El gobierno de El Salvador aseguró este miércoles que destruyó completamente el mando de las pandillas en el país, pero continuará el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción da sustento legal a la ofensiva contra las pandillas, al permitir arrestos sin orden judicial.

“Con todos los principios de guerra del primer año, del segundo año, del tercero, hemos logrado, primero, destruir por completo la organización criminal a nivel de su gobierno (mando)”, dijo ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, al canal privado Telecorporación Salvadoreña.

Indicó que las fuerzas de seguridad han detenido a “la mayor cantidad de miembros” de pandillas y acabaron con el “monopolio del crimen” que ejercían esas bandas, que se financiaban con la extorsión, el sicariato y la venta de drogas.

El gobierno de Bukele asegura que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos- asesinaron a unas 200.000 personas en tres décadas, más que los 75.000 muertos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El Salvador ha pedido apoyo a Estados Unidos Unidos, México, Guatemala, Honduras y Belice para arrestar a pandilleros que han huido del país y las autoridades “patrullan” las redes sociales para detectar “remanentes” de las pandillas en el país.

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Según cifras oficiales, más 89.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos y que miles de inocentes siguen tras las rejas.

La “guerra” contra las pandillas de Bukele, en el poder desde 2019, ha reducido al mínimo los índices de violencia en el país, lo que facilitó su reelección en 2024.

Villatoro vaticinó que El Salvador podría cerrar 2025 con entre 1 y 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras recordar que 2024 cerró con 1,9. La tasa de 2021 fue de 18 muertos por cada 100.000 habitantes.

El ministro descartó la derogación del régimen de excepción: “lo que estamos haciendo va para largo”, dijo. El régimen de excepción “es algo que ha valido la pena”, afirmó el ministro, al cuestionar que organizaciones de derechos humanos “lo venden como algo malo”.

• Fuente: AFP

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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, en el que destaca que la situación en Paraguay durante 2024 enfrentó desafíos importantes, especialmente en áreas como la libertad de expresión y la protección de los derechos laborales.

El informe señaló que el Congreso adoptó medidas que afectaron a la sociedad civil y a la prensa, y que la Oficina no observó con buenos ojos ciertos aspectos vinculados a las organizaciones no gubernamentales. Mencionó sobre la entrada en vigencia de una legislación que establece el control sobre las organizaciones civiles.

En el ámbito de la libertad de prensa, el informe explicó que “hubo varios casos en los que actores políticos utilizaron amenazas e intimidación para restringir la libertad de expresión y de prensa para silenciar a sus oponentes”. También se señala que “algunos actores políticos amenazaron públicamente con procesar a periodistas por informar sobre abuso de poder y corrupción por parte de funcionarios gubernamentales”.

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En cuanto a los derechos laborales, el documento indicó que “el Gobierno rara vez investigaba las actividades antisindicales y, según informes, solo lo hacía cuando lo solicitaba la parte afectada”. Señaló que los empleadores que no reconocían o negociaban colectivamente con un sindicato registrado podían enfrentar sanciones, aunque “generalmente eran ineficaces y rara vez se aplicaban a los infractores”.

Respecto a la seguridad y Justicia, el informe describe que “la prisión preventiva prolongada, debido a la acumulación de casos judiciales y la corrupción, es un problema” y que “un número insuficiente de jueces y funcionarios judiciales que solicitaban sobornos para adelantar los procedimientos a menudo causaba retrasos en los juicios”.

Sobre la tortura y otros tratos inadecuados, se indica que “la ley prohibía tales prácticas, pero existían informes fidedignos de que funcionarios gubernamentales las empleaban”. La Fiscalía abrió investigaciones sobre 124 denuncias de tortura y otros abusos, aunque “no hubo condenas durante el año”.

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El informe concluye que, si bien se han registrado algunas medidas de protección de los derechos humanos, “todavía existen áreas que requieren atención y fortalecimiento institucional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.

Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

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También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

El presidente Donald Trump firmó ayer jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras, una de las palabras preferidas del presidente republicano, conocido por tener una visión mercantilista de las relaciones comerciales, no entrarán en vigor este viernes como estaba previsto inicialmente, sino dentro de siete días.

Este retraso tiene como objetivo dar tiempo a las aduanas para prepararse, informó un alto cargo estadounidense a periodistas. “Reestructuración del comercio mundial en beneficio de los trabajadores estadounidenses”, escribió la Casa Blanca en mayúsculas y negrita en uno de los documentos en los que anuncia los nuevos gravámenes.

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Se trata de “abordar aún más el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos” y “proteger a Estados Unidos de las amenazas extranjeras a la seguridad nacional y la economía”, añade. Las nuevas tarifas aduaneras llegan al 41 % en el caso de Siria, a la que Suiza pisa los talones con el 39 %. Argelia está sujeta al 30 %, Bangladés al 20 %, Laos al 40 % e India al 25 %.

Canadá también recibe un golpe, al pasar del 25 % al 35 %, salvo los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte junto con Estados Unidos y México. “Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos” lamentó la Casa Blanca.

“Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá”, añade sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos. La Unión Europea (UE), Japón y Corea del Sur, unos de los pocos socios que lograron renegociar las tarifas durante la tregua anunciada en abril y postergada desde entonces, estarán sujetos al 15 %, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares.

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Washington aumentó del 10 al 15 % los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela (15 %) y Nicaragua (18 %). Brasil figura con un 10 %, pero será solo hasta el 6 de agosto. El miércoles el gobierno de Trump anunció que a este arancel mínimo universal añadirá 40 puntos porcentuales (pp), lo que equivale a un 50 %, debido sobre todo al juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intentona golpista.

Este jueves, tras hablar por teléfono con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, Trump se mostró indulgente con su vecino del sur y le concedió una prórroga de 90 días con el objetivo “de firmar” un acuerdo “dentro de ese plazo, o incluso más”. Entre tanto sigue sometido al 25 % salvo los bienes incluidos en el T-MEC.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa. México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump.

“No cabe duda: el decreto y los acuerdos” concluidos en los últimos meses “destrozan el libro de reglas comerciales que ha gobernado el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, opina Wendy Cutler, vicepresidenta senior del Asia Society Policy Institute. “Si nuestros socios pueden preservarlo sin Estados Unidos es una pregunta abierta”, añadió.

China ha quedado excluida del drama porque su tregua no expiraba este viernes, sino el 12 de agosto, cuando los aranceles podrían volver a niveles más altos. Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentaban al arancel mínimo universal del 10 % impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. El impacto de los aranceles preocupa a los economistas. Los consideran un lastre para la inflación, que subió al 2,6 % en junio, según el índice PCE publicado el jueves, y para el crecimiento de Estados Unidos.

El uso de los aranceles como medio de presión para alcanzar acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos acabó en los tribunales. Este jueves se celebró una vista en una corte de apelaciones de Washington para determinar si Trump se ha extralimitado en sus facultades constitucionales al imponer estos recargos. La Casa Blanca ha advertido que apelará ante la Corte Suprema si la sentencia le es desfavorable.

Fuente: AFP.