Los fiscales de la causa por la que fue condenada la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción solicitaron al tribunal que rechace otorgarle prisión domiciliaria para purgar una pena de seis años, señalaron fuentes judiciales este martes.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al juez el rechazo de la prisión domiciliaria porque consideraron que “no se advierten las razones humanitarias que la justifican”, según el dictamen divulgado por el Ministerio Público Fiscal.

La líder de centroizquierda, de 72 años, puede solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces.

Su defensa había esgrimido además razones de seguridad al citar el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran.

De prosperar la postura de la fiscalía, Kirchner sería alojada en una cárcel común.

Presidenta del Partido Justicialista y principal líder de la oposición, Cristina Kirchner anunció que se presentará el miércoles ante los tribunales para iniciar el cumplimiento de su pena.

Seguidores y partidarios de la dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta (2019-2023) convocaron a una movilización para el miércoles, para la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país, en lo que se prevé será una marcha multitudinaria hacia los tribunales.

El tribunal puede notificar a Kirchner en forma remota para evitar que acuda a la sede judicial acompañada de una gran movilización popular.

En las puertas de la casa de Kirchner la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral.

“Vengo de Rosario -340 km al norte de Buenos Aires-, vine en tren con la bicicleta y traje la bolsa de dormir para quedarme esta noche acá y mañana acompañar en la marcha”, dijo a la AFP Huara Gatti, de 33 años y empleada en el área de Cultura de la alcaldía rosarina.

Entre los manifestantes se comparte mate, una infusión criolla, y otras bebidas calientes para paliar el frío. “Hay que estar porque es un momento muy importante, muy triste, doloroso. Es una forma de darle un abrazo a la distancia y que sepa que no está sola”, dijo Gatti.

Algunos deciden permanecer, otros pasan a expresar apoyo y siguen con sus actividades. Automovilistas hacen sonar sus bocinas en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes “¡Van a ir todos presos!”.

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“Le tienen tanto odio, quieren la foto, están haciendo todo para verla con pulsera electrónica, con el cartel de presa, quieren morbo”, reflexiona Gisela Cava, una vendedora de 45 años que lleva una camiseta con la frase de Kirchner “La patria es el otro”.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.

“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.

La Corte Suprema confirmó el martes pasado una condena a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua contra Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

El presidente ultraliberal Javier Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.

Kirchner pidió cumplir su condena en un departamento en el barrio de Constitución, en la capital argentina, a minutos del Congreso Nacional.

• Fuente: AFP

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El corazón de Sudamérica tiene un modelo que funciona y ahora busca convertirse en un hub exportador aprovechando sus ventajas.

Rentabilidad récord, eficiencia industrial y un objetivo ambicioso: alcanzar los 1.000 millones de litros de leche en 2025. A pesar de una caída del 5 % en la producción, la industria láctea paraguaya pisa fuerte y no pierde el foco.

¿La clave? Precios al productor que lideran el ranking del Mercosur y una estructura que apuesta a la escala.

“Estamos en una onda positiva. Tenemos precios competitivos al productor y precios bajos al consumidor, una combinación que habla de buena gestión”, resume Erno Becker, presidente de Capainlac.

Con pagos de entre G. 3.300 y G. 3.700 por litro (más de USD 0,40), Paraguay ostenta la rentabilidad más atractiva de la región. Esto significa algo inusual en el negocio agroindustrial: productores satisfechos y consumidores que acceden a precios accesibles.

Una rareza en tiempos donde el costo de vida escala, pero que en Paraguay se da gracias a una cadena eficiente y márgenes sólidos.

Aunque el mercado local sigue siendo el motor, la exportación juega un rol estratégico. Con la tonelada de leche en polvo cotizando entre USD 4.000 y USD 4.200, la industria encuentra una válvula para canalizar excedentes.

Argentina, que recientemente abrió su mercado, genera expectativa, aunque aún hay trabas por resolver y la producción paraguaya no alcanza el volumen necesario para aprovechar la ventana a gran escala.

Paraguay tiene algo que pocos en la región: un modelo que funciona. Desde el tambo hasta la góndola, la cadena láctea combina eficiencia, rentabilidad y visión.

Ahora el desafío es otro: producir más sin perder competitividad y consolidarse como hub exportador. La industria sabe que el camino está trazado, y que el gran salto no será por azar, sino por estrategia.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) continúa impulsando su propuesta de modificación de la Ley de bienes de alta tecnología, que permitirá al país importar componentes electrónicos para ensamblar electrodomésticos y venderlos tanto al mercado interno como al Mercosur a través de una exoneración arancelaria y convertirse, además, en otra herramienta para la atracción de capitales.

El viceministro de Industria del MIC, Marco Riquelme, afirmó que la posición geográfica de Paraguay lo coloca en el centro de las capitales económicas del continente, ejemplificando que Ciudad del Este se encuentra más próxima a San Pablo y a Buenos Aires que sus respectivos polos industriales, lo que consideró una ventaja logística.

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“Toda esa ventaja logística es lo que estamos tratando de explicar a la gente que está en Buenos Aires que compra estos productos y nosotros mismos como mercado. Nosotros importamos el año pasado USD 150 millones en aires acondicionados, con ese tamaño de mercado interno nomás, nosotros tenemos que poder atraer ya a los industriales o a las marcas para que hagan ensamblaje en Paraguay”, dijo al programa Cara o Cruz de Unicanal.

En ese sentido, la apuesta del Gobierno es una modificación a la Ley de bienes de alta tecnología, que permitirá que se importen insumos tecnológicos para su ensamblaje en Paraguay y su posterior comercialización en el mercado local y en el Mercosur. Esta iniciativa contempla exoneraciones arancelarias que permitan atraer capitales.

El viceministro Riquelme afirmó que la cartera estatal desarrolla un plan industrial con miras al 2035 con 14 indicadores a seguir anualmente para medir el impacto de crecimiento industrial en el producto interno bruto (PIB) del país.

“Estamos convencidos de que la industria es lo que más ayuda a la permeabilidad de la economía más que el agro y otros sectores. Estamos en el desafío de desarrollar nuestra materia prima, desde la energía eléctrica, los commodities hasta la mano de obra joven y vigorosa que tenemos", dijo.

Igualmente, refirió que en otros países el proceso industrial comenzó también, como en Paraguay, con la maquila y similares, y que el país debe avanzar al siguiente escalón que es el ensamblaje de productos electrónicos, que además brindaría capacidades nuevas y más cotizadas a los trabajadores.

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• Bruselas, Bélgica. AFP.

El gobierno británico y la Unión Europea alcanzaron un “histórico” acuerdo político definitivo sobre libre circulación de bienes y personas entre el enclave británico de Gibraltar y España. “Este acuerdo beneficia a todos, y aportará certeza legal y confianza a las personas y negocios de toda la región”, dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al anunciar el entendimiento, el 11 de junio.

El alto funcionario dijo sentirse “absolutamente convencido de que el acuerdo será ratificado, porque es un buen acuerdo”. Por su parte, el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, destacó que con el acuerdo dejará de existir la valla que separaba el territorio español del enclave británico. "Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías", expresó el alto funcionario español.

Sefcovic y Albares mantuvieron en la jornada reuniones con el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, y con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. En un comunicado, Lammy apuntó que el entendimiento sellado “aporta una solución práctica tras años de incertidumbre”.

“Junto con el gobierno de Gibraltar, hemos alcanzado un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas volver a planificar a largo plazo”, añadió. Para el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, “hoy es un gran día para el Campo de Gibraltar”. “Después de tres siglos sin avances, la UE, Reino Unido y España cerramos un acuerdo global en beneficio de los ciudadanos y de nuestra relación bilateral con el Reino Unido”, afirmó en la red X.

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Picardo dijo estar “encantado” con el acuerdo, que aportará “seguridad jurídica al pueblo de Gibraltar, a sus negocios y a todos aquellos de la región que confían en la estabilidad en la frontera”. Este acuerdo, aún pendiente de ratificación, contempla la eliminación de “todas las barreras físicas, comprobaciones y controles sobre personas y mercancías que circulan entre España y Gibraltar”, informaron la UE y el Reino Unido en un comunicado conjunto.

Un punto crítico del acuerdo se refiere el control de pasaportes. En este caso, agentes migratorios españoles tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad del Espacio Schengen. De acuerdo con fuentes británicas, se trata de un arreglo similar al establecido en la estación de trenes de Saint Pancras, en Londres, donde la policía de Francia hace el chequeo migratorio a pasajeros hacia la UE.

“El camino está ahora despejado para que los equipos negociadores ultimen rápidamente el texto jurídico completo y procedan con los respectivos procedimientos internos conducentes a la firma y ratificación” del entendimiento, se lee en el comunicado conjunto.

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Las conversaciones entre Londres, Madrid, Bruselas y Gibraltar sobre un acuerdo avanzaron casi imperceptiblemente durante el anterior gobierno conservador británico, pero la llegada de los laboristas, el año pasado, dio un nuevo impulso al proceso. En particular, el nuevo gobierno británico se propuso “reiniciar” sus relaciones con la UE, y este acuerdo sobre Gibraltar es un paso esencial en ese empeño.

Hace un año, las partes mantuvieron una ronda de conversaciones en Bruselas y en ese momento Picardo había afirmado que las partes quedaron “a la distancia de beso” para alcanzar el acuerdo. Cerca de 15.000 personas, en su mayoría españoles, cruzan cada día la frontera para trabajar en este territorio británico de unos 34.000 habitantes.

Reino Unido abandonó la UE en 2020 dejando sin resolver la relación entre el bloque europeo y Gibraltar, históricamente una base militar británica altamente estratégica debido a su posición en la entrada del mar Mediterráneo. España cedió Gibraltar a la corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre el peñón, lo que genera tensiones recurrentes entre Madrid y Londres.