AFP.

El ex presidente de Perú, Alan García, murió el 17 de abril de 2019 después de dispararse en la cabeza en su casa cuando la policía estaba a punto de arrestarlo en un caso de corrupción en expansión, según un miembro de su partido.

"Esta mañana ha sucedido este lamentable accidente: el presidente tomó la decisión de dispararse", dijo a periodistas su abogado Erasmo Reyna en la puerta del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, en Lima.

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El hospital indicó que García, de 69 años, tenía “una herida de bala en la cabeza” y estaba siendo operado.

“Informamos que su estado es delicado y pronóstico reservado (...) El paciente ingresó al hospital con diagnóstico de impacto de bala, entrada y salida en la cabeza”, indicó el ministerio de Salud poco antes de su muerte.

“La situación muy crítica y muy grave”, acotó la ministra de Salud, Zulema Tomás antes de su deceso.

En el hospital

García sufrió tres paros cardíacos, informó Tomas quien dijo haber entrado al quirófano.

"Es la tercera vez que le hemos hecho la reanimación. Ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave", comentó la funcionaria.

“Rogamos a Dios que le de la fortaleza” para resistir, había dicho el abogado.

García, expresidente de Perú entre 1985-90 y 2006-2011, fue detenido en su vivienda del limeño distrito residencial de Miraflores hacia las 6h30 locales (11H30 GMT).

La policía presentó una orden de detención preliminar judicial hasta por el plazo de 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo LavaJato/Odebrecht que investiga una fiscalía especializada.

El caso García

Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en diciembre.

La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del país

La detención ordenada a García este jueves es por 10 días y busca, según la fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.

A fines de 2018 Alan García, tras abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción.

El exmandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo "ante la inminencia de una orden de detención". El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.

En las últimas semanas García había reiterado que “no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras”.

García estaba bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato.

El año pasado alegó ser "perseguido político", pero su versión fue desmentida por la justicia y el gobierno peruano.

El expresidente peruano fue sometido a una investigación preliminar de la fiscalía pero aún no era un procesado.

Según la fiscalía, el entonces presidente García y otros 21 funcionarios conspiraron para "facilitarle" a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.

Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), éste último bajo detención preliminar hasta el 20 de abril, así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva.

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