La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

Bashar al Asad, Nicolás Maduro y ahora Alí Jamenei. En menos de un año y medio, Vladimir Putin perdió varios aliados internacionales de importancia sin que el Kremlin, sumido en su guerra en Ucrania, pueda hacer gran cosa. El presidente ruso se limitó el domingo pasado a publicar una carta para expresar sus condolencias tras el asesinato del guía supremo iraní, “un hombre de Estado fuera de lo común que ofreció una contribución personal inmensa al desarrollo de las relaciones de amistad entre Rusia e Irán”.

Aunque denunció un acto de “violación cínico” de “la moral y del derecho internacional”, ni Putin ni las autoridades rusas no anunciaron oficialmente una ayuda concreta a Teherán ante los bombardeos estadounidenses e israelíes en curso. En junio de 2025, al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa, Putin declaró que ni siquiera quiere “discutir” sobre la eventualidad del asesinato de Jamenei.

El sábado, el ministro iraní de Relaciones exteriores, Abás Araqchi, tomó la iniciativa, según Moscú, de llamar a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, cuando comenzaron los bombardeos.

Para el experto ruso Alexander Baunov, miembro del centro Carnegie, la muerte de Jamenei coloca al presidente ruso en una “situación difícil”.

Desde la reelección de Donald Trump, Putin busca apaciguar al turbulento multimillonario para ganarse el favor estadounidense en las negociaciones sobre la guerra desencadenada en Ucrania por el ataque ruso de 2022.

A inicios de enero, la captura estadounidense del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, significó la pérdida de otro apoyo importante de Rusia. Y ahí tampoco el Kremlin pudo hacer nada.

“Dos veces en dos meses Putin ha fracasado en cumplir su papel de salvador”, subraya Baunov en su cuenta Telegram. Y en el caso de Jamenei, agrega el experto, “el asesino es su amigo Trump”.

Antes, el jefe del Kremlin al menos pudo facilitar al exdirigente ucraniano Viktor Yanukovich refugio en Rusia, tras la revuelta europeísta de 2014. Diez años después, el sirio Bashar al Asad y su familia también huyeron a Rusia tras su derrocamiento en Siria.

A diferencia del caso Maduro, la muerte de Jamenei ocurrió en una parte del mundo que Rusia considera como su “hemisferio”, estima Baunov.

El experto compara este asesinato al del libio Muamar Gadafi, también aliado de Moscú, en 2011. Ese hecho marcó, según Baunov, “un giro en la política rusa” y uno de los argumentos de Putin para “romper con Occidente”.

Irán siguió como uno de los más cercanos aliados y apoyos de Rusia a lo largo de la ofensiva lanzada en 2022 por el Kremlin en Ucrania.

Kiev y los occidentales acusan a Teherán de suministrar a Rusia armas y tecnología militar, como drones Shahed, de concepción iraní, que Rusia produce ahora masivamente y utiliza diariamente para bombardear a Ucrania.

En 2025, Rusia e Irán también firmaron un tratado de asociación estratégica para reforzar sus relaciones, inclusive en el campo militar.

Además de la pérdida de un importante aliado como Jamenei, las consecuencias del conflicto actual en Irán para Rusia son todavía difíciles de evaluar.

El diputado ruso Anatoli Vaserman, interrogado por el diario MK.ru, consideró que a corto plazo la guerra podría beneficiar a Moscú si conduce a un aumento del precio del petróleo y, consecuentemente, un aumento de ingresos para su país.

A más largo plazo, predice “grandes problemas” para Estados Unidos e Israel si las autoridades iraníes “resisten” a la campaña de bombardeos.

Por su parte, Ucrania se congratuló lógicamente del asesinato del dirigente iraní. Para el ministro ucraniano de Relaciones exteriores, Andrii Sibiga, su muerte muestra que Rusia no es un “socio confiable incluso para aquellos que cuentan mucho” con ese país, que pierde influencia a causa de su “guerra insensata contra Ucrania”.

Fuente: AFP.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) instó el sábado a sus combatientes a desafiar a las nuevas autoridades sirias en su primer mensaje de audio en dos años. Según su portavoz, Abu Hudhayfah al-Ansari, los miembros del grupo en Siria deben luchar contra el nuevo régimen sirio, y convertir ese combate en su prioridad.

La última intervención del EI fue en enero de 2024, en respuesta a la guerra iniciada por Israel en la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023. En una grabación titulada “Y mátenlos dondequiera que los encuentren”, instó a sus simpatizantes a atacar a la comunidad judía en todo el mundo.

En 2014, el EI se apoderó de vastos territorios en Siria e Irak, cometió masacres y esclavizó mujeres y niñas con fines sexuales. Con el respaldo de una coalición liderada por Estados Unidos, Irak declaró al grupo derrotado en 2017. En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, derrotaron al EI dos años después.

Sin embargo, la organización mantiene células durmientes en zonas desérticas y lleva a cabo ataques esporádicos. Desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el nuevo presidente islamista de Siria, Ahmad al-Sharaa, quien dirigió Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la antigua rama siria de Al-Qaeda, ha buscado distanciarse de su pasado yihadista. El año pasado, Damasco se unió a la coalición internacional contra el EI. En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha trasladado a más de 5.700 presuntos detenidos del grupo de Siria a Irak para asegurar su vigilancia.

Las cárceles donde se encontraban anteriormente estaban controladas por las FDS, que se retiraron de algunas de ellas bajo presión del ejército sirio, lo que generó preocupación por posibles fallos de seguridad. Las autoridades también evacuaron el campamento de Al-Hol esta semana hacia otro lugar en el norte de Siria, tras la fuga de miles de familiares de yihadistas extranjeros.

Las autoridades sirias tomaron el control del aeropuerto de Qamishli, que estaba en poder de las fuerzas kurdas, como parte de su proceso de integración en el Estado central, anunció ayer sábado la agencia oficial de noticias SANA. La minoría kurda había establecido una zona autónoma en el norte de Siria, pero bajo presión militar de Damasco cedió en febrero varios de sus bastiones a las fuerzas gubernamentales.

El aeropuerto de Qamishli, que los kurdos habían capturado tras la caída del expresidente Bashar al Asad, a fines de 2024, pasa ahora también a estar bajo el control de las autoridades del islamista Ahmed al Sharaa. Funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil siria inspeccionaron el sábado las instalaciones y “discutieron sobre los medios para relanzar la actividad” según las normas internacionales vigentes, informó la agencia SANA.

Se trata de “un paso institucional importante en el proceso de unificación de la gestión de los aeropuertos bajo el paraguas del Estado”, declaró en la red social X el director del organismo, Omar al Husari. El aeropuerto de Qamishli, el único del noreste de Siria, sirvió durante años como enlace vital para los habitantes de la región, especialmente durante la guerra civil (2011-2024).

Permaneció bajo control gubernamental y siguió recibiendo vuelos regulares, conectando la ciudad con la capital, Damasco. También fue utilizado como base militar desde noviembre de 2019 por Rusia, aliado clave del expresidente sirio. El aeropuerto dejó de funcionar tras el derrocamiento de Bashar al Asad.

Además de este aeropuerto, los kurdos deben entregar al Estado central los campos petroleros —principal fuente de financiación de la administración autónoma— y los puestos fronterizos que controla.

Fuente: AFP.

El gobierno sirio acordó ayer martes un nuevo alto el fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por la minoría kurda y respaldadas durante años por Estados Unidos por su papel en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico. El anuncio se produce después de que el ejército enviara refuerzos al bastión kurdo de la provincia de Hasaké, en el noreste del país.

El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, busca imponer su autoridad en todo el territorio tras la destitución del expresidente Bashar al Asad a finales de 2024. Al Sharaa y el jefe de las FDS, Mazloum Abdi, anunciaron en ese contexto un acuerdo el domingo para integrar las instituciones civiles y militares kurdas en el Estado sirio.

Pero las negociaciones para finalizar el pacto, sin embargo, fallaron, indicó a la AFP un responsable kurdo, Abdel Karim Omar. El acuerdo supone un duro golpe para esta minoría repartida entre varios países, y que instauró una zona autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil (2011-2024).

La tregua de ayer martes abre ahora la vía a nuevas conversaciones entre Al Sharaa y las FDS, que controlaron en su día vastas zonas del norte y el este de Siria. Las fuerzas kurdas conquistaron estas áreas luchando contra el grupo Estado Islámico (EI), que fue derrotado en Siria en 2019 con el apoyo de una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Washington apoyó durante años a las FDS, pero ahora respalda a las autoridades de Damasco.

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El emisario estadounidense para Siria, Tom Barrack, declaró en ese contexto que las fuerzas kurdas ya no tenían razón de ser. “La misión inicial de las FDS como principal fuerza contra el EI sobre el terreno ha concluido en gran medida, ya que Damasco está ahora listo para tomar el relevo en materia de seguridad, en particular para controlar los centros de detención del EI”, escribió en su cuenta de X.

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó el martes a su homólogo sirio, un exyihadista, y dijo que era un “tipo fuerte” y “duro”. Ambos dirigentes hablaron por teléfono el lunes sobre la manera de garantizar los derechos de los kurdos.

La presidencia siria anunció el martes un “entendimiento” sobre el destino de las zonas de mayoría kurda de la provincia de Hasaké, y concedió a los kurdos “cuatro días para celebrar consultas con el fin de elaborar un plan detallado” para la integración de la zona al Estado.

Si se llega a un acuerdo definitivo, las fuerzas gubernamentales “no entrarán en los centros urbanos de Hasaké y Qamishli (...) ni en las aldeas kurdas”, detalló. Las FDS se comprometieron a respetar la tregua y dijeron que no iniciarían “ninguna acción militar si nuestras fuerzas no son objeto de ataques”. En un comunicado, afirmaron estar listas para “avanzar en la implementación” del acuerdo del domingo.

En la ciudad de Hasaké, un corresponsal de la AFP vio el martes a habitantes, incluido mujeres y ancianos, portando armas en apoyo a las SDF, que patrullaban y vigilaban los puestos de control. “Prometemos a nuestro pueblo protegerlo hasta el final”, declaró Shahine Baz a la AFP. En Qamishli, Hasina Hammo, de 55 años, empuñó una kalasnikov y dijo: “No nos rendiremos”.

Las fuerzas kurdas se retiraron de las provincias de Raqa y Deir Ezzor, de mayoría árabe, tras una escalada militar del gobierno que comenzó en Alepo a principios de este mes. Las fuerzas kurdas anunciaron también ayer martes que se “vieron obligadas a retirarse” del campamento de Al Hol, que alberga a familias de yihadistas del EI, para defender sus regiones amenazadas por el ejército.

Los campos y prisiones administrados por los kurdos en el noreste de Siria albergan a decenas de miles de personas, muchas de ellas con presuntos o supuestos vínculos con el EI, casi siete años después de la derrota territorial del grupo.

Al Hol es el mayor campo y el Ministerio de Defensa sirio dijo que estaba dispuesto a asumir su control y el “de todos los prisioneros del [grupo] Estado Islámico”. Los kurdos son un pueblo sin Estado propio, repartidos por Siria, Turquía, Irak e Irán. Las FDS instaron el lunes a los kurdos dentro y fuera del país a “unirse a las filas de la resistencia” en Siria.

Fuente: AFP.