• La Haya, Países Bajos. AFP.

Bajo la presión combinada de Donald Trump y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN se disponen a acordar este miércoles un incremento radical de su gasto militar, que requerirá de un seguimiento minucioso año tras año.

A la espera de ver cómo queda resuelta la posición de España -que descarta ir más allá de un 2,1 % y se ganó la reprimenda del presidente norteamericano-, los países de la Alianza acordarán alcanzar una inversión en Defensa equivalente al 5 % de su PIB nacional de aquí a 2035. Esto es lo que implicará dicho incremento.

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Porque Estados Unidos lo exige, o de lo contrario podría retirar su protección a quienes no paguen lo suficiente, tal como amenaza Trump. También, porque esa cifra corresponde al montante necesario para mantener las capacidades de Defensa de la OTAN ante Rusia.

Los nuevos objetivos de capacidades militares fueron aprobados oficialmente por los ministros de Defensa de la Alianza a inicios de junio. “Si Rusia es capaz de financiar la guerra hasta 2027, nosotros también estaremos preparados para financiar nuestro apoyo a Ucrania”, dijo a modo de ejemplo un alto oficial de la OTAN. Los objetivos están sujetos a revisión cada cuatro años. Cada país recibe los suyos en un documento, y es libre de recurrir a los medios de su elección para cumplir con ellos.

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La cifra del 5 % es la suma de dos tipos de gasto. El grueso (3,5 %) corresponden a gasto militar estricto, es decir compras de armas, el pago de los salarios de las Fuerzas Armadas... Dichos gastos corresponden a las capacidades militares. La OTAN ha definido en ese sentido varias prioridades, como la defensa antiaérea, la ciberseguridad, la logística, o los satélites.

Esta parte de la inversión debería permitir incrementar globalmente en un 30 % las capacidades militares, quintuplicar el volumen de las defensas antiaéreas y añadir miles de tanques a los arsenales de la Alianza, según detalló el secretario general, Mark Rutte. Además, los países deberán gastar un 1,5 % adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio.

Se trata de funciones militares y civiles, tales como control de fronteras o infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras). “Si no puedes llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes o los ferrocarriles no aguantan esos tanques ni su peso, entonces estos no tienen obviamente ningún valor”, explica el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker. El capítulo del 1,5 % incluye igualmente el concepto de “resiliencia”, es decir todo aquello que la sociedad civil necesita en caso de conflicto.

Es una de las cuestiones más delicadas, y de ella dependerá el mantenimiento de una disuasión potente frente a Rusia, pero también actores como China y Corea del Norte. A fines de 2024, sólo 22 de los 32 Estados miembros cumplían con un nivel de gasto en Defensa del 2 % de su PIB, el compromiso vigente hasta ahora, fijado diez años atrás.

La OTAN insiste en que todos, incluida España y también Bélgica y Eslovaquia, que manifestaron reticencias, deberán cumplir con el núcleo de un gasto equivalente al 3,5 % de su PIB. Y cada año deberán entregar un informe a la OTAN explicando dónde están, en su objetivo de llegar a un gasto global del 5 %.

“Acordar estos objetivos es un hito importante, pero igual de crítico es el seguimiento”, apunta la analista Marta Mucznik, del International Crisis Group. “E igual de importante es garantizar que el dinero se invierte adecuadamente, cerrando las carencias de capacidades vitales para la seguridad europea y mantener la disuasión ucraniana a largo plazo”, añade.

• La Haya, Países Bajos. AFP.

Por videoconferencia, el expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció este viernes por primera vez ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por presuntos crímenes contra la humanidad en su guerra al narcotráfico. El ex mandatario de 79 años, que esta semana fue detenido y enviado a Países Bajos, apareció por visioconferencia en una breve audiencia, en la que se le informó de los crímenes que se le imputan y de sus derechos como acusado.

De aspecto frágil y vestido con traje y corbata azules, intervino brevemente para confirmar su nombre y fecha de nacimiento. El presidente del tribunal le permitió seguir el proceso en ausencia debido a su largo vuelo a La Haya.

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Duterte es acusado por la CPI, con sede en La Haya, de “crimen contra la humanidad” durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con el narcotráfico.

Duterte afirmó el miércoles que asumía su “responsabilidad” cuando fue entregado a la CPI. “Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad”, declaró en un video compartido en redes sociales. El expresidente sigue siendo muy popular y presentó su candidatura a la alcaldía de Davao para las elecciones de mayo.

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• Róterdam, Países Bajos. AFP.

El expresidente filipino Rodrigo Duterte afirmó ayer miércoles que asume su “responsabilidad” cuando fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), que había emitido una orden de arresto contra el exmandatario por presuntos crímenes durante su campaña contra el narcotráfico.

El exgobernante, de 79 años, fue acusado por la CPI, con sede en La Haya, de “crimen contra la humanidad” durante la represión contra el tráfico de drogas, que dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría hombres pobres, muchas veces sin pruebas de que estuvieron relacionados con las drogas.

“Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad”, declaró Duterte en un video compartido en un perfil suyo en redes sociales y en el de un colaborador cercano, tras llegar a la corte.

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Por su parte, el fiscal de la CPI, Karim Khan, apuntó que el arresto de Duterte es “importante” para las víctimas. Un vehículo en el que al parecer iba Duterte entró en el centro de detención de la CPI, pasando por delante de una multitud de decenas de simpatizantes, algunos ondeando banderas.

“No hay ningún proceso regular”, afirmó Duds Quibin, un auxiliar sanitario de 50 años. “Es un secuestro. Simplemente, lo metieron en un avión y lo trajeron aquí”, añadió. Se espera que su primera comparecencia ante la CPI, que juzga los peores crímenes, como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, se produzca en los próximos días.

Gilbert Andres, abogado de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, dijo a AFP, delante de la CPI, que sus clientes están “muy agradecidos con Dios porque sus plegarias fueron escuchadas”. “El arresto de Rodrigo Duterte es una señal fuerte para la justicia penal internacional. Significa que nadie está por encima de la ley”, agregó Andrés.

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El miércoles por la mañana, abogados de Duterte presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Filipinas, en representación de su hija menor, Verónica, en el que acusan al gobierno de “secuestrar” al exmandatario y exigen su regreso al país asiático. “La CPI solo puede ejercer su jurisdicción si el sistema legal de un país no funciona”, declaró a periodistas el abogado Salvador Paolo Panelo Jr, quien insistió en que el poder judicial filipino “funciona adecuadamente”.

Pero la portavoz de la presidencia, Claire Castro, afirmó que la cooperación con Interpol es prerrogativa del gobierno. “No se trata solo de entregar a un ciudadano filipino, se trata de entregar a un ciudadano filipino que está acusado de crímenes contra la humanidad, específicamente de asesinato”, declaró.

Duterte fue detenido la mañana del martes luego de que “Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI”, indicó el palacio presidencial. La vicepresidenta Sara Duterte, hija del expresidente, aseguró que su padre estaba siendo “llevado por la fuerza a La Haya”, y calificó su traslado como “opresión y persecución”.

“Duterte tiene suerte, tendrá un debido proceso”, señaló Emily Soriano en una conferencia de prensa organizada en Manila, el miércoles, por grupos de derechos humanos. “No hubo debido proceso para mi hijo (Angelito). Él (Duterte) estará acostado en una cama buena, mi hijo se está pudriendo en un cementerio”, reclamó.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, consideró que el arresto de Duterte fue un “paso muy importante” en la búsqueda de justicia “de miles de víctimas de asesinatos”. Y China, por su parte, instó a la CPI a “evitar el doble rasero” y “cualquier politización” del caso.

A iniciativa de Duterte, Filipinas abandonó la CPI en 2019 pero esa corte mantuvo su competencia respecto a posibles delitos cometidos antes de esa fecha, incluyendo los asesinatos ocurridos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde.

En su orden de arresto, la CPI afirmó que existen “motivos razonables para creer” que al menos 19 personas fueron asesinadas en esa localidad por miembros del “Escuadrón de la muerte de Davao”, dirigido por Duterte. Además, al menos 24 personas fueron abatidas por la policía filipina en distintos lugares, según la orden de arresto. El expresidente sigue siendo muy popular y presentó su candidatura a la alcaldía de Davao en las elecciones de mayo.

• Manila, Filipinas. AFP.

El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido el martes en el aeropuerto de Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico durante su mandato.

“Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI”, señaló un comunicado presidencial. “Actualmente [Rodrigo Duterte] está bajo custodia de las autoridades”, agregó. Unas horas después, alrededor de las 21:00 (13:00 GMT), el expresidente fue llevado a bordo de un avión con destino a La Haya, según uno de sus abogados, Martin Delgra.

El exgobernante de 79 años se enfrenta un cargo de la CPI por “crimen contra la humanidad por asesinato” por la campaña contra las drogas que llevó a cabo durante su presidencia (2016-2022). Según las asociaciones de derechos humanos, la campaña se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

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Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica. “¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. “Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (...) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.

No se reveló el lugar donde se grabó el video, aunque su partido divulgó una foto que indica que estaba detenido en la Base Aérea Villamor, contigua al aeropuerto de Manila.

Por su parte la vicepresidenta filipina e hija del expresidente, Sara Duterte, dijo que hay planes para trasladarlo rápidamente a La Haya. “Mientras escribo esto, está siendo llevado a la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo en un comunicado.

Duterte fue detenido en el aeropuerto de de la capital tras un breve viaje a Hong Kong.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.

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Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.

La CPI inició una investigación formal en septiembre de 2021 pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.

El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazara la objeción del gobierno de que la CPI tenía jurisdicción.

Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos ha dicho que no cooperará con la investigación.

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política.

Actualmente aspira a volver a ser alcalde de Davao, su bastión electoral, en los comicios de mayo.

Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.

En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.