El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, se declaró ayer lunes “inocente” ante un tribunal de las acusaciones de haber lavado dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Martinelli, quien compareció por videollamada, comenzó a ser juzgado ayer lunes en un tribunal de Causas Penales de Panamá junto con otra veintena de personas, que también rechazaron los cargos, constató la AFP.

“Soy inocente, no soy responsable”, se limitó a decir el exmandatario de 73 años, con el ceño fruncido y vestido con suéter negro, al ser preguntado por la jueza Baloisa Marquínez si se sentía “responsable” por los cargos que se le imputan. En sus redes sociales, Martinelli expresó “serias dudas” sobre si habrá “debido proceso” y “respeto a la ley” en el caso Odebrecht, y calificó el juicio como un “show de la distracción”, en mensajes publicados durante la primera jornada del proceso.

La fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, aseguró a su llegada al tribunal que el Ministerio Público “va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales”. Odebrecht se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en comisiones, principalmente en América Latina, donde los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por este caso.

En Panamá, la empresa reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), cuando se construyó el Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto. Martinelli, que se arriesga a una condena de 12 años de cárcel, sigue la audiencia virtualmente porque se asiló en Colombia en 2025 para evitar su detención por una pena de casi 11 años de prisión en otro caso de blanqueo de capitales.

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La audiencia, que se desarrolla en una sala de la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de Panamá, se había postergado cinco veces por recursos de los acusados. Según la imputación, hay órdenes de pagos de Odebrecht que aunque no fueron directamente a cuentas propias de Martinelli, presuntamente era el destinatario final y tenía “pleno conocimiento de la procedencia ilícita” del dinero.

“Se le han violado una serie de garantías procesales para tratar de condenarlo por encima de la ley. Este caso es totalmente político”, indicó a la AFP Carlos Carrillo, abogado del expresidente. El exmandatario Juan Carlos Varela y dos hijos de Martinelli también están acusados, pero serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia al tener fuero como diputados del Parlamento Centroamericano y del Congreso panameño.

Tanto Martinelli como Varela tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, que los acusa de corrupción. Por este escándalo internacional los expresidentes peruanos Toledo y Humala purgan 20 y 15 años de cárcel, respectivamente, mientras que Alan García se suicidó en 2019 en medio de las acusaciones. En Ecuador, el exmandatario socialista Rafael Correa, residente en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel.

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Además de los expresidentes, también están imputados cuatro antiguos ministros de Martinelli y uno de Varela, la mayoría de ellos presentes en la sala. Todos se declararon inocentes. “Después de años de dilación esperemos que se pueda terminar este proceso y uno pueda continuar con su vida”, indicó Frank De Lima, exministro de Economía de Martinelli al entrar a la audiencia.

El juicio tiene como fecha tope el 13 de febrero. Posteriormente, la jueza dispondrá de 30 días para dictar sentencia. La causa consta de 2.800 tomos, que por lo voluminosos no pudieron ser llevados a la sala en su totalidad.

Fuente: AFP.

Brasilia, Brasil. AFP.

Un juez de Brasil anuló las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos del gigante Odebrecht, implicado en el escándalo de corrupción Lava Jato, y afirmó que la prisión del presidente Lula, ligada a la misma investigación, fue “uno de los mayores errores judiciales de la historia” del país.

En su decisión, a la que AFP tuvo acceso, el juez del Supremo Tribunal Federal José Antonio Dias Toffoli consideró que las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht son “inutilizables” por “cualquier jurisdicción”.

El acuerdo preveía igualmente el pago de una multa de 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil. En el gigante latinoamericano, Odebrecht fue acusada por la Fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.

La red, destapada en 2014 por la investigación llamada Lava Jato, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. Las acusaciones contra la empresa trascendieron en Brasil, con causas judiciales abiertas en otros países latinoamericanos y africanos, y decenas de políticos prominentes salpicados por acusaciones de corrupción, entre ellos, varios expresidentes.

El juez Dias Toffoli denunció en su despacho “las graves consecuencias” de pruebas obtenidas “al margen de la ley (...) para cientos de personas investigadas o procesadas en Brasil y en el extranjero”. El magistrado integra el máximo tribunal desde 2009, cuando fue nombrado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su segundo mandato.

Lula pasó 18 meses preso, entre 2018 y 2019, tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero en la causa Lava Jato, bajo acusación de recibir sobornos de otro gigante brasileño de la construcción OAS. Pero sus condenas fueron anuladas por otro juez de la Corte Suprema en marzo de 2021. Tres meses después, el exjuez de primera instancia Sergio Moro, que condenó a Lula a prisión, fue declarado “parcial” por la Corte Suprema.

El expresidente peruano Alejandro Toledo solicitó a las autoridades judiciales estadounidenses que le devuelvan el millón de dólares que pagó para su excarcelación en 2020, cuando fue arrestado por primera vez al inicio de su proceso de extradición a su país, informó el sábado la Procuraduría de Perú.

“Ha presentado una moción (recurso judicial) para que se le devuelva la fianza al momento que pidió ser excarcelado en Estados Unidos y tener un arresto domiciliario en California”, dijo a la prensa la procuradora (fiscal) del sonado caso Lava Jato en Perú, Silvana Carrión.

“La fianza fue de medio millón de dólares en efectivo y quinientos mil como garantía de un bien inmueble. Entiendo que según las normas americanas esa es una posibilidad (la devolución), eso rige por las reglas americanas”, precisó.

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Los abogados de Toledo, recluido en California, presentaron un escrito ante el despacho del juez de California, Thomas S. Hixson, en el que indicaron que, tras ponerse a disposición de la justicia, debe liberarse el dinero que entregó en 2020, cuando se dictó su arresto domiciliario con la obligación de usar una tobillera electrónica. “Ahora que se produjo nuevamente su detención ha solicitado que se le devuelva la fianza”, agregó la procuradora.

El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que el expresidente (2001-2006) llegará en horas de la mañana del domingo a la capital peruana tras ser trasladado por agentes estadounidenses. “La Policía ya tiene un plan de operaciones que ha estructurado para la seguridad. Efectivamente en horas de la mañana (del domingo) debe estar llegando el expresidente Toledo a la ciudad de Lima”, dijo Romero al canal de televisión Latina.

“Estamos esperando que salga el vuelo de Estados Unidos para poderlo recibir aquí en Perú. Lo importante es la seguridad y cuidar al expresidente”, agregó. El exmandatario será sometido a examen médico legal, un control judicial a cargo de un juez, y será trasladado al penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) donde también están recluidos los expresidentes Pedro Castillo (2021-2022) y Alberto Fujimori (1990-2000).

Toledo (77 años), acusado de corrupción y por lavado de activos en el marco de un megaescándalo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a políticos, se entregó el viernes a las autoridades estadounidenses, que procesarán su extradición a Lima.

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Es acusado de haber recibido millones de dólares de Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel. Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco de la operación Lava Jato (Lavadero de Autos), por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.

Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la Policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.

Fuente: AFP.

El expresidente Alejandro Toledo, acusado por Lima de corrupción y lavado de dinero, se entregó esta mañana ante las autoridades estadounidenses para iniciar su proceso de extradición a Perú, informaron las autoridades en California. El exmandatario, de 77 años, se entregó a las 9:15 (16:15 GMT) locales a un tribunal federal de San José y quedó a disposición del servicio de alguaciles de Estados Unidos.

Previamente, una corte de Estados Unidos rechazó otro recurso del expresidente peruano, que Toledo había presentado por la mañana del jueves una moción de emergencia ante un tribunal de Washington para dilatar el proceso, sin embargo, la instancia respondió de forma negativa pocas horas después.

El exmandatario de 77 años niega las acusaciones y ha presentado varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Estados Unidos autorizó en febrero. Todos sus recursos para frenar el proceso han sido denegados, incluyendo la solicitud de última hora en una audiencia el miércoles de postergar su entrega cuatro días por compromisos médicos.

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“Estamos listos para trasladar al doctor Toledo a Perú para acatar la orden del tribunal”, respondió al respecto el representante del gobierno estadounidense, Kyle Waldinger. El juez Thomas Hixson ordenó que el político peruano se entregue el viernes a las 9:00 locales en un tribunal federal en San José, a unos 40 kilómetros de Menlo Park, donde reside con su esposa, Eliane Karp.

El expresidente permanecerá “en una cárcel adecuada” hasta que sea entregado a las autoridades peruanas, detalló Hixson. El juez solicitó este jueves la entrega del pasaporte de Toledo a las autoridades estadounidenses, y autorizó que el pasaporte de Karp le sea devuelto una vez “el acusado se haya entregado”.

El político, que gobernó Perú de 2001 a 2006, es residente en Estados Unidos, donde estudió y trabajó en la Universidad de Stanford. Tras las acusaciones y el pedido de extradición de Lima, fue detenido en 2019 en California, y al año siguiente fue puesto en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

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Perú lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales piden 20 años y seis meses de cárcel. Odebrecht reconoció el pago de coimas en Brasil y en otros países de la región en el marco del escándalo Lava Jato, por el que decenas de políticos y empresarios de América Latina están encarcelados.

Otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan procesos judiciales por corrupción: Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado también por corrupción, además de crímenes de lesa humanidad, y Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía estaba a punto de detenerlo bajo sospechas de vinculación con el caso Odebrecht.

Fuente: AFP.