A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.

La policía de Bolivia detuvo el martes al argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz y quien es investigado por “tentativa de feminicidio” luego de que su expareja lo denunciara por presuntamente planificar un atentado en su contra. Cerimedo es un consultor político que colaboró con varias campañas de derechistas en Latinoamérica, como Javier Milei, Jair Bolsonaro y el propio Paz, con quien continuó trabajando tras asumir la presidencia en noviembre.

Su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, fue atacada la noche del lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz. Recibió tres balazos de sicarios que llegaron ataviados como repartidores de comida, según imágenes difundidas por medios locales. “Claramente él quería deshacerse de mí”, dijo Beller el martes mientras se recuperaba en una habitación de una clínica privada de esa ciudad, en una entrevista con la televisora local DTV.

“Fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz” y su familia política con él como operador, agregó la abogada. Citó presuntos casos de corrupción, entre ellos uno relacionado al manejo estatal de los combustibles y otro a contrataciones públicas de seguros, y acusó a Cerimedo de agresiones físicas en el pasado.

La víctima, que además aseguró tener cuatro semanas de embarazo, pidió protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller (...). Debe contrar con toda la seguridad y las garantías necesarias”, dijo en su cuenta de X el presidente Rodrigo Paz.

Tras reforzar la seguridad de la mujer con 15 efectivos policiales, el gobierno aseguró que el asesor presidencial “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

“El presidente ni nadie de este gobierno va a encubrir (...) a nadie que haya cometido ilícitos, pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, afirmó José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, en conferencia de prensa.

Cerimedo es investigado por presunta “tentativa de feminicidio”, según la fiscalía. Las otras acusaciones de corrupción hechas por Beller primero “tendrán que ser valoradas”, dijo el jefe del Ministerio Público, Roger Mariaca.

Beller comentó detalles del atentado.

Según dijo, fue citada al hotel donde le dispararon a través de un mensaje anónimo con la promesa de que recibiría pruebas de una denuncia contra el exmandatario izquierdista Evo Morales, principal opositor de Paz.

Cerimedo “me dio la confianza para que yo vaya y él me mintió con que me había mandado con escoltas”, denunció. Los sicarios robaron su celular y su cartera antes de fugarse, según la policía.

Beller fue candidata a diputada del Movimiento al Socialismo, entonces liderado por el izquierdista Evo Morales (2006-2019). Recientemente, la prensa informó sobre su cercanía con figuras de derecha. Y el martes afirmó haber trabajado con el gobierno de Paz para revisar proyectos legales.

Temprano, Cerimedo viajó a Santa Cruz desde La Paz. Tenía programado un vuelo hacia Buenos Aires, que no llegó a abordar, según la prensa. Cerimedo fue llevado a una dependencia policial donde fue interrogado por fiscales. La Fiscalía aseguró que solicitará su detención preventiva en una cárcel boliviana.

En el pasado, Cerimedo fue investigado por la policía de Brasil por una supuesta participación en una “milicia digital” para desconocer el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció en 2022 al exmandatario Jair Bolsonaro. Él rechazó entonces esos cargos, y dijo que eran una difamación.

Fuente: AFP.

Bolivia lanzó el jueves, en la ciudad de Guayaramerín que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio, ante la expansión de grupos criminales brasileños. Según las autoridades, las bandas armadas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se disputan violentamente el control de corredores para traficar cocaína, lo que ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes de Bolivia.

El gobierno les atribuye una serie de 10 asesinatos perpetrados por sicarios en las últimas semanas, algo inusual en el país de 11,3 millones de habitantes. El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento que el Ministerio de Gobierno boliviano compartió con la AFP.

También incluye un “intercambio táctico de inteligencia” con la Policía Federal de Brasil y cooperación recíproca para capturar a criminales que crucen las fronteras. Se debe “fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades (...) estén más seguras”, dijo durante el lanzamiento del plan el presidente centroderechista Rodrigo Paz, en la pequeña ciudad fronteriza de Guayaramerín, en la región Beni (norte).

El Ministerio de Gobierno considera que Guayaramerín, que vive del comercio con Brasil, es junto con otros poblados una especie de “refugio” de grupos criminales, donde compran inmuebles y asientan a sus miembros. El mandatario también aseguró que impulsaría una cooperación similar con sus otros países vecinos.

Según datos del gobierno, desde que Paz asumió el poder en noviembre se capturaron y expulsaron del país 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según la ONU. Comparte con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros.

Fuente: AFP.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz envió el martes al parlamento un proyecto de ley para atraer inversión extranjera, la primera de un paquete destinado a cambiar las políticas de los gobiernos de izquierda que lo precedieron durante 20 años. El centroderechista Paz, en el poder desde noviembre pasado, se posicionó como un duro crítico de las políticas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Dijo que recibió un país burocrático, corrupto, con millonarias inversiones estatales sin resultados económicos. Comparó al Estado con una “cloaca de dimensiones extraordinarias”. El proyecto de ley de 103 artículos, tiene tres ejes. El primero es “normalizar” al capital privado, debido a que “hoy por hoy la inversión es el hecho atípico en Bolivia”, dijo el martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en rueda de prensa.

Según el gobierno, el porcentaje de inversión extranjera directa en otros países de la región oscila entre el 20 % y 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Bolivia no supera el 2 % o el 3 %. El segundo y tercer eje es crear un sistema de incentivos y de regulación que permita dar seguridad, estabilidad y confianza al inversionista.

Espinoza dijo que el objetivo es dar seguridad jurídica, tras gobiernos izquierdistas que privilegiaron el rol estatal. Morales, por ejemplo, nacionalizó en su gobierno empresas de hidrocarburos, eléctricas, telefónicas, de pensiones y mineras que estaban en manos de capitales extranjeros. A su llegada al gobierno, Paz propuso abrir el país a las inversiones extranjeras occidentales, con la idea de que “la ideología no da de comer”.

Bolivia, con Morales y Arce, fue amigo de Cuba, Venezuela, China y Rusia y se alejó de las inversiones de empresas privadas internacionales. Tras presentar este proyecto de ley de inversiones, el gobierno anunció que enviará próximamente otras leyes estratégicas para la explotación en hidrocarburos, minería, electricidad y litio. Bolivia busca salir de la peor crisis económica de los últimos 40 años.

Fuente: AFP.