El movimiento de los chalecos amarillos llamó a una nueva jornada de protestas para el próximo 31 de octubre en Francia, en una convocatoria que eleva la tensión con el Gobierno de Emmanuel Macron. Los manifestantes pretenden movilizarse en defensa de las libertades públicas y denunciar las restricciones impuestas a las marchas no sindicales, mientras crece la preocupación por posibles episodios de violencia durante Halloween.

El anuncio se realizó este sábado 24 de octubre durante una conferencia de prensa en la plaza de la Bastilla, en París, antes de una manifestación contra el alto costo de vida y en apoyo a las reivindicaciones estudiantiles. La jornada concluyó por la noche, después de registrarse enfrentamientos en distintos puntos del país.

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Los representantes del movimiento sostienen que existe un profundo malestar social que las autoridades no están atendiendo. También acusan al Ejecutivo de recurrir al desprecio, la falta de diálogo y la represión frente a los reclamos ciudadanos.

Benjamin Ball y Azelma Sigaux, integrantes de la coordinación de los chalecos amarillos, anunciaron que el próximo viernes se concentrarán frente a la Asamblea Nacional y los ayuntamientos para defender el derecho a manifestarse y otras libertades que, según denunciaron, están amenazadas.

La nueva convocatoria se produce en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno y los movimientos sociales. Tras los disturbios y saqueos del 17 de octubre, las autoridades francesas endurecieron las medidas de seguridad y prohibieron numerosas manifestaciones no sindicales durante este sábado.

Para prevenir nuevos episodios de violencia, el Gobierno desplegó unos 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio nacional. Sin embargo, las restricciones no lograron disipar el malestar de los sectores movilizados, que consideran las prohibiciones una señal de retroceso en las libertades públicas.

La próxima fecha concentra una preocupación adicional: las protestas coincidirán con Halloween, una celebración que también se realiza en Francia y que suele reunir a personas en las calles. En medio del clima de tensión, la posibilidad de que las concentraciones sociales coincidan con las actividades de esa noche alimenta los temores de nuevos enfrentamientos y desórdenes.

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Saint-Ouen, Francia | AFP | por Marie GIFFARD

Un centenar de latinoamericanos, entre ellos 40 niños, llevan acampados más de una semana frente a la alcaldía de una ciudad cercana a París, con el apoyo de un grupo de voluntarios, tras haber sido expulsados de un edificio que ocupaban.

"La casa okupa Bauer era 'nuestra casa'", explica Chanel Marté Castillo, una dominicana de 40 años. "Cuando llegamos, empezamos a limpiar, a construir. Poco a poco, otras familias llegaban, buscando un sitio. Al final, éramos 150 personas", cuenta. Entre estas, se cuentan colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos o cubanos.

Acompañada de sus cinco hijos y de dos nietos, recuerda cómo se constituyó la comunidad en los nueve últimos meses, en un almacén abandonado, propiedad de la ciudad de Saint-Ouen (50.000 habitantes).

Muchos miembros de esta comunidad afirman que huyeron de la pobreza en sus países. Algunos llevan poco en Francia, pero otros se mudaron hace varios años.

Pero el 30 de julio, en virtud de una decisión de la justicia francesa, los locales y sus ocupantes fueron evacuados.

Desde entonces, 130 personas, incluyendo 40 niños y varias mujeres embarazadas, montan cada noche decenas de tiendas de campaña delante de la alcaldía. A las 06H00 de la mañana tienen que desmontarlas, antes de que llegue la policía.

Bajo una carpa, han formado una cantina que se nutre de las donaciones de los lugareños y que almacena cajas de alimentos y un hornillo en el que dos mujeres asan salchichas. En la carpa también hay bolsas con ropa, juguetes, sofás y unos cuantos colchones en los que se ve a varios hombres durmiendo la siesta.

El jueves por la noche, entre dos vehículos, una madre lava a su bebé, descalzo sobre el asfalto y con la cabeza llena de champú.

"Hay peruanos, bolivianos, dominicanos, cubanos, gente que tiene el asilo político, otros, sin papeles", señala Yamile Millán. Esta colombiana llegó a Francia hace año y medio, sin documentos, y "limpia casas", por la que le pagan "en negro" (no está declarada a la Seguridad Social), como tantos otros que trabajan en el sector de la construcción.

"Nunca había vivido en la calle", confía, con la mirada cansada y sentada sobre unas bolsas. "Reclamamos el derecho a una vivienda digna", lanza.

"Estamos luchando por algo que en nuestros países [...] no tendría ningún resultado, pero aquí sí", afirma Mauricio Gómez, un colombiano, "pastor" de la comunidad. "Sabemos que somos inmigrantes y por la historia, muchas culturas no se han portado muy bien. Tal vez el alcalde no nos conoce, no sabe qué clase de personas somos, pero queremos que nos conozca", asegura.

Por su parte, la ciudad de Saint-Ouen considera que no le corresponde hacerse cargo de esos "okupas". "En ningún caso ni el alcalde ni su mayoría municipal pueden ser considerados responsables de la situación", defendió el Ayuntamiento en un comunicado enviado a la AFP.

Para el gabinete municipal, la asociación francesa Droit Au Logement (DAL, "Derecho a la vivienda"), "instaló ilegalmente a personas en ese edificio municipal cuyo destino conocía todo el mundo". Allí está prevista la construcción de una escuela, para 2022. "Si bien se tienen que hallar soluciones para esas personas, le corresponde exclusivamente al Estado proporcionarlas", agrega la ciudad, situada en uno de los departamentos más pobres de Francia.

El alcalde, William Delannoy, estima que él debe "aportar soluciones de realojamiento prioritariamente" a los habitantes de Saint-Ouen, "que no entenderían, tras años de espera, que el alcalde diera viviendas a unos colombianos".

"¿Acaso esos 'colombianos' no son habitantes de la ciudad? ¿Es que el alcalde va a seleccionar a sus conciudadanos en función de sus orígenes a partir de ahora?", denunció en un comunicado el partido francés de izquierda radical La France Insoumise.

Por su parte, al ser contactadas por la AFP, las autoridades regionales explican que "se propuso alojamiento en hoteles a 29 familias con niños, a la espera de una solución más definitiva. Para el resto, competiría el sistema del 115 habitual", el número de emergencias sociales en Francia, casi siempre saturado.

“Para poner perros y pagar a gente para que vigile el local, hay dinero. Pero para poner a disposición un gimnasio, no”, critica Aliénor Turpin, una voluntaria de Saint-Ouen.

París, Francia | AFP |

Tras dos meses de consultas populares, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, revelará el lunes un paquete de medidas para apagar cinco meses de protestas populares de los "chalecos amarillos".

Macron hablará por televisión el lunes a las 20H00 (18H00 GMT), el horario de máxima audiencia en Francia, para anunciar "medidas concretas" con el objetivo de sofocar la cólera de este movimiento social inédito.

La tarea de tratar de satisfacer las múltiples demandas de este colectivo heterogéneo será delicada para el líder de 41 años de edad, que fue elegido hace dos años con la promesa de cambiar profundamente Francia.

Sus anuncios deben, en principio, traducir las reivindicaciones expresadas por los franceses durante el llamado "gran debate nacional", una consulta popular inédita convocada en enero en la que más de un millón y medio de ciudadanos expresaron sus preocupaciones cotidianas.

Entre las pistas mencionadas por la prensa figuran una rebaja de los impuestos sobre la renta para los sectores de clase media e incrementos en las pensiones más bajas, dos medidas prioritarias desde el punto de vista de más del 80% de los franceses, de acuerdo con una encuesta de la firma Ifop.

Las apuestas son altas para Macron, quien debe encontrar las palabras correctas para resolver la peor crisis de su presidencia, y responder a la cólera de este colectivo, que aunque surgió a raíz del hartazgo fiscal, ahora se ha generalizado a otros aspectos de la sociedad francesa.

"Los cinco años de Macron están en juego", resumía el lunes el diario conservador Le Figaro, para quien el jefe de Estado "no tiene margen de error".

El movimiento de los "chalecos amarillos", que lleva el nombre de las chaquetas fluorescentes de seguridad que usan los manifestantes, nació en noviembre en las zonas rurales y en los pueblos pequeños de Francia contra un aumento del precio de los combustibles, pero rápidamente se convirtió en una rebelión más amplia contra la política social y fiscal de Macron.

En diciembre, en un primer intento para apagar las manifestaciones, el mandatario anunció medidas en favor del bolsillo de los franceses más modestos, incluyendo una subida del salario mínimo de 100 euros, como parte de un paquete que le costará a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros. Pero no fue suficiente para acallar las protestas.

París, Francia | AFP |

El presidente francés, Emmanuel Macron, promulgó una ley que otorga a la policía mayores prerrogativas para contrarrestar los disturbios en las manifestaciones, en un contexto de crisis por las protestas de los "chalecos amarillos", empañadas en ocasiones por actos violentos.

El proyecto de ley, que fue adoptado en el Parlamento en marzo pese a que algunas asociaciones la consideran liberticida, fue firmada por el mandatario francés y publicada este jueves en el diario oficial.

El ministro del Interior, Christophe Castaner, aplaudió la promulgación de esta ley que "protege a los franceses frente a la inseguridad y a la violencia", según escribió en su cuenta en Twitter.

El Consejo Constitucional francés, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, censuró a inicios de mes una de las medidas más emblemáticas de esta ley, que preveía prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.

Inspirada de la ley de prohibición de estadio, este artículo fue tachado de liberticida por asociaciones y miembros de la oposición, que consideraban que violaba el derecho a la libre expresión y de reunión, protegidos por la Constitución.

Pero el Consejo Constitucional sí validó otro dos artículos controvertidos de esta ley: el artículo 2 que autoriza a las autoridades registrar bolsos y vehículos en las manifestaciones y en las zonas aledañas; y el artículo 6 que tipifica como delito el ocultarse el rostro durante protestas, y que puede ser castigado con un año de prisión y una multa de 15.000 euros (17.000 dólares).

Las protestas de los "chalecos amarillos", que manifiestan desde hace cinco meses contra la política social y fiscal del gobierno, se han convertido en el mayor desafío de la presidencia de Macron, un centrista que llegó al poder e 2017 con una ambiciosa agenda reformista.

Varias de las manifestaciones de este colectivo que sale a las calles todos los sábados desde el pasado 17 de noviembre se han visto empañadas por actos violentos, incluyendo saqueos de comercios y quema de vehículos.

Para intentar salir de esta crisis, el presidente convocó en enero un gran debate nacional, una serie de encuentros abiertos en todo el país en el que los franceses pudieron exponer públicamente sus quejas y hacer propuestas.

Se espera que Macron se dirija a la nación en los próximos días para hacer un balance de esta iniciativa inédita de dos meses y formular medidas concretas para apaciguar la cólera social.