El Corredor Bioceánico fue presentado como una oportunidad para consolidar nuevos circuitos turísticos, fortalecer la conectividad regional y posicionar al Gran Chaco como un destino internacional de naturaleza, cultura e historia, durante el conversatorio “Turismo sostenible y desarrollo económico entre dos pueblos”, organizado por instituciones de Paraguay y Bolivia.

Según la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el encuentro tuvo como objetivo propiciar el diálogo y el intercambio para construir una agenda conjunta que impulse el turismo sostenible, el desarrollo económico y la conservación del territorio compartido del Gran Chaco-Pantanal.

Durante la jornada, el ministro de Turismo, Jacinto Santa María, presentó la ponencia magistral “La visión integradora del turismo desde Paraguay”, en la que señaló que “el turismo tiene un enorme poder integrador: conecta territorios, culturas y personas, genera oportunidades para las comunidades y fortalece el desarrollo sostenible”.

Asimismo, indicó que el Corredor Bioceánico representa una oportunidad histórica para consolidar nuevos circuitos turísticos, impulsar la conectividad regional y posicionar al Gran Chaco como un destino internacional de naturaleza, cultura e historia.

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El conversatorio fue organizado por CEPAD, NATIVA, Redes Chaco y la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Paraguaya, con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, empresas, la academia, organismos de cooperación y organizaciones de la sociedad civil de ambos países.

De acuerdo con la Senatur, el encuentro reafirmó el compromiso de Paraguay y Bolivia de continuar trabajando de manera articulada para promover un turismo orientado a la conservación del patrimonio natural y cultural, el fortalecimiento de las economías locales y la integración entre ambos países.

La fiscalía de Bolivia inició una investigación sobre la presunta captación de hombres en edad militar para integrar las filas rusas en la guerra contra Ucrania, informó ayer martes la institución, tras denuncias de que serían atraídos con falsas ofertas de trabajo. En los últimos días, videos publicados en redes sociales muestran a bolivianos con uniforme ruso en zona de conflicto, y una mujer denunció que uno de ellos, su esposo, había muerto en combate.

“Ya hay una investigación”, dijo a la prensa el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. “Tenemos a la fiscalía especializada en trata y tráfico de personas que ya está activada” y “hemos realizado” solicitudes de “cooperaciones internacionales”, agregó. El principal caso es el de José María Soleto, un boliviano de 29 años que documentó en un video su vida en zona de guerra junto a su primo y dos personas que serían de Perú y Colombia.

“Nuestro día a día es pura adrenalina”, se le oye decir. Su esposa informó ayer martes de su fallecimiento. Contó que el combatiente, que en Bolivia vendía empanadas, viajó con la promesa de recibir “16.000 dólares”, en entrevista con la televisora Red Uno.

En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos. En mayo, la embajada de Rusia en Perú reconoció en un comunicado que peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.

Fuente: AFP.

El expresidente boliviano Evo Morales rechazó ayer jueves una denuncia penal presentada por grupos de derecha que lo acusan de “terrorismo” y “alzamiento armado” por liderar protestas contra el gobierno que desabastecieron a varias ciudades de Bolivia recientemente. En mayo y junio, Bolivia registró durante siete semanas protestas callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz, debido a la peor crisis económica en 40 años.

La Paz, su vecina El Alto y otras ciudades sufrieron una fuerte escasez de medicamentos, alimentos y combustibles por los cortes. El presidente Paz acabó con las manifestaciones tras decretar el estado de excepción. El comité cívico de Santa Cruz, un conglomerado de empresarios y líderes civiles de derecha, presentó el miércoles ante la fiscalía una denuncia contra Morales, el dirigente obrero Mario Argollo y el indígena Vicente Salazar por el daño económico que causaron los cortes al país.

El abogado de los denunciantes, Diego Coimbra, declaró a periodistas que el recurso también pide la captura de Morales y los dos dirigentes por “riesgo de fuga y obstaculización” de las investigaciones.

El periódico boliviano El Deber afirma que la fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia y abrió una investigación contra Morales y los dos dirigentes, pero el organismo no lo confirmó oficialmente.

“Procesos ha habido tantos... y les he ganado a todos”, dijo Morales ayer jueves en rueda de prensa tras conocerse la denuncia.

El expresidente se encuentra desde fines de 2024 en la región cocalera del Chapare, centro del país, fugitivo de la justicia. Contra él pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de una menor, que él denuncia como persecución.

Para el sindicalista cocalero, el grupo que presentó este recurso no tiene “ninguna autoridad para hablar de bloqueos” porque ellos mismos han sido “promotores” de cortes de rutas, como en 2019, afirma, cuando impulsaron su renuncia tras las elecciones en las que fue acusado de fraude.

El gobierno de Paz ha culpado a Morales por las protestas sociales y lo acusó de financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin presentar pruebas. Su gobierno ha dicho que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, sin fijar una fecha.

Fuente: AFP.

A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.

El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.

Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.

“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).

Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.

La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.

Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.

“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.

“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.

El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.

Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.

En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.

Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.

“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.

En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.

En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.

Fuente: AFP.