El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple en su domicilio una pena de prisión por tentativa de golpe de Estado, fue ingresado nuevamente en un hospital de Brasilia el viernes para someterse a una operación de hombro, indicó su médico a la AFP. El médico ortopedista Alexandre Firmino explicó que Bolsonaro, de 71 años, se sometió “a exámenes clínicos y cardiológicos” en vistas a esta intervención quirúrgica, que debe durar “unas tres horas”.

“Jair acaba de entrar en el quirófano”, anunció de su lado en Instagram Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente de extrema derecha (2019-2022). Este ingreso hospitalario fue autorizado por el juez Alexandre de Moraes, a raíz de una solicitud de los abogados del expresidente para que fuera operado debido a “dolores recurrentes” en el hombro derecho.

La operación consiste en una reparación de un conjunto de tendones del hombro. Bolsonaro ya había sido hospitalizado durante dos semanas en marzo para tratar una bronconeumonía, después de sufrir un malestar en prisión, en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia.

A su salida, pudo regresar a su casa en la capital brasileña después de que el juez De Moraes le autorizara a cumplir su pena en arresto domiciliario de forma temporal, por razones “humanitarias”. Bolsonaro ha sido operado en varias ocasiones en los últimos años debido a las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida durante un mitin de campaña en 2018.

En septiembre fue condenado a 27 años de prisión por el tribunal supremo, que lo declaró culpable de haber conspirado para mantenerse en el poder pese a su derrota electoral frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. El jueves, el Parlamento brasileño abrió la vía a una reducción de la duración de su encarcelamiento, al anular un veto de Lula a una ley que prevé acortar el plazo para la revisión de su pena.

Inhabilitado, el exjefe de Estado designó en diciembre desde la cárcel a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, de 45 años, como su heredero político para disputar las presidenciales de octubre frente a Lula, que debe aspirar a un cuarto mandato a los 80 años. Los últimos sondeos sitúan a Flavio Bolsonaro y a Lula codo a codo en la intención de voto.

Fuente: AFP.

• Por Juan Carlos Dos Santos G.
• Juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

El regreso de Luiz Inácio “Lula” da Silva al poder tras derrotar a Jair Bolsonaro en octubre de 2022, fue celebrado como el retorno de la estabilidad. Sin embargo, la realidad actual muestra un escenario más complejo: el actual Lula, con 80 años, gobierna, pero no logra consolidar autoridad ni control político pleno.

El desgaste de su administración no responde a un único factor, sino a una suma de tensiones que, en conjunto, comienzan a erosionar su capital político. En el frente económico, el Gobierno intenta sostener un modelo basado en el gasto social mientras enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la disciplina fiscal. El déficit, las señales contradictorias al mercado y la incertidumbre económica han debilitado la confianza, incluso en sectores que inicialmente acompañaron su regreso.

Pero el problema va más allá de los números. El “viejito”, como no le gusta que lo llamen, lidera una coalición fragmentada, dependiente de acuerdos permanentes con un Congreso adverso. Cada votación se transforma en una negociación, cada iniciativa en una pulseada. Esta dinámica proyecta una imagen de debilidad estructural: un presidente condicionado, sin margen para imponer agenda.A esto se suma un elemento clave en política: la percepción. Una parte significativa de la sociedad no percibe mejoras concretas en su vida cotidiana. La expectativa de un rápido alivio económico, especialmente en los sectores más vulnerables, no se ha materializado con la velocidad esperada. Y cuando el lulismo pierde conexión emocional con su base histórica, el impacto trasciende lo económico y se vuelve electoral.

En política exterior, Lula también enfrenta críticas por sus ambigüedades. Su intento de posicionarse como líder global y mediador en conflictos internacionales ha generado incomodidad, especialmente por su cercanía o indulgencia frente a regímenes cuestionados. Esta postura, lejos de fortalecer su liderazgo, abre flancos tanto dentro como fuera de Brasil.

Ni siquiera en áreas donde el Gobierno muestra avances, como la agenda ambiental, logra evitar contradicciones. La reducción de la deforestación convive con presiones por expandir proyectos extractivos, mientras sectores indígenas y sociales comienzan a expresar frustración por promesas incumplidas o demoradas.Sin embargo, el dato más relevante no está únicamente en los problemas del oficialismo, sino en la reorganización de la oposición. Allí emerge con fuerza Flávio Bolsonaro, quien ha comenzado a capitalizar el malestar social y a canalizar las críticas al Gobierno. Con un discurso más ordenado y menos confrontativo que el de su padre, logra interpelar tanto al núcleo duro del bolsonarismo como a sectores desencantados con Lula.

El crecimiento de Flávio Bolsonaro en encuestas recientes –incluso con escenarios donde aparece competitivo o por encima de Lula en una eventual segunda vuelta– refleja un cambio de clima político. Ya no se trata solo de rechazo al pasado, sino de dudas sobre el presente.Brasil, además, sigue atrapado en una polarización persistente, donde el margen para consensos es mínimo y el desgaste del gobierno se amplifica. Lula enfrenta un desafío mayor al que tuvo en 2022: ya no compite únicamente contra su antecesor, sino contra sus propias limitaciones.

El presidente aún conserva estructura, liderazgo y capacidad de reacción. Pero la política no perdona la inercia. Si no logra recuperar iniciativa, ordenar su coalición y ofrecer resultados tangibles, el escenario electoral podría volverse mucho más adverso de lo previsto.Porque en Brasil hoy no está en discusión quién gobierna, sino quién logra convencer de que puede hacerlo mejor. Y en esa disputa, el poder –silenciosamente– empieza a cambiar de manos.

La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.

En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.

Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.

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Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.

Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.

A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.

Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.