Madrid, España | AFP
Un tribunal español denegó a una jueza argentina que investiga el fusilamiento en 1936 del escritor Federico García Lorca, el acceso a documentos sobre su muerte, alegando la prescripción del delito, de acuerdo con documentos conocidos este jueves.
"La solicitud argentina de auxilio judicial internacional no puede ser atendida", indicó el auto del juez José de la Mata de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, en respuesta al pedido de la jueza María Servini.
Servini abrió su causa ante el pedido de familiares de víctimas del franquismo que acudieron a la justicia argentina alegando dificultades ante la justicia española, escudada en la Ley de Amnistía de 1977 que, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, cubrió "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a ese año.
En agosto de 2016, la magistrada de Buenos Aires incluyó el caso del poeta y dramaturgo dentro de una causa que, valiéndose del principio de justicia universal, abrió en 2010 para investigar violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Por ello, Servini buscaba acceder a un expediente sobre la muerte de García Lorca que posee el Ministerio del Interior y otros documentos sobre el fusilamiento en agosto de 1936, durante los primeros días de la guerra civil cerca de Granada.
Pero el tribunal español estimó que al haberse producido hace más de 80 años, "ha transcurrido el plazo de prescripción previsto para el mismo en el Código Penal español".
La magistrada argentina califica el crimen como delito de lesa humanidad, pero esos delitos están tipificado en España solo desde 2004, y Madrid "no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad" de dichos crímenes de la ONU, recordó el auto.
El pedido de Servini "colisiona también con la Ley de Amnistía de 1977", agregó la Audiencia Nacional.
Por otro lado, la Audiencia Nacional denegó a Servini en otro auto una solicitud para interrogar al ex ministro del Interior y figura de la transición Rodolfo Martín Villa, de 84 años, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977.
El tribunal alegó por igual la prescripción de los hechos.
Dentro de su causa, Servini solicitó en 2014 la extradición para ser interrogadas a una veintena de personas, entre ellas Martín Villa y otro ex ministro de la epoca, pero su pedido fue archivado al año siguiente por la Audiencia Nacional por “falta de legitimación”.