cárcel de El Pozo, en Ilama, pero que le diagnosticaron la COVID-19 el lunes en un examen “postmorten”.
Aguilar añadió que las autoridades del INP han solicitado una investigación sobre las causas de la muerte y que examinen a los demás presos, en vista de que el fallecido no presentaba síntomas de COVID-19.
“Hasta el momento no hay signos de alarma, no hay privados de libertad con síntomas” de coronavirus pero se “está a la espera” de los resultados de una investigación por personal del INP y de Salud, subrayó.
Aseguró que el personal médico de todas la cárceles hondureñas, que albergan unos 21.000 prisioneros, fueron capacitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ministerio hondureño de Salud para aplicar un protocolo de prevención de la pandemia.
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Perú: la criminalidad centra el debate presidencial entre Fujimori y Sánchez
La derechista Keiko Fujimori prometió este domingo enfrentar la criminalidad con mano dura y el izquierdista Roberto Sánchez a la “mafia política”, en el último debate presidencial antes del balotaje en Perú en una semana. Fujimori y Sánchez, en empate técnico según un sondeo de este domingo, disputan el poder en medio de una severa inestabilidad política, con ocho presidentes en una década, y una creciente inseguridad, principal preocupación de los peruanos.
La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que desplegará militares en apoyo a la policía, destruirá a las bandas dedicadas a la extorsión, expulsará a migrantes que cometan delitos y ordenará que los presos trabajen por sus alimentos. “Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza (...) Vamos a luchar contra la criminalidad. Seré yo quien asuma el liderazgo para combatir a los delincuentes”, aseguró Fujimori, una administradora de 51 años que busca la presidencia por cuarta vez consecutiva.
Sánchez, congresista, exministro y psicólogo de 57 años, dijo que la lucha contra la criminalidad pasa por recuperar la democracia y fortalecer el sistema de justicia, y propuso crear una policía de investigación para combatir la inseguridad y la corrupción. “Es el momento de luchar contra la inseguridad recuperando la democracia. Hoy la política cooptada por la mafia política, por la corrupción, está impidiendo defender la vida de los peruanos”, manifestó.
La inseguridad preocupa a casi un 70 % de los peruanos, de acuerdo con las encuestas. Las extorsiones aumentaron en un 20 % en 2025 respecto del año anterior, según datos de la policía.
Sánchez acusó a su rival, líder de su bancada parlamentaria, de formar parte de una “dictadura” en el Congreso que derroca presidentes. Fujimori le recriminó ser heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido y preso tras un fallido autogolpe de Estado.
Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtiene un 38 % de intención de voto, apenas tres puntos más que Sánchez, de Juntos por el Perú, según un sondeo de la consultora Ipsos publicado este domingo.
Ambos cuentan con poco respaldo popular. Fujimori ganó la primera vuelta presidencial con 17,1 %, mientras que Sánchez pasó a la segunda ronda con 12 %. El próximo presidente debe asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino, José María Balcázar.
Fujimori aventaja levemente
La candidata derechista Keiko Fujimori aventaja con estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez a una semana del balotaje presidencial en Perú, un empate técnico que presagia un reñido resultado, según una encuesta publicada el domingo.
La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene un 38 % de las preferencias de voto, un punto menos que en el anterior sondeo de hace diez días, y Sánchez se mantiene con un 35 %, señala la encuesta de Ipsos difundida por el diario Perú 21.
“Hay un empate estadístico, la situación no está definida, hay una pequeña diferencia a favor de Keiko de tres puntos en la encuesta. Esto se puede definir en la semana”, dijo a la AFP Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos, al referirse al margen de error de 2,8 puntos porcentuales.
En el balotaje del 7 de junio, un 12 % votaría en blanco o nulo y otro 15 % aún no definió su opción electoral, según la encuesta. En Perú el voto es obligatorio.
Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó la primera ronda con el 17 % de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, pasó al balotaje con el 12 %, según el Jurado Nacional de Elecciones.
La elección del 11 de abril estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales, fallos logísticos y denuncias de fraude.
La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021, cuando Fujimori perdió ante el izquierdista Pedro Castillo, quien año y medio después de asumir la presidencia intentó disolver el Congreso, fue destituido y encarcelado.
Es la cuarta vez que Fujimori, una administradora de empresas de 51 años, compite por la presidencia; en tanto que, para Sánchez, congresista y exministro de 57 años, es su primera postulación.
Fujimori y Sánchez se disputan el poder en medio de una severa inestabilidad política, con ocho presidentes en Perú desde 2016.
La mayoría fueron destituidos por el Congreso o renunciaron para evitar una suerte similar ante acusaciones de rebelión o corrupción.
Perú está además azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado. La encuesta fue realizada en varias ciudades del país el 29 y 30 de mayo entre 1.204 personas seleccionadas aleatoriamente a quienes se les preguntó por su voto en la segunda ronda.
Fuente: AFP.
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Ratifican prisión preventiva de conductor de plataforma imputado por la muerte de su pasajero
El Juzgado Penal de Garantías ratificó este jueves la prisión preventiva para el conductor de plataformas que está imputado por la muerte de un pasajero en el barrio Trinidad de Asunción.
El abogado defensor solicitó la revisión de la medida y pidió el cambio de la carátula pidiendo que vuelva a ser procesado por homicidio doloso.
La jueza penal de garantías, Diana Carvallo, decidió que Cristian Eduardo Jaime Narváez, de 37 años, imputado por la muerte de su pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel, de 44 años, ocurrida en el barrio Trinidad de Asunción, continúe guardando reclusión.
La caratula de la causa fue cambiada de “homicidio doloso” a “homicidio culposo” y la defensa de inmediato solicitó la medida alternativa a la prisión que sería esperar en su vivienda mientras dure las investigaciones. Sin embargo, la jueza argumentó que el cambio de carátula aún no está firme.
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Carvallo afirmó que además existe peligro de fuga en este caso teniendo en cuenta que el imputado es de nacionalidad argentina. Así también, resaltó que la fianza que ofreció la defensa del conductor no resultó suficiente para otorgarle la libertad ambulatoria o el arresto domiciliario.
Otros de los datos confirmados por la jueza es que la defensa apeló el cambio de carátula del caso y que buscan que el detenido vuelva a ser procesado por la figura de homicidio doloso, cuya expectativa de pena es de hasta 20 años de cárcel y al pasar a homicidio culposo la pena se reduce a 5 años o multa.
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Inicia misión técnica peruana para promover fortalecimiento del sector pecuario
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), informó que este lunes se dio inicio a una misión técnica peruana en nuestro país, en el marco del “Proyecto de Fortalecimiento del Desarrollo Ganadero en el Perú” que estará orientado a promover la cooperación entre ambos países para el fortalecimiento del sector pecuario.
Las jornadas técnicas incluirán visitas de campo en los departamentos Central, Concepción, San Pedro y Boquerón, estando previstas hasta el 30 de mayo del corriente año, detallaron desde la institución. La misión tiene como objetivo consolidar la cooperación técnica entre Paraguay y Perú mediante el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con la sostenibilidad productiva, los sistemas de trazabilidad animal y las normativas aplicadas al ámbito pecuario.
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La reunión de apertura se llevó a cabo en la sede central del Senacsa, con la participación de representantes de la institución, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por el Perú.
A mediados de este mes, nuestro país recibió a 12 empresas peruanas que llegaron a Paraguay para presentar una diversa oferta de productos de calidad a fin de fortalecer los lazos económicos, abrir nuevas oportunidades de negocios y consolidar la complementariedad entre ambos países.
Por otro lado, el organismo veterinario oficial informó que se tuvo una reunión con autoridades del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos durante la 93.ª Sesión general de la Asamblea Mundial de Delegados de la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa).
Durante el encuentro se abordaron temas sobre el estado del proceso de transición del Programa Nacional de Fiebre Aftosa de Paraguay, el ejercicio de simulacro de gabinete de la Peste Porcina Africana con países miembros del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP).
Asimismo, dialogaron sobre la invitación a la 28ª Conferencia de la Comisión Regional para las Américas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), fortaleciendo los lazos con los EE. UU.
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Venezuela: cientos de presos toman una cárcel para denunciar “torturas”
Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.
Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.
Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.
Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.
En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.
Fuente: AFP.