El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El director general de Asuntos Consulares y titular de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), Carlos Vera, se refirió al acuerdo de entendimiento de Tercer País Seguro (STCA), firmado entre Paraguay y Estados Unidos, el cual brinda a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en el territorio norteamericano la oportunidad de presentar sus solicitudes de refugio en nuestro país.

“El objetivo del memorándum es asegurar que las personas que buscan protección sean trasladadas de manera digna, segura y oportuna, evitando su retorno a su país de origen o residencia habitual y crear un marco de cooperación entre las partes para el análisis de las solicitudes de protección”, dijo al programa “Fuego cruzado” emitido por el canal GEN/Nación Media.

Asimismo, Vera siguió afirmando que “conforme a la ley y la reglamentación sobre el refugio, el Estado paraguayo va a garantizar la inclusión social y económica de estas personas, facilitará las documentaciones para que puedan residir normalmente y que su vida pueda integrarse a la sociedad paraguaya".

El acuerdo de entendimiento fue firmado el pasado 14 de agosto en la ciudad de Washington D. C., por Ramírez, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio y contó con la presencia del subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar.

“La Conare por ejemplo realiza el seguimiento de cómo están las solicitudes de trabajo para los refugiados, básicamente facilita los procedimientos, contactos con el sector privado, cuando se requiera alguna aclaratoria sobre la situación jurídica de cada uno. Las personas generalmente solicitan refugio cuando no cuentan con garantías constitucionales para que pueda vivir tranquilamente en su país o cuestiones de persecución por su raza, sexo u opiniones políticas discordante con la de su gobierno", detalló.

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Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Rubén Ramírez Lezcano, se aclaró que el memorándum de entendimiento no establece una invasión masiva de migrantes y mucho menos de personas con antecedentes penales o civiles.

“Conforme a este memorándum de entendimiento, el gobierno americano nos remitirá una lista de solicitantes y el Conare analizará para su aprobación e ingreso al país. Una vez que ingresen (personas solicitantes de refugio) se van a presentar en la oficina de la Secretaría Ejecutiva para las entrevistas y luego, se elabora un perfil de cada solicitante que se lleva a votación de los miembros del Conare y ahí recién se le da el estatus de refugio", comentó.

Señaló que aquellas personas cuyas solicitudes fueron rechazadas podrán optar por la tramitación a través de la Dirección Nacional de Migraciones, presentando las documentaciones pertinentes para su regularización. Agregó que la Conare se encuentra integrada por el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Por otra parte, detalló que de acuerdo a los registros del Conare, nuestro país cuenta actualmente con un total de 6.434 refugiados. “Aproximadamente otros 1.400 están en fase de análisis de solicitudes. Generalmente, existe un porcentaje alto de venezolanos y cubanos, son los de la población mayoritaria en la cifra total de refugiados”, manifestó.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que unos 1.200 millones de menores de entre 0 y 18 años sufren castigos físicos en sus hogares cada año, causando “daños significativos” a la salud y el desarrollo de los niños, aunque esta práctica varía “considerablemente” entre países.

Entre los niños de 2 a 14 años, las tasas de castigo corporal declaradas por los padres y cuidadores en el último mes han oscilado entre el 30 por ciento en Kazajistán y el 32 por ciento en Ucrania, hasta el 63 por ciento en Serbia, el 64 por ciento en Sierra Leona y el 77 por ciento en Togo.

“Existe evidencia científica abrumadora de que el castigo corporal conlleva múltiples riesgos para la salud infantil (...) No ofrece ningún beneficio para el comportamiento, el desarrollo ni el bienestar de los niños, ni tampoco para los padres ni para la sociedad”, ha afirmado el director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, Etienne Krug.

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Es por ello por lo que ha realizado un llamamiento para “poner fin a esta práctica nociva”, y garantizar así el desarrollo integral de los niños en sus casas y colegios. Según datos de 58 países, el 17 por ciento de los niños que sufrieron este tipo de castigos el mes pasado lo hicieron en sus formas “más severas”, tales como golpes en la cabeza, la cara o las orejas, o golpes fuertes y repetidos.

Los castigos físicos están “igualmente extendidos” en los colegios África y Centroamérica, donde el 70 por ciento de los niños son sometidos a esta práctica durante su etapa escolar, en comparación con el 25 por ciento de la región del Pacífico Occidental.

En el documento también se expone que los niños con un mayor riesgo de sufrir castigos corporales son los que tienen una discapacidad, aquellos cuyos padres han pasado por los mismos castigos, y aquellos cuyos padres padecen problemas de consumo de sustancias, depresión u otros problemas de salud mental.

Otros factores sociales tales como la pobreza, el racismo y la discriminación aumentan “aún más” el riesgo de que ocurran castigos corporales contra los niños, que tienen consecuencias “profundas y de gran alcance” para su salud. A nivel físico y más allá de las lesiones inmediatas, estos castigos acaban desencadenando respuestas biológicas perjudiciales, tales como una mayor reactividad de las hormonas del estrés o cambios en la estructura y función cerebral, lo que puede perjudicar un desarrollo saludable.

De hecho, un análisis realizado en 49 países de bajos y medios ingresos demuestra que los niños expuestos al castigo corporal tienen un 24 por ciento menos de posibilidades de alcanzar un desarrollo normal, en comparación con sus compañeros que no sufren estas prácticas.

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La salud mental de los niños también se ve “igual de gravemente” afectada, y es que se enfrentan a un mayor riesgo de ansiedad, depresión, baja autoestima e inestabilidad emocional, unos efectos que suelen persistir hasta la edad adulta, provocando tasas más altas de abuso de sustancias e incluso en la probabilidad de suicidio, intentos de suicidio o suicidio consumado.

A nivel social, este tipo de castigos también tienen consecuencias, pues los niños pueden ser más propensos a desarrollar conductas agresivas, a tener dificultades académicas y, una vez llegan a la edad adulta, a participar en conductas violentas, antisociales o delictivas. Del mismo modo, favorecen la aparición de una mayor aceptación social de la violencia, lo que refuerza “ciclos dañinos” a lo largo de diferentes generaciones.

Aunque ya son muchos los países que han prohibido el castigo corporal, su uso continuado y la persistente creencia en su necesidad demuestra que la legislación por sí sola no basta, motivo por el que la OMS ha subrayado la importancia de que las medidas legales sean acompañadas de campañas de concienciación pública y apoyo directo a padres, cuidadores y docentes, de forma que se promuevan formas de disciplina positivas y no violentas.

Fuente: Europa Press.