En una esquina del centro de La Paz, a días de las elecciones generales del 17 de agosto, Wilson Paz recorre más de una decena de puestos, pero no encuentra pan fresco: la crisis económica dejó de nuevo sin harina a los panaderos. “Estamos esperando con muchas ansias que lleguen de una buena vez las elecciones para cambiar este modelo que nos ha empobrecido bastante”, afirma este trabajador independiente de 39 años, con una familia de siete miembros.

La escasez de alimentos, de combustibles y de dólares exacerban el malestar en Bolivia antes de los comicios presidenciales y legislativos. Por primera vez en 20 años, la izquierda no figura en las encuestas como alternativa de poder. Dos candidatos de derecha, el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), dominan las preferencias electorales.

El gobierno del presidente Luis Arce, que no buscará la reelección, casi ha agotado sus reservas internacionales de dólares para sostener su política de subsidios. Importa gasolina y diésel y algunos insumos como el trigo, para hacer la harina panadera, y los vende a menor precio en el mercado interno.

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Pero sin divisas para estas compras internacionales, la disponibilidad de estos bienes se ha vuelto inconstante y se generan largas filas. Ligia Maldonado, un ama de casa de 70 años, se va sin marraqueta, el pan favorito y subsidiado de los paceños. “Con este gobierno no hay esperanza. Tiene que irse y entrar uno que sepa cómo viven los pobres”, dice.

En medio de una inflación interanual de 24,8 % en julio, la más alta desde 2008, la marraqueta es uno de los pocos productos que no se encareció debido al control de precios del gobierno. Otros panes, sin subsidio, asoman en los mostradores. Pero como muchos productos, su precio se disparó y no están al alcance de todos. La escasez de marraqueta es un padecimiento crónico en el mercado, de la misma manera que el aceite o el arroz.

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En las gasolineras, los conductores se resignan a perder horas de trabajo en filas extensas que serpentean entre las calles. “Esta mañana he venido a las 6 de la mañana y a las 11 recién estoy entrando a cargar” gasolina, dice Manuel Osinaga, un taxista de La Paz. La exportación de gas natural, antes el principal motor de la economía boliviana que mantenía un importante ingreso de divisas para el país, viene en caída libre desde 2017.

Según el gobierno, el año pasado las ventas de este hidrocarburo solo representaron 1.600 millones de dólares, mientras que los desembolsos que la administración hizo al exterior, por deuda externa e importaciones, alcanzaron los 5.000 millones. El valor de la divisa estadounidense se duplicó en el mercado paralelo y disparó el precio de varios productos básicos.

Carlos Tavera, un socialista jubilado de 65 años, asegura que apoyará al mejor ubicado de la oposición, aún si es de derecha. “Cualquiera es mejor que esto”, asegura. “Ahora no tenemos dólares. Hay filas para la gasolina, para el pan, para todo. En los hospitales no hay medicamentos”, agrega.

El economista Napoleón Pacheco, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés, indica que los bolivianos ahora son más pobres en general. “Lo poco que se había ganado en los años anteriores se ha ido perdiendo porque la economía se ha contraído”, ha crecido la informalidad laboral y la inflación, señala.

Un estudio de la boliviana Fundación Jubileo advierte que la pobreza actual sería de 44 % si se toma en cuenta la subida del costo de vida, una cifra mucho mayor a la que reporta el gobierno (36 %). “Yo diría que estamos al borde de iniciar un proceso hiperinflacionario”, dice Pacheco, pues el gobierno busca estabilizar la economía a través de la emisión de moneda local. Entre 2023 y 2024, la masa de dinero circulante creció en 20 %.

Según el especialista, para contener la crisis son necesarias medidas de shock, como un cambio en la política de subvenciones y el cierre de empresas públicas deficitarias. “Yo creo que viene un período, parafraseando a Churchill, de sangre, sudor y lágrimas. Hay que abrocharnos los cinturones”, concluye.

“No me voy a escapar”: el expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia, dijo en entrevista con la AFP que seguirá dando “batalla en las calles y caminos” de Bolivia, ante la probable victoria de sus opositores de derecha en las elecciones del domingo. El líder indígena, que gobernó entre 2006 y 2019, pretendía buscar un cuarto mandato en estos comicios, pero quedó inhabilitado por un fallo del tribunal constitucional que señaló que nadie puede gobernar el país más de dos períodos.

Desde el año pasado se refugia en Lauca Eñe, un pequeño poblado del Trópico de Cochabamba, para evadir una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor cuando era presidente, cargo que él niega. Según Morales, no saldrá de Bolivia si gana la derecha tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo, que lideró hasta antes de abandonar sus filas este año por su disputa con el presidente Luis Arce.

“Me voy a defender, no me voy a ir. Dicen: ‘Se va a escapar a Cuba’. No me voy a escapar”, señaló el dirigente cocalero. Las encuestas anticipan un duelo reñido entre el millonario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), quienes se verían en una segunda vuelta el 19 de octubre.

Ambos son enconados adversarios de Morales. “Estoy con mi pueblo, no voy a abandonar al pueblo boliviano”, remarcó el expresidente, que en el 2019 se exilió por un año tras verse forzado a renunciar en medio de protestas, después de que fue acusado de cometer un fraude en las elecciones de ese año.

En ese sentido, dio a entender que no dará tregua al próximo gobierno y que estará de vuelta en la “batalla en las calles y en los caminos”. Morales encabezó violentas protestas y bloqueos de vías contra Arce, a quien acusó de excluirlo de la carrera electoral en complot con los jueces.

Fuente: AFP.

Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.

Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

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También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

La COP30 que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en Amazonía, podría ser “la más excluyente de la historia” por los elevados precios del hospedaje, alertó este martes una red de organizaciones ambientalistas brasileñas. Países en desarrollo, así como algunos Estados africanos e insulares, han pedido a Brasil que cambie la sede de la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el calentamiento global a una ciudad con mayor capacidad hotelera, ante la disparada de los precios de los hoteles en Belém, que pueden exceder los 1.000 dólares por noche.

El gobierno del gigante sudamericano ha descartado esa opción y participará el jueves en una reunión con la ONU para buscar una solución. “Sin una solución inmediata para la crisis, la COP en Brasil corre el riesgo de ser la más excluyente de la historia, con una reducción del número de delegaciones nacionales, de miembros de órganos constituyentes y otros observadores y de la prensa”, alertó la red ambientalista Observatorio del Clima en un comunicado.

Las organizaciones señalaron una “negligencia del gobierno federal y del gobierno de Pará”, estado del que Belém es capital. “Tuvieron dos años y medio para resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad y no lo hicieron”, enfatizaron. La semana pasada el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, renunció a participar en la COP30 principalmente por los precios del hospedaje.

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“Una reducción del número de delegados impactaría la propia legitimidad de lo que se negocie en Belém”, alertaron los ambientalistas del Observatorio del Clima. En un esfuerzo por responder a la preocupación sobre los precios de los alojamientos, el gobierno de Brasil lanzó a mediados de julio, con varios meses de atraso, una plataforma virtual con hospedaje a precios de hasta 220 dólares por noche para los países con mayores dificultades financieras para asistir al evento.

“Tenemos que conseguir habitaciones y estamos haciendo todo lo posible para ello. De lo contrario, la COP tendría realmente un problema de legitimidad”, reconoció el presidente de la COP30 André Correa do Lago en entrevista con la AFP. Ante las dificultades para encontrar hospedaje, algunas organizaciones “están pensando en delegaciones más pequeñas y en dormir en iglesias o mezquitas”, dijo además a la AFP una fuente que asesora a varias ONG ambientalistas.

Fuente: AFP.

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Una fuerte detonación accidental en una fábrica de materiales explosivos en el sur de Brasil dejó el martes nueve fallecidos, informaron las autoridades. El incidente ocurrió sobre las 6:00 locales en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná. Imágenes divulgadas por los bomberos de Paraná tras controlar el incendio mostraban un enorme terreno con escombros.

"Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueve personas que deberían haber estado en ese lugar", dijo Coronel Hudson, secretario estatal de seguridad pública. Los bomberos habían reportado previamente que seis hombres y tres mujeres estaban desaparecidos. Efectivos de las fuerzas de seguridad ayudados por perros trabajaron en las búsquedas.

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Otras siete personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos, según una nota de la firma Enaex Brasil, a la que pertenece la planta, publicada por los medios locales. “El área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme”, explicó la portavoz de los bomberos Luisiana Guimaraes.

Directivos de Enaex Brasil dijeron en rueda de prensa que las causas del accidente están siendo investigadas. La empresa ejecuta un plan de contingencia de atención psicológica a las víctimas y sus familiares, agregaron. Según las autoridades, habitantes de varias localidades cercanas escucharon la detonación.

Fuente: AFP.

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