Estados Unidos y Venezuela informaron el jueves que restablecerán sus relaciones diplomáticas, parte de la nueva era que sigue al derrocamiento de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección el año anterior y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del parlamento, Juan Guaidó.

Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Trump ha felicitado su trabajo. Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

Burgum calificó de “fantásticamente positivo” el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado. “Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”, indicó el texto. “Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

“Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”. Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición.

La cancillería venezolana indicó en un comunicado que apostaba por “una nueva etapa” en la relación bilateral “basada en el respeto mutuo”. “Este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido”, señaló el texto. La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.

La gira Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos. Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán. La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.

Ecologistas denuncian además la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques. Burgum aseguró que recibió “garantías” de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona. Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años.

“Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años”, indicó Burgum. Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley.

“Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países”, dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal. El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington.

“Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar”, dijo el secretario a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir. Venezuela -con las mayores reservas petroleras del mundo- busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, menos de la mitad del que fue su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.

Fuente: AFP.

Bashar al Asad, Nicolás Maduro y ahora Alí Jamenei. En menos de un año y medio, Vladimir Putin perdió varios aliados internacionales de importancia sin que el Kremlin, sumido en su guerra en Ucrania, pueda hacer gran cosa. El presidente ruso se limitó el domingo pasado a publicar una carta para expresar sus condolencias tras el asesinato del guía supremo iraní, “un hombre de Estado fuera de lo común que ofreció una contribución personal inmensa al desarrollo de las relaciones de amistad entre Rusia e Irán”.

Aunque denunció un acto de “violación cínico” de “la moral y del derecho internacional”, ni Putin ni las autoridades rusas no anunciaron oficialmente una ayuda concreta a Teherán ante los bombardeos estadounidenses e israelíes en curso. En junio de 2025, al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa, Putin declaró que ni siquiera quiere “discutir” sobre la eventualidad del asesinato de Jamenei.

El sábado, el ministro iraní de Relaciones exteriores, Abás Araqchi, tomó la iniciativa, según Moscú, de llamar a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, cuando comenzaron los bombardeos.

Para el experto ruso Alexander Baunov, miembro del centro Carnegie, la muerte de Jamenei coloca al presidente ruso en una “situación difícil”.

Desde la reelección de Donald Trump, Putin busca apaciguar al turbulento multimillonario para ganarse el favor estadounidense en las negociaciones sobre la guerra desencadenada en Ucrania por el ataque ruso de 2022.

A inicios de enero, la captura estadounidense del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, significó la pérdida de otro apoyo importante de Rusia. Y ahí tampoco el Kremlin pudo hacer nada.

“Dos veces en dos meses Putin ha fracasado en cumplir su papel de salvador”, subraya Baunov en su cuenta Telegram. Y en el caso de Jamenei, agrega el experto, “el asesino es su amigo Trump”.

Antes, el jefe del Kremlin al menos pudo facilitar al exdirigente ucraniano Viktor Yanukovich refugio en Rusia, tras la revuelta europeísta de 2014. Diez años después, el sirio Bashar al Asad y su familia también huyeron a Rusia tras su derrocamiento en Siria.

A diferencia del caso Maduro, la muerte de Jamenei ocurrió en una parte del mundo que Rusia considera como su “hemisferio”, estima Baunov.

El experto compara este asesinato al del libio Muamar Gadafi, también aliado de Moscú, en 2011. Ese hecho marcó, según Baunov, “un giro en la política rusa” y uno de los argumentos de Putin para “romper con Occidente”.

Irán siguió como uno de los más cercanos aliados y apoyos de Rusia a lo largo de la ofensiva lanzada en 2022 por el Kremlin en Ucrania.

Kiev y los occidentales acusan a Teherán de suministrar a Rusia armas y tecnología militar, como drones Shahed, de concepción iraní, que Rusia produce ahora masivamente y utiliza diariamente para bombardear a Ucrania.

En 2025, Rusia e Irán también firmaron un tratado de asociación estratégica para reforzar sus relaciones, inclusive en el campo militar.

Además de la pérdida de un importante aliado como Jamenei, las consecuencias del conflicto actual en Irán para Rusia son todavía difíciles de evaluar.

El diputado ruso Anatoli Vaserman, interrogado por el diario MK.ru, consideró que a corto plazo la guerra podría beneficiar a Moscú si conduce a un aumento del precio del petróleo y, consecuentemente, un aumento de ingresos para su país.

A más largo plazo, predice “grandes problemas” para Estados Unidos e Israel si las autoridades iraníes “resisten” a la campaña de bombardeos.

Por su parte, Ucrania se congratuló lógicamente del asesinato del dirigente iraní. Para el ministro ucraniano de Relaciones exteriores, Andrii Sibiga, su muerte muestra que Rusia no es un “socio confiable incluso para aquellos que cuentan mucho” con ese país, que pierde influencia a causa de su “guerra insensata contra Ucrania”.

Fuente: AFP.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia ayer miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Tras su renuncia fue designado defensor del pueblo de manera interina por parte de la Asamblea Nacional.

Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder. De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos.

“Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces. Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca. “Fue un extraordinario fiscal”, dijo el poderoso ministro del interior Diosdado Cabello, que le auguró una buena gestión como defensor del pueblo.

El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida. Trump dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” y “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.

Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. “Quería defender los derechos humanos”, dijo a la AFP. En 1999 estrechó sus lazos con el recién electo Chávez, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de “Revolución Bolivariana”.

Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos. Fue gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado.

“Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada”, contó Uzcátegui. “Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas”, acotó.

En 2017 la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor. Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.

Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. “No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la fiscalía”, señaló Uzcátegui. “Una fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución”, añadió.

Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como “cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Saab contradice estas acusaciones y asegura que más de 600 funcionarios fueron condenados por abusos durante su mandato como fiscal.

Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Saab no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la “muerte del derecho internacional”. En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la “pacificación” que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.

Fuente: AFP.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió el miércoles con el gobierno interino en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, en vísperas de un debate para la aprobación de una histórica ley de amnistía general. Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, heredó el poder. Gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en Caracas en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire. Donovan sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”, apuntó la embajada de Estados Unidos en un comunicado. Las partes “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, señaló por su parte el gobierno venezolano.

La visita concluyó el mismo miércoles.

Estados Unidos dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro. Más temprano, autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en el país y se suma así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

El petróleo venezolano está sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, pero el embargo se ha flexibilizado tras la incursión de enero.

Rodríguez recibió más temprano al primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, país que recibe el dinero por las ventas de petróleo venezolano que hace Estados Unidos.

Washington diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno interino.

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Por ello, el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Doha también ha sido actor clave en distintos procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

La Asamblea Nacional tiene pendiente la final discusión de una histórica ley de amnistía, que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante y debe resultar en la liberación de cientos de presos políticos.

Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso que ha llevado a la excarcelación de 448 presos políticos, según el último balance de Foro Penal.

Más de 600 siguen tras las rejas, contabiliza esta oenegé especializada.

Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó una huelga de hambre el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas.

El miércoles por la noche, quedaban solo cuatro.

La huelga es “hasta que mi cuerpo aguante”, dijo a la AFP Narwin Gil, familiar de un preso en esos calabozos.

Piden “libertad para todos los presos políticos porque no son delincuentes”.

Rodríguez adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, al tiempo que ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019. Impulsó igualmente una reforma a la ley de hidrocarburos, que dejó atrás un modelo estatista y se abrió a la inversión privada.

El instrumento allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. En momentos de mayor apertura petrolera, Venezuela inició un plan piloto de venta de gasolina de mayor calidad, que se ofrece al doble del precio de la convencional.

Es un tema sensible en el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. La gasolina en Venezuela llegó a ser la más barata del mundo. El suministro ha pasado por varias crisis de escasez y desde hace años solo se ofrece un tipo de octanaje.

Rodríguez tiene prevista también una reunión “próximamente” con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su “secuestro” y el bombardeo a Venezuela, aunque bajó el tono luego de conversar con el presidente Donald Trump sobre el tema.

Fuente: AFP.