Los propietarios de más de 10.000 vehículos con los motores dañados por gasolina de mala calidad reclamaron una compensación al gobierno de Bolivia, que importa y distribuye el combustible a través de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó ayer miércoles la compañía. El presidente centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre con la promesa de resolver una grave crisis de desabastecimiento de carburantes.

Esa política de subsidios, sostenida durante 20 años por los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), agotó las reservas en dólares y complicó nuevas importaciones de combustibles. Paz eliminó en diciembre las subvenciones. Y aunque las largas colas en los surtidores desaparecieron, los bolivianos todavía temen que al cargar sus vehículos sus motores se ennegrezcan y estropeen.

“Estamos en el orden de 10.874 personas que han iniciado el reclamo” de una compensación por sus motores dañados, dijo en rueda de prensa Yussef Akly, presidente de YPFB. El Ministerio de Energía e Hidrocarburos reconoció la semana pasada que tanques de almacenamiento acumularon restos de oxidación por falta de uso, pero que al volver a utilizarse los residuos se mezclaron con los combustibles. El gobierno de Paz ha calificado la inacción de los funcionarios, que trabajan desde la gestión anterior y que debieron advertir estos problemas, como un “sabotaje”.

El mandatario ordenó en febrero militarizar 16 plantas de almacenamiento de YPFB a nivel nacional, pero las autoridades no volvieron a pronunciarse si continúa esta vigilancia interna. Akly señaló ayer miércoles que “tenemos varias personas que están en proceso de investigación” para determinar su responsabilidad, pero no dio más detalles. También explicó que el daño no alcanzó a todo el parque automotor.

“Esta desestabilización que se da en la gasolina se dio coyunturalmente en algunos lotes” importados y “en situaciones muy puntuales”, detalló. Una línea telefónica se habilitó para registrar las quejas de los usuarios. Las compensaciones se iniciarán esta semana. Bolivia importa combustibles principalmente de Argentina, Chile y Paraguay.

Fuente: AFP.

La policía detuvo ayer miércoles en Bolivia a uno de los hijos del expresidente izquierdista Luis Arce por un caso de presunto lavado de activos, tras una “persecución” cuando intentaba fugarse en un vehículo, informó el Ministerio de Gobierno. Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, en el este del país. Es objeto de una investigación de la Fiscalía junto a su padre y sus dos hermanos menores, Rafael y Camila Arce, aunque las autoridades no informaron oficialmente los pormenores del caso.

Luis Arce gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 y fue reemplazado en noviembre por el centroderechista Rodrigo Paz. Está preso en una cárcel de La Paz desde diciembre por presunta corrupción cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019). El miércoles “se produjo una persecución y la captura posterior” de Marcelo Arce, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior), en conferencia de prensa.

Se le incautó un monto equivalente a 22.200 dólares, entre moneda extranjera y local. “Se encontró al sospechoso en el vehículo (...) en el cual se pretendió dar a la fuga” y fue “interceptado por efectivos de la policía”, agregó. La autoridad mencionó que la investigación también contempla, además del lavado, el presunto delito de “daño económico al Estado”. De ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de prisión, según el código penal boliviano.

Imágenes de Marcelo Arce vestido de camiseta y gorro rojos y esposado fueron difundidas por medios locales. Es la segunda vez que el hijo mayor del exmandatario termina tras las rejas. En octubre de 2025, en las postrimerías del gobierno de su padre, fue detenido por el presunto delito de “violencia familiar o doméstica” contra su entonces pareja, pero fue liberado al día siguiente.

Fuente: AFP.

Paraguay anunció el envío de agentes especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a Bolivia con el objetivo de recabar información clave sobre la estructura criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La decisión se da tras su reciente captura y posterior traslado a Estados Unidos, en el marco de una investigación internacional.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó al medio boliviano El Deber que el despliegue se concretará una vez que se estabilice la situación operativa en el vecino país, donde actualmente las autoridades locales continúan con procedimientos derivados del operativo que permitió la detención del presunto líder narco.

Según explicó, la presencia de agentes de la Senad permitirá acceder a avances investigativos, fortalecer el intercambio de información y articular acciones conjuntas con organismos internacionales que siguen el caso. La red atribuida a Marset tendría ramificaciones en varios países, incluyendo Paraguay, lo que refuerza el interés de las autoridades nacionales.

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En paralelo, Marset ya se encuentra en Estados Unidos, donde compareció por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, tras ser expulsado desde Bolivia el pasado 13 de marzo. La audiencia inicial fue de carácter administrativo, en la que se le notificaron los cargos y se verificó su representación legal.

El uruguayo permanece recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale, a la espera de las siguientes etapas del proceso judicial. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, es señalado como líder de una organización criminal a gran escala, dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

Las investigaciones sostienen que la estructura operaba en múltiples países y que los envíos de droga podían alcanzar hasta 10 toneladas por cargamento, además de contar con un sofisticado sistema de lavado de dinero a través del sistema financiero internacional.

Las autoridades estadounidenses también indicaron que Marset habría manejado millonarias sumas provenientes del narcotráfico, incluyendo más de 17 millones de euros correspondientes a un solo cargamento, parte de los cuales habrían sido blanqueados mediante operaciones financieras en Estados Unidos.

El caso es liderado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de agencias internacionales. En caso de ser hallado culpable, el acusado enfrenta penas de hasta 20 años de prisión, aunque la condena final dependerá del desarrollo del juicio y de las normativas vigentes.

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La policía incautó bienes valorizados en 15 millones de dólares al narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia y expulsado a Estados Unidos, entre los que se cuentan 16 aeronaves, cinco viviendas y armamento de guerra, informó este lunes el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, era considerado uno de los capos de la droga más buscados del Cono Sur. Circulaba además entre Venezuela, Brasil y Paraguay. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares por información sobre él, tras acusarlo de movilizar al menos 16 toneladas de cocaína.

El narcotraficante fue capturado el viernes en una lujosa residencia de la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia. Horas después fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, que lo trasladaron en un avión a Estados Unidos.

“Estamos hablando de más o menos un equivalente de unos 15 millones de dólares” en bienes incautados hasta el momento, dijo Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, a la radio Fides.

Se decomisaron 16 aeronaves que las autoridades presumen que formaban parte de la estructura de trasiego de droga, según el viceministro. También cinco viviendas, una decena de vehículos, 21 armas de fuego, tres fusiles de guerra AK47, más de 600 municiones, chalecos antibalas y más de 400 litros de combustible de aviación.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado la semana pasada en Bolivia y extraditado a Estados Unidos, compareció ante un juez estadounidense, informó este lunes el Departamento de Justicia. Considerado uno de los capos más buscados en Sudamérica, Marset fue presentado ante el tribunal federal en Alexandria (Virginia, este) bajo cargos de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil, antes de ser detenido el viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Junto a su socio, el uruguayo Federico Santoro, alias “Capitán”, Marset es sospechoso de haber dirigido una red que habría enviado al menos 16 toneladas de cocaína a Europa.

Santoro fue detenido y condenado en julio de 2025 a 15 años de cárcel en Estados Unidos. “Si es condenado, Marset se enfrenta a hasta 20 años de cárcel”, explicó el comunicado del Departamento de Justicia.

Marset, que tuvo una breve carrera como futbolista profesional, también es sospechoso de encargar en 2022 el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci. El fiscal estaba de luna de miel en una isla del Caribe colombiano en 2022 cuando dos hombres se le acercaron en una moto acuática y le dispararon frente a su esposa.

Marset compareció este lunes ante un tribunal de Virginia por cargos de lavado de activos, según un comunicado de la fiscalía de ese estado. “Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión”, señaló la institución, que agregó que su red usaba bancos estadounidenses. El detenido cumplió una condena por narcotráfico en Uruguay entre 2013 y 2018. Tras salir de prisión se radicó en Paraguay y luego en Bolivia, donde fijó su base de operaciones, según las autoridades.

En la justicia boliviana deja seis casos pendientes por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según la Fiscalía. Su captura ocurrió una semana después de la primera cumbre del Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump en Florida y que reunió a una docena de presidentes de derecha de la región para cooperar en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Fuente: AFP.