La presidenta encargada de Venezuela anunció el martes la creación de una comisión de “reestructuración” del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política” tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país después que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario izquierdista en una operación militar en enero.

Desde entonces, Rodríguez ha cambiado la mitad del gabinete que heredó de Maduro, así como a todos los integrantes del alto mando militar ya gran parte de los comandantes regionales del ejército.

La presidenta encargada designó el martes a Héctor Rodríguez, ministro de Educación y figura del chavismo, como comisionado para “la reestructuración y reingeniería del gobierno”.

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La comisión se crea para lograr “una nueva estructura del gobierno adaptada a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace”, dijo Rodríguez durante una reunión del consejo de ministros en el palacio presidencial de Miraflores.

Debe presentar resultados en “un lapso de 90 días”, precisó la mandataria durante la alocución televisada.

Además, comisionó a Anabel Pereira, ministra de Economía, para la “gestión eficiente” del gobierno. “El basamento administrativo financiero es fundamental para una gestión eficiente”, dijo Rodríguez, sin dar mayores detalles.

La mandataria gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a carga del país caribeño. Rodríguez ha profundizado cambios gubernamentales como la eliminación de varios programas sociales del chavismo.

Asimismo, impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo global a inversores extranjeros.

• Fuente: AFP

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Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.

Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.

Venezuela excarceló bajo la ley de amnistía a tres antiguos presos políticos el martes, quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos. La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Washington en enero.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Entre los primeros liberados mencionó a exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013). Estas excarcelaciones ocurrieron la noche del martes.

“Confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos presos políticos: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003. Nunca debieron estar tras las rejas”, informó la ONG Foro Penal en un mensaje en Instagram. Los exfuncionarios habían sido condenados a 30 años de prisión, acusados de disparar a manifestantes. En marzo se les había negado la amnistía.

“Lo primero que tengo que decir a los familiares de los presos políticos es que mantengan la fe. Fuerza, sí se puede. Pasar por este proceso no es nada fácil”, dijo Erasmo Bolívar en un video publicado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. “Sé que no va a ser fácil reincorporarnos tras más de dos décadas”, agregó a su salida de la cárcel Fénix, ubicada en la región centro-occidental de Venezuela.

La promesa de nuevas excarcelaciones ocurre el mismo día en que los venezolanos dieron el último adiós a Carmen Navas de 81 años, cuyo hijo Víctor Quero Navas murió en custodia del Estado tras ser detenido en enero de 2025. Navas buscó incansablemente a su hijo durante más de un año y se le negó su lugar de reclusión en múltiples oportunidades, hasta que las autoridades le informaron el 7 de mayo que el fallecimiento de Quero había ocurrido en julio de 2025.

Días después de reconocer el cuerpo y darle sepultura, Carmen Navas falleció y el martes fue sepultada junto a la tumba de su hijo. Decenas de personas la lloraron en silencio en un cementerio de Caracas. Lanzaban rosas y margaritas desde los flancos de su féretro.

Se convirtió en un “símbolo de resistencia” para familiares, activistas y perseguidos políticos en Venezuela que el martes la despidieron entre llanto y reclamos. “Si algo logró Carmen fue convertirse en símbolo de la resistencia, de la resiliencia, de la terquedad”, consideró su sobrina Fabiola Parra, abogada de 57 años.

En la mañana del martes unos 16 presos políticos acusados de delitos vinculados con la industria petrolera recibieron libertad condicional. El grupo es parte de un caso denominado ‘Pdvsa Obrero’ que implica a más de 170 detenidos entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

Todos se encontraban recluidos en Yare, una prisión ubicada a unos 75 km de Caracas. El caso ‘Pdvsa Obrero’ no recibió el beneficio de la amnistía. Las excarcelaciones se gestionaron mediante peticiones enviadas a la Defensoría del Pueblo y a una comisión parlamentaria creada para revisar casos no contemplados por la ley, explicó la abogada Zimaru Fuentes, familiar de uno de los detenidos.

El lunes fueron también excarceladas una adolescente de 16 años y una mujer septuagenaria. “Bienvenido el anuncio sobre exarcelaciones y/o liberaciones de presos políticos, pero más que las palabras, son los hechos los que importan (...) Que no quede nadie por fuera es la consigna”, escribió en redes sociales Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.

Según Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante esta ley. Los datos contrastan con el parte oficial del gobierno interino, que contabiliza más de 8.000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Foro Penal contabiliza más de 400 personas detenidas por razones políticas aún en las cárceles venezolanas.

Fuente: AFP.