Washington, Estados Unidos | AFP | El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este lunes la muerte en prisión en Venezuela del concejal opositor Fernando Albán, que estaba detenido acusado de participar en la explosión de dos drones mientras el presidente venezolano Nicolás Maduro pronunciaba un discurso.
"Condenamos la muerte de Fernando Albán, responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Esta dictadura criminal debe irse ya de #Venezuela. #OEAconVzla", dijo en su cuenta de Twitter Almagro.
Según dijo a la televisión gubernamental VTV el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, Albán "solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez".
Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, había sido detenido el viernes pasado acusado de estar involucrado en el presunto atentado ocurrido el 4 de agosto durante un desfile militar.
El partido del concejal fallecido, Primero Justicia, denunció que se trató de un "asesinato" y responsabilizó en un comunicado a "Maduro y a su régimen torturador".
Maduro califica el incidente del pasado agosto como un "magnicidio en grado de frustración" y responsabiliza como autor intelectual al diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia y exiliado en Colombia.
En Venezuela hay unos 236 presos políticos, según la ONG Foro Penal.
© Agence France-Presse
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El “fraude horroroso” del que habla Maduro fue en Venezuela
- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La denuncia de fraude electoral realizada por Luisa González tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones generales en Ecuador el pasado 13 de abril rápidamente encontró eco entre sus aliados ideológicos, como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Claudia Sheinbaum, de México y, por supuesto, el presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro.
Es evidente el respaldo del sector progresista a la “delfina” del expresidente Rafael Correa, condenado en ausencia a ocho años de prisión por la Justicia ecuatoriana.
Que alguien como Nicolás Maduro haya calificado de “fraude horroroso” los comicios en Ecuador resulta totalmente sorprendente, considerando lo ocurrido en las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, donde organismos internacionales fueron impedidos de participar como observadores, por decisión del régimen chavista.
Solo enviados del Centro Carter lograron ingresar al país con el objetivo de supervisar al menos parcialmente el proceso. Primó la expectativa de Maduro de encontrar afinidad ideológica en esa institución estadounidense, considerada cercana al progresismo. Sin embargo, fue el propio Centro Carter quien confirmó lo que muchos ya intuían: el verdadero vencedor de los comicios venezolanos fue Edmundo González, con una abrumadora mayoría de votos, constatada en gran parte del territorio nacional.
Pero Maduro no estaba dispuesto a ceder el poder ni a respetar las reglas del juego democrático, el mismo que en su momento permitió a Hugo Chávez llegar al Gobierno, para luego adaptar las normas a su medida con el fin de perpetuarse. Esa lógica continúa vigente bajo Maduro.
El único organismo internacional que pudo certificar objetivamente las elecciones venezolanas fue categórico: Maduro fue derrotado.
En Ecuador, el 13 de abril, Daniel Noboa se impuso en segunda vuelta con el 55,83 % de los votos válidos, frente al 44,17 % obtenidos por la progresista Luisa González.
Curiosamente, ambos apellidados González vivieron realidades muy distintas: uno fue elegido legítimamente por su pueblo, pero le fue negado el derecho a gobernar por una dictadura; la otra simplemente perdió en las urnas.
En el caso ecuatoriano, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a diversos observadores internacionales, avalaron la transparencia del proceso electoral que dio el triunfo a Noboa.
Que Nicolás Maduro tache de “fraude horroroso” unas elecciones limpias y verificadas en Ecuador forma parte de la estrategia de la izquierda internacional: acusar a sus oponentes de los vicios que ellos mismos practican.
Este patrón se repite a nivel global en escenarios de fuerte polarización ideológica. El modus operandi es siempre el mismo: proyectar sus propias faltas en sus adversarios. Lo vemos en Europa y, de forma aún más evidente, en el conflicto de Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y ahora, este discurso se afianza en América Latina, donde varios líderes progresistas no solo son populistas, sino que además llegan al poder con escasa preparación, con la excepción –vale reconocerlo– de la presidenta de México.
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Paran deportación de venezolanos
La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió ayer sábado la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña, decretada en virtud de una ley del siglo XVIII.
El presidente estadounidense, el republicano Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Hasta ahora, la ley se había usado solamente durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, así como en las dos guerras mundiales del siglo XX.
“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el máximo tribunal. La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas (sur).
En el recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.
“Estos hombres estaban en peligro inminente de pasar sus vidas en una horrorosa prisión extranjera sin haber tenido nunca la oportunidad de ir a un tribunal”, afirmó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
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Ecuador: observadores de la UE y la OEA rechazan denuncia de fraude electoral
Observadores de la Unión Europea y la OEA rechazaron ayer martes las denuncias de fraude electoral en las presidenciales de Ecuador, aunque mostraron preocupación por la desinformación, polarización y posibles extralimitaciones del candidato y mandatario Daniel Noboa.
Noboa fue reelegido el domingo con una diferencia de 11 puntos sobre la candidata izquierdista Luisa González, quien desconoció su derrota. Heredera del exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017), la abogada vio apagarse por segunda vez la oportunidad de convertirse en la primera presidenta de Ecuador.
Fue una “jornada electoral transparente y bien organizada que desmiente las narrativas de fraude, pero con la necesidad de afrontar reformas”, dijo el jefe de la misión de la Unión Europea (UE), Gabriel Mato, en una rueda de prensa en Quito.
“En un contexto desafiante, la población se expresó con claridad sobre quién debe conducir el país durante los próximos cuatro años, reafirmando su compromiso con la democracia y el ejercicio del voto”, estimó a su vez la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
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El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) defendió ayer martes que el “proceso fue totalmente transparente” e informó que por el momento González no ha presentado un pedido formal de recuento de votos.
Noboa recibió las felicitaciones de varios presidentes, entre ellos Donald Trump, de Estados Unidos, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, así como de importantes líderes de la oposición. El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, pidió a Noboa “entregar las actas” del balotaje del domingo. “Igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse” en Ecuador, anotó el mandatario en X.
Polarización “extrema”
En el poder desde noviembre de 2023, Noboa ampliará su mandato hasta 2029 con el desafío de reflotar un país desangrado por la violencia de carteles, sumido en una crisis económica y dividido. “El bien venció al mal, la justicia venció a la impunidad y la libertad venció a la opresión”, expresó Noboa en Quito ante decenas de seguidores que se concentraron frente a la casa presidencial.
La doble condición de Noboa como candidato y presidente despertó preocupaciones en las misiones de observación. “Es necesario evitar confundir papeles de candidato y presidente, tienen que estar perfectamente delimitados”, señaló Mato.
En la misma línea, la OEA “observó con preocupación (...) las condiciones de inequidad durante la campaña” entre ambos candidatos. Las misiones rechazaron los choques constantes y ataques personales entre Noboa y González que agrietaron aún más la confianza en el balotaje. También destacaron la propagación de noticias falsas, “muchas veces amplificada por anuncios pagados”.
Contexto de polarización
Para la OEA el proceso se celebró en un “contexto de polarización política extrema”. La votación se celebró bajo un clima de tensión en un país donde cada hora asesinaron a una persona entre enero y febrero. Es el inicio de año más violento desde que se tiene registro, pese a las políticas de mano dura contra el narco implementadas por Noboa.
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Aunque los comicios se celebraron bajo un estado de excepción ordenado por el gobierno, los observadores no identificaron restricciones graves para el desarrollo normal de la jornada. En cambio calificaron de “exageradas” las multas de hasta 32.000 dólares por fotografiar el voto. El CNE proclamará resultados definitivos en los próximos días para que Noboa sea posesionado por la Asamblea Nacional el 24 de mayo.
Con 18 millones de habitantes, Ecuador era hasta hace unos años un bastión de tranquilidad en una región convulsa. Pero en 2023 la tasa de homicidios llegó al récord de 47 por cada 100.000 habitantes. Bajo el gobierno de Noboa esa cifra disminuyó el año pasado a 38, pero sigue siendo la más alta de Latinoamérica, según Insight Crime.
Fuente: AFP
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Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
- Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.