Washington, Estados Unidos | AFP |
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos votó una resolución para "instar a las instituciones públicas de Venezuela, en especial las fuerzas militares y de policía, a que se abstenga de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela".
La resolución fue presentada por Colombia y secundada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, y fue aprobada con 19 votos a favor, cinco en contra, 8 abstenciones y dos ausencias.
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Contrataciones Públicas firma acuerdo con la Organización de Estados Americanos
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina Pérez, firmó un convenio con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en Washington D.C., Estados Unidos.
De esta manera se formaliza la cooperación entre ambas instituciones en torno al programa “Avanzado de Profesionalización en Gestión Estratégica de Compras Públicas“, el cual involucrará ofertas académicas del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas (ITSCP) y la Escuela de Gobierno de la organización internacional.
El Programa Avanzado está dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil de los Estados Miembros del organismo.
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Incluye diversos ejes temáticos como:
- gestión de contratos públicos
- compras públicas sostenibles
- valor por dinero
- inteligencia artificial en las contrataciones públicas
- compra pública de innovación, entre otros.
Desde la DNCP se informó que los cursos podrán realizarse mediante la modalidad virtual, en las plataformas digitales del instituto y de la Escuela de Gobierno, tanto en español como en inglés.
“Este acuerdo constituye un paso fundamental para la DNCP, como representante del Paraguay, en el nuevo rol asumido al frente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), al concretar una de las iniciativas propuestas al inicio de la actual gestión: la profesionalización de los actores intervinientes en los procesos de adquisiciones”, destaca un comunicado de la DNC.
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Canciller panameño pide a la OEA “menos ruido y más acuerdos”
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, pidió el jueves “menos ruido y más acuerdos” en América Latina y el Caribe, a pocas semanas de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El país centroamericano recibirá a los países de la OEA para esa 56.ª asamblea del 22 al 24 de junio.
"América necesita menos ruido y más acuerdos. Necesita menos confrontación retórica y más cooperación práctica" declaró el canciller ante el Consejo Permanente de la organización. América Latina y el Caribe se vio sacudida por la llegada al poder por segunda vez del estadounidense Donald Trump en enero del año pasado.
Trump resucitó la política de intervención en la región conocida como Doctrina Monroe. El subcontinente ha emprendido además un viraje ideológico acusado, con numerosos gobiernos conservadores y populistas aliados de Washington.
Diecisiete países, la mitad de la región, participaron en marzo en una reunión de líderes en Florida, a invitación de Trump, para constituir un Escudo de las Américas, un proyecto basado en la seguridad, el combate al crimen organizado y el control de los flujos migratorios hacia el vecino del norte.
El gobierno Trump derribó a su máximo rival en la región, el izquierdista Nicolás Maduro, a quien sacó del país para presentarlo ante la justicia en Nueva York, acusado de narcotráfico.
Por falta de acuerdo, la región el año pasado postergó sine die la celebración de una Cumbre de las Américas, en la que la OEA acostumbra a tener un papel directorio esencial.
“Queremos una asamblea de consensos, no de trincheras ideológicas. Queremos una asamblea de soluciones, no de discursos vacíos. Queremos una asamblea de convivencia democrática, no de polarización permanente” pidió el canciller ante el Consejo Permanente.
La 56ª Asamblea de la OEA coincide además con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocada por Simón Bolívar en 1826 para promover la unión de los nacientes Estados de la región.
Fuente: AFP.
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Titular del TSJE se reunió con expertos de la OEA
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, se reunió con un equipo técnico de expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encuentra realizando una cooperación en el desarrollo del proceso electoral, con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.
La idea apunta a contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Justicia Electoral en materia de tecnología y ciberseguridad, informaron desde el TSJE.
Según comunicaron las autoridades del máximo organismo electoral, la cooperación incluye análisis técnicos especializados y capacitaciones al personal de la institución electoral, en el marco de los procesos electorales actuales.
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Participaron del encuentro Alex Bravo y Héctor Hernández de la OEA; el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Fausto Von Streber y la directora de Gabinete de Presidencia del TSJE, Rocío Frutos.
Por otro lado, internamente prosiguen los trabajos de auditoría judicial en el marco de las elecciones internas simultáneas previstas para el domingo 7 de junio.
El procedimiento se realiza en presencia de los representantes de los Tribunales Electorales y de los apoderados de los movimientos internos de las organizaciones políticas.
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OEA se declara “alarmada” ante transgresión de DD. HH. en Nicaragua
La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.
El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.
Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.
“Erosión democrática”
La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.
“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.
Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.
En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.
“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.
“Tortura” y “desaparición forzada”
Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.
Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.
Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.
“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.
Fuente: AFP.