Costa Rica cerró este miércoles su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos del país, al advertir que hay que “limpiar al hemisferio de comunistas”.

Costa Rica es un aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantiene un cerco energético sobre la isla y ha multiplicado sus amenazas de tomar el control de la isla.

El presidente Rodrigo Chaves dijo a la prensa que a partir de ahora Costa Rica “no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”.

“Hay que limpiar al hemisferio de comunistas (...), nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi diez millones de cubanos hoy”, afirmó el mandatario derechista, quien será relevado por su copartidaria Laura Fernández el próximo 8 de mayo.

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Ante la pregunta de si su decisión significa una ruptura de los vínculos, Chaves manifestó que “a este momento, Costa Rica y el régimen comunista cubano no tienen relaciones diplomáticas”.

El mandatario costarricense dio a los diplomáticos cubanos hasta finales de mes para que salgan del país.

Chaves señaló que si lo desea, La Habana podrá mantener a su personal consular en el país para la atención de unos 10.000 residentes cubanos, mientras que Costa Rica servirá a sus ciudadanos desde Panamá. La embajada de Costa Rica no contaba con personal diplomático desde el 5 de febrero.

“Hemos tomado la decisión de proceder (...) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares”, dijo previamente el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, junto a Chaves en Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.

La Habana calificó esa decisión como “arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano”.

“Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América”, afirma un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

Costa Rica sigue así los pasos de otro aliado de Trump, Ecuador, que el 4 de marzo expulsó al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, al acusarlo de injerencia en asuntos políticos internos del país y en “actividades violentas”.

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El canciller costarricense adujo por su parte una “profunda preocupación” por el “deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores”.

Fuente: AFP

Costa Rica empezó ayer domingo a reforzar sus controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes, después de que el ejército mexicano matara al poderoso capo de la droga Nemesio “El Mencho” Oseguera. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Costa Rica, que fue considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha visto incrementado sus índices de criminalidad por grupos relacionados con el narcotráfico, lo que llevó a la presidenta electa, Laura Fernández, a prometer mano dura para resolver la crisis de seguridad.

“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país para guarecerse”, dijo a periodistas el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora.

La medida, que contará con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se aplicará “tanto de los vuelos procedentes de México como de cualquier persona procedente de ese país en vuelos de conexión que lleguen a Costa Rica”, agregó Zamora.

Guatemala reforzó ayer domingo su frontera con México, después de que el ejército de ese país matara al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, en un operativo que provocó una ola de violencia en varios estados mexicanos. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco “incrementó las operaciones” de vigilancia y los patrullajes “en sectores estratégicos” de la frontera con México.

Además, “se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación” con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la “cooperación” bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para “mantener un ambiente de paz y seguridad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca”, indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen “en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.

Fuente: AFP.

La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.

“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.

Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.

“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.

Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.

“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.

Fuente: AFP.

• Por Juan Carlos Dos Santos G.
• juancarlos.dossantos@nacion.media

Durante décadas, Costa Rica fue presentada como la excepción latinoamericana: sin ejército, con instituciones sólidas y una democracia estable que parecía inmune a los vaivenes ideológicos de la región. La elección de Laura Fernández como nueva presidenta rompe, al menos simbólicamente, con esa narrativa. No porque el país abandone la democracia, sino porque se suma a una tendencia regional clara: el giro a la derecha con promesas de orden, autoridad y mano dura.

Fernández no llega como una outsider antisistema, pero tampoco como una socialdemócrata clásica. Es heredera política del saliente presidente Rodrigo Chaves y encarna una nueva derecha latinoamericana: pragmática, confrontativa, impaciente con los contrapesos institucionales y obsesionada con la seguridad como eje ordenador del discurso público.El dato no es menor. Costa Rica atraviesa desde hace años un deterioro sostenido en materia de seguridad, con el avance del narcotráfico y el crimen organizado erosionando la sensación de tranquilidad que distinguía al país. En ese contexto, la promesa de “mano dura” dejó de ser tabú y pasó a convertirse en capital político.

No sorprende, entonces, que Laura Fernández muestre afinidad –explícita o implícita– con el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. La narrativa es conocida: seguridad primero, resultados rápidos, respaldo popular y una relación tensa con las élites tradicionales y los organismos de control.Bukele se ha convertido en el referente regional del autoritarismo eficaz, una figura admirada incluso fuera de Centroamérica. Para una parte del electorado costarricense, cansado de diagnósticos sin soluciones, ese modelo resulta tentador. Fernández parece haber leído correctamente ese clima de época.Sin embargo, Costa Rica no es El Salvador. Su entramado institucional, su cultura política y su tradición jurídica hacen que cualquier intento de replicar el “modelo Bukele” enfrente límites más visibles. Allí radica el verdadero interrogante de esta elección: ¿hasta dónde está dispuesta a tensar el sistema la nueva presidenta?

La victoria de Fernández abre un debate incómodo pero necesario: el equilibrio entre seguridad y libertades. La posibilidad de endurecer leyes, ampliar facultades del Ejecutivo o incluso suspender garantías en contextos específicos despiertan alarmas en sectores académicos, judiciales y de derechos humanos.No se trata de negar el problema de la inseguridad, sino de advertir que la excepcionalidad permanente suele convertirse en norma. América Latina tiene experiencia de sobra en ese camino.Al mismo tiempo, minimizar el mandato popular sería un error. Fernández ganó con un mensaje claro y con respaldo suficiente para impulsar cambios. Ignorar esa señal también sería una forma de desconexión democrática.

Lo ocurrido en Costa Rica no es un hecho aislado. Se inscribe en un mapa regional donde el electorado parece decir lo mismo una y otra vez: menos discursos, más control; menos corrección política, más resultados. Laura Fernández asume con una oportunidad histórica y una enorme responsabilidad. Costa Rica, la vieja excepción, entra ahora en terreno desconocido. Y América Latina observa con atención.