Lima, Perú | AFP |
El presidente peruano Martín Vizcarra anunció este lunes que aceptó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, cuestionado por asesorar a la empresa brasileña Odebrecht.
"Ya se le aceptó la renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas", dijo a la prensa Vizcarra durante una visita a una zona afectada por la deflagración de un camión cisterna.
"Que se determinen responsabilidades. El tema es que ante las denuncias que se han dado(Liu) ha tomado la decisión de comunicar la renuncia", explicó.
Liu reconoció en el programa dominical "Panorama" que su empresa Conasac prestó "en algunos momentos algunos servicios a Odebrecht", que en 2014 ganó la licitación para la construcción del Gasoducto Sur Peruano. Esos "servicios", afirmó, fueron "de naturaleza regulatoria".
En esos momentos, Odebrecht "no tenía ningún cuestionamiento público ni en el Perú ni en el exterior", dijo.
El 24 de enero de 2017 el gobierno canceló el contrato para la construcción del gasoducto, del que ya se había hecho un tercio.
La obra inconclusa, de 1.000 km de longitud, debía transportar gas natural a través de las altas cumbres de los Andes, desde Quillabamba, en la región de Cusco, hasta la costa de Arequipa.
El escándalo de Odebrecht salpica en Perú a cuatro expresidentes y a varios políticos, entre ellos la líder opositora Keiko Fujimori, y exfuncionarios.
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Juez anula pruebas de confesiones de Odebrecht en caso de corrupción
Brasilia, Brasil. AFP.
Un juez de Brasil anuló las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos del gigante Odebrecht, implicado en el escándalo de corrupción Lava Jato, y afirmó que la prisión del presidente Lula, ligada a la misma investigación, fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia” del país.
En su decisión, a la que AFP tuvo acceso, el juez del Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli consideró que las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht son “inutilizables” por “cualquier jurisdicción”.
El acuerdo preveía igualmente el pago de una multa de 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil. En el gigante latinoamericano, Odebrecht fue acusada por la Fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.
La red, destapada en 2014 por la investigación llamada Lava Jato, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. Las acusaciones contra la empresa trascendieron en Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos, varios expresidentes.
El juez Dias Toffoli denunció en su despacho “las graves consecuencias” de pruebas obtenidas “al margen de la ley (...) para cientos de personas investigadas o procesadas en Brasil y en el extranjero”. El magistrado integra el máximo tribunal desde 2009, cuando fue nombrado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su segundo mandato.
Lula pasó 18 meses preso, entre 2018 y 2019, tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero en la causa Lava Jato, bajo acusación de recibir sobornos de otro gigante brasileño de la construcción OAS. Pero sus condenas fueron anuladas por otro juez de la Corte Suprema en marzo de 2021. Tres meses después, el exjuez de primera instancia Sergio Moro, que condenó a Lula a prisión, fue declarado “parcial” por la Corte Suprema.
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Alejandro Toledo pide devolución de US$ 1 millón que pagó como fianza para su excarcelación
El expresidente peruano Alejandro Toledo solicitó a las autoridades judiciales estadounidenses que le devuelvan el millón de dólares que pagó para su excarcelación en 2020, cuando fue arrestado por primera vez al inicio de su proceso de extradición a su país, informó el sábado la Procuraduría de Perú.
“Ha presentado una moción (recurso judicial) para que se le devuelva la fianza al momento que pidió ser excarcelado en Estados Unidos y tener un arresto domiciliario en California”, dijo a la prensa la procuradora (fiscal) del sonado caso Lava Jato en Perú, Silvana Carrión.
“La fianza fue de medio millón de dólares en efectivo y quinientos mil como garantía de un bien inmueble. Entiendo que según las normas americanas esa es una posibilidad (la devolución), eso rige por las reglas americanas”, precisó.
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Los abogados de Toledo, recluido en California, presentaron un escrito ante el despacho del juez de California, Thomas S. Hixson, en el que indicaron que, tras ponerse a disposición de la justicia, debe liberarse el dinero que entregó en 2020, cuando se dictó su arresto domiciliario con la obligación de usar una tobillera electrónica. “Ahora que se produjo nuevamente su detención ha solicitado que se le devuelva la fianza”, agregó la procuradora.
Confirman llegada
El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que el expresidente (2001-2006) llegará en horas de la mañana del domingo a la capital peruana tras ser trasladado por agentes estadounidenses. “La Policía ya tiene un plan de operaciones que ha estructurado para la seguridad. Efectivamente en horas de la mañana (del domingo) debe estar llegando el expresidente Toledo a la ciudad de Lima”, dijo Romero al canal de televisión Latina.
“Estamos esperando que salga el vuelo de Estados Unidos para poderlo recibir aquí en Perú. Lo importante es la seguridad y cuidar al expresidente”, agregó. El exmandatario será sometido a examen médico legal, un control judicial a cargo de un juez, y será trasladado al penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) donde también están recluidos los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022) y Alberto Fujimori (1990-2000).
Toledo (77 años), acusado de corrupción y por lavado de activos en el marco de un megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a políticos, se entregó el viernes a las autoridades estadounidenses, que procesarán su extradición a Lima.
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Es acusado de haber recibido millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel. Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco de la operación Lava Jato (Lavadero de Autos), por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.
Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la Policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.
Fuente: AFP.
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EE. UU.: expresidente Toledo se entregó para su extradición a Perú
El expresidente Alejandro Toledo, acusado por Lima de corrupción y lavado de dinero, se entregó esta mañana ante las autoridades estadounidenses para iniciar su proceso de extradición a Perú, informaron las autoridades en California. El exmandatario, de 77 años, se entregó a las 9:15 (16:15 GMT) locales a un tribunal federal de San José y quedó a disposición del servicio de alguaciles de Estados Unidos.
Previamente, una corte de Estados Unidos rechazó otro recurso del expresidente peruano, que Toledo había presentado por la mañana del jueves una moción de emergencia ante un tribunal de Washington para dilatar el proceso, sin embargo, la instancia respondió de forma negativa pocas horas después.
El exmandatario de 77 años niega las acusaciones y ha presentado varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Estados Unidos autorizó en febrero. Todos sus recursos para frenar el proceso han sido denegados, incluyendo la solicitud de última hora en una audiencia el miércoles de postergar su entrega cuatro días por compromisos médicos.
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“Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal”, respondió al respecto el representante del gobierno estadounidense, Kyle Waldinger. El juez Thomas Hixson ordenó que el político peruano se entregue el viernes a las 9:00 locales en un tribunal federal en San José, a unos 40 kilómetros de Menlo Park, donde reside con su esposa, Eliane Karp.
El expresidente permanecerá “en una cárcel adecuada” hasta que sea entregado a las autoridades peruanas, detalló Hixson. El juez solicitó este jueves la entrega del pasaporte de Toledo a las autoridades estadounidenses, y autorizó que el pasaporte de Karp le sea devuelto una vez “el acusado se haya entregado”.
El político, que gobernó Perú de 2001 a 2006, es residente en Estados Unidos, donde estudió y trabajó en la Universidad de Stanford. Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, fue detenido en 2019 en California, y al año siguiente fue puesto en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.
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Perú lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel. Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.
Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.
Fuente: AFP.
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Panamá: Ricardo Martinelli fue sancionado por caso Odebrecht
Estados Unidos prohibió el ingreso al expresidente panameño Ricardo Martinelli por aceptar “sobornos”, una medida que incluye a sus familiares, entre ellos dos hijos que regresaron a Panamá tras cumplir en el país norteamericano una condena por cobro de coimas a la constructora brasileña Odebrecht.
“Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente” lo que hace a “Martinelli y a miembros de su familia inmediata inelegibles para entrar a los Estados Unidos”, dice una declaración del secretario de Estado, Antony Blinken, divulgada por la embajada norteamericana en Panamá.
La nota fue publicada poco después de la llegada a Panamá de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli, tras cumplir este miércoles su condena en Estados Unidos. Los hijos del exmandatario, quien aspira a presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales del 2024, llegaron en un vuelo comercial al aeropuerto internacional de Tocumen de la capital panameña. Ambos partieron desde el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey) custodiados por agentes del servicio de inmigración estadounidense, indicó su abogado, Carlos Carrillo.
Padre e hijos a juicio
Los hermanos Martinelli están imputados en Panamá, junto a su padre, por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como “Blue Apple”, una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014)
Los hijos de Martinelli cumplieron dos años y medio de los tres años de condena que les impuso la justicia estadounidense, y pagaron una multa de 250.000 dólares, por recibir 28 millones de dólares en sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, de los cuales 19 millones transitaron por cuentas norteamericanas.
De la condena fijada por la justicia estadounidense, se descontó el tiempo que habían permanecido detenidos primero en Guatemala y después en Estados Unidos. En la audiencia en la que se anunció el fallo, los abogados de los hermanos, que se habían declarado culpables de los cargos que les imputaba la fiscalía estadounidense, acusaron al expresidente Martinelli de haber inducido a sus hijos a cometer los delitos.
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Por este caso, también está llamado a juicio en Panamá el expresidente de 70 años, quien niega haber recibido “ningún real mal habido” y afirma que todo se trata de “un circo político” para evitar que se postule nuevamente a la presidencia. La fiscalía panameña acusa a Martinelli y a sus hijos de recibir sobornos de Odebrecht entre el 2009 y el 2015, a través de sociedades pantalla.
“Se evidencia que los señores Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares estuvieron recibiendo dineros ilícitos provenientes de la caja no contabilizada de Odebrecht”, señaló el auto de llamamiento a juicio. “El ministerio público está con amplias expectativas de que estas dos personas (...) enfrenten la responsabilidad penal que se les está indilgando”, afirmó el martes el fiscal jefe de Panamá, Javier Caraballo, sobre los hijos del exmandatario.
Sin embargo, los hermanos no fueron detenidos a su llegada a Panamá porque pagaron cada uno siete millones de dólares en fianzas: dos millones por el caso Odebrecht y cinco millones por el de “Blue Apple”, según el abogado Carrillo.
“Objetivo, impunidad”
En el 2016, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a jerarcas gubernamentales, básicamente en América Latina, para conseguir y retener obras de infraestructuras principalmente.
En Panamá, donde Odebrecht se hizo con contratos millonarios bajo el gobierno de Martinelli, la compañía brasileña reconoció haber pagado 59 millones de dólares en coimas. La declaración de Blinken es “contundente” porque Estados Unidos señala a Martinelli “como un corrupto”, dijo el presidente del opositor Partido Panameñista (derecha), José Blandón.
Los hermanos Martinelli “deberán afrontar la justicia panameña, será un camino lleno de trampas y obstáculos que esperamos puedan ser superados por los operadores judiciales”, afirmó a la AFP la presidenta en Panamá de la ONG Transparencia Internacional, Lina Vega.
“El objetivo (de los hermanos) es la impunidad y sobran recursos” para lograrlo, dijo Vega. “También veremos, sin duda, los espectáculos de mal gusto que suele protagonizar el jefe del clan”, añadió. Los dos hermanos huyeron de Estados Unidos el 25 de junio del 2020, pero fueron detenidos ese año en Guatemala cuando pretendían viajar en un vuelo privado a su país.
Posteriormente, fueron extraditados a Estados Unidos, donde la justicia los acusó de utilizar los bancos de este país para cometer su fraude “egoísta y avaricioso”. Según la fiscalía estadounidense, los Martinelli invirtieron cifras millonarias de los sobornos en empresas, acciones, bonos y la adquisición de bienes de lujo, como un yate y un lujoso condominio en Miami.
“Es una prueba más al sistema de justicia panameño, que ha tenido a lo largo de su historia varias pruebas y lamentablemente los resultados no han sido positivos. Literalmente se puede esperar cualquier cosa, ya nada sorprende”, dijo el jurista Carlos Barsallo a la AFP.
Fuente: AFP.