Lima, Perú | AFP | por Francisco JARA
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú inició este martes una sesión a puertas cerradas para decidir si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso, un fallo ultrasensible que mantiene en vilo a la clase política y amenaza con generar protestas masivas como las de países vecinos.
"Acaba de comenzar la reunión de los magistrados, es una sesión reservada", dijo a la AFP un funcionario del TC hacia las 09H50 locales (14H50 GMT).
En un nuevo episodio de una larga crisis política en el país, el TC debe anunciar si acoge o no un recurso para reabrir el Congreso, suspendido por el popular presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre.
El presidente del TC, Ernesto Blume, dijo el lunes que la decisión "puede ser (adoptada) de inmediato o puede, quizás, tomar algunos días más".
El viernes, Vicarra había prometido: "Respaldamos las acciones del Tribunal Constitucional. La decisión que tome, nosotros la respetamos". El presidente confía en que el TC desestimará la demanda de la oposición.
Por el contrario, si el TC acoge el pedido, se abrirá un nuevo escenario de incertidumbre en un país sacudido desde hace tres años por recurrentes choques entre ejecutivo y legislativo.
En caso de ser admitida, la demanda será evaluada en un lapso de entre tres y cuatro meses, prolongando la incertidumbre -lo que puede afectar a la economía- y sembrando dudas sobre los nuevos comicios legislativos convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero.
Si los magistrados del TC ordenan reabrir el Congreso, la institución más desprestigiada de Perú de acuerdo a los sondeos, la crisis política podría profundizarse dramáticamente, según analistas.
De reabrirse el parlamento, miles de personas podrían salir a las calles a protestar, tal como ocurre en Chile y Bolivia, y como sucedió en Ecuador a comienzos de mes, según el analista político Fernando Tuesta.
Si es restituido, "el Congreso va a vacar (destituir) a Martín Vizcarra y la gente no tendría (nuevas) elecciones" parlamentarias en enero, lo que causaría gran desazón, indicó Tuesta a la AFP.
En este caso hipotético, "las protestas harían de Chile solo un niño de teta con lo que se quejarían acá", añadió.
Sin embargo, el analista Fernando Rospigliosi discrepa, pues pronostica que si el TC llegara a fallar en contra del gobierno, "no habría una gran protesta, más allá de los activistas".
En todo caso, señaló, "es imposible que la corte resuelva a favor del Congreso y restituya a los parlamentarios cesados".
El cierre del Congreso apaciguó la indignación de los peruanos en su contra. La decisión de Vizcarra fue celebrada masivamente en las calles, sin episodios de violencia.
Oposición “fujiaprista”
El Congreso estaba controlado por la oposición "fujiaprista", los partidos de la encarcelada Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y del difunto exmandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
Esta legislatura, elegida en 2016, mantuvo contra las cuerdas al presidente Pedro Pablo Kuczynski hasta forzarlo a renunciar en marzo de 2018.
Sin embargo, su sucesor Vizcarra optó por enfrentarlo, lo que consolidó su respaldo y su popularidad trepó al 79% tras la disolución, medida apoyada por nueve de cada 10 peruanos, según sondeos.
Si el TC rechaza la demanda presentada por el jefe del cesado Congreso, Pedro Olaechea, ratificará que Vizcarra respetó la carta magna al decretar la disolución y convocar a nuevos comicios legislativos.
Si pierde la demanda, la oposición, que tilda el cierre del Congreso de "golpe de Estado", no tendrá más remedio que ir en precarias condiciones a los comicios adelantados, en los que arriesgará la abrumadora mayoría obtenida hace tres años.
No al primo de Olaechea
La oposición pidió inicialmente que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ésta propuso recurrir al TC peruano.
Vizcarra, un político de provincia sin partido ni bancada parlamentaria, cerró el Congreso tras una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados del TC.
Desde el cierre, continúa en funciones una Comisión Permanente con facultades restringidas de 27 miembros -21 de ellos opositores- que preside el propio Olaechea.
En su audiencia anterior del 13 de octubre, el TC rechazó integrar como magistrado a un primo de Olaechea nombrado por el Congreso en una cuestionada votación un par de horas antes de ser disuelto.