A través de un comunicado difundido este jueves a la noche, la UIP advierte que “El comercio internacional no puede condicionarse por acciones extorsivas y desinformación”.

Al inicio del documento expresa que “la Unión Industrial Paraguaya rechaza enérgicamente la campaña difamatoria coordinada por las organizaciones no gubernamentales Earthsight, Global Wittness y Survival, todas ellas con sede en Londres, contra la industria paraguaya del cuero, sus empresas, sus trabajadores y sus compradores europeos”.

Asegura que “esta campaña se intensifica deliberadamente en la víspera de la entrada en vigor en forma provisoria, del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, prevista para el 1° de mayo de 2026, configurando un ataque comercial encubierto bajo retórica ambiental".

Según explica, las publicaciones desde el año 2018, y las cartas con plazos perentorios remitidas por estas ONG a empresas paraguayas e italianas en febrero, marzo y abril de 2026, los compromisos forzados de no compra a importadores europeos, extraídos bajo presión reputacional, y la deslegitimación sistemática de las certificaciones del Estado paraguayo y de los estándares internacionales (LWG, ICEC) constituyen prácticas extorsivas inaceptables que dañan a miles de familias paraguayas, comprometen el cumplimiento del acuerdo recién firmado y vulneran la soberanía económica del país.

A continuación expresa que el Paraguay produce cuero legal, sostenible y trazable, respaldado por sistemas de control sanitario, de identificación animal y de trazabilidad, los cuales han sostenido y garantizado sus exportaciones en mercados internacionales.

“En este marco, el país dispone de herramientas que permiten acreditar el origen, las condiciones ambientales y cumplimiento social de cada cuero exportado, reforzadas por la incorporación de iniciativas como el RETSA PY (desarrollado con financiamiento del programa AL-INVEST Verde de la propia Unión Europea)”, destaca.

Seguidamente reitera que las acusaciones que ignoran deliberadamente estos hechos, ¡son falsas!!.

Finalmente indica que la UIP, además de reconocer y acompañar el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional mediante una acción sostenida, intensa y coordinada a este respecto, sugiere impulsar:

• Una acción sostenida de nuestra representación diplomática en Londres, ante el Parlamento británico, los medios de comunicación y la opinión pública, denunciando el carácter extorsivo de las prácticas de Earthsight, Global Wittness y Survival.
• La presentación, por la vía que el Gobierno estime conveniente, de una denuncia formal por difamación al Estado paraguayo, ante las instancias internacionales pertinentes.
• Un despliegue comunicacional público-privado, articulado, sostenido, de gran impacto y multilingue, con presencia activa en las instituciones de la Unión Europea, ante la revisión del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR).
• La actualización permanente del registro de unidades productivas en el RETSA PY, para eliminar cuestionamientos con argumentos inconsistentes.
• La activación de un espacio permanente público privado, de coordinación de acciones con vocería clara y capacidad de respuesta ágil, ante las diferentes situaciones que se presenten.

El comunicado termina con “el Paraguay no aceptará que ONGs extranjeras financiadas con recursos públicos de terceros, dicten qué puede, o no producir el país, ni a quién puede o no exportar. Defendemos la industria. Defendemos los empleos. Defendemos la verdad”.

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados el domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro, informó la oenegé Foro Penal.

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

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El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. “Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”, agregó en X.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo. Rodríguez, quien gobierna de forma temporal, dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington.

El sábado, la mandataria interina llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz” en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso a Maduro.

Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico. Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal.

Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

• Fuente: AFP

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El presidente Donald Trump firmó un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que “ya no sirven a los intereses” nacionales, anunció la Casa Blanca. La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato. Como parte de este esfuerzo, la Casa Blanca anunció que Trump retiraría a Estados Unidos de un tratado climático fundamental y del principal organismo de evaluación del calentamiento global, como parte de una amplia salida del sistema de las Naciones Unidas.

Se trata de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado matriz que sustenta todos los principales acuerdos internacionales sobre el clima. Trump, que ha puesto todo el peso de su política interna detrás de los combustibles fósiles, ha despreciado abiertamente el consenso científico de que la actividad humana está calentando el planeta.

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Calificó la ciencia del clima como un “engaño” en la cumbre de alto nivel de la ONU el pasado septiembre. El memorando también ordena que Estados Unidos se retire del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima, junto con otras organizaciones relacionadas con el clima, entre ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.

Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el republicano está implementando su visión de “Estados Unidos primero”. Como en su primer mandato, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden. Además, dio un portazo a la Organización Mundial de la Salud.

La administración Trump también recortó ampliamente la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual golpeó los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Donald Trump lanzó un ataque frontal contra la ONU, que según él está “muy lejos de alcanzar su potencial”.

Fuente: AFP.

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Israel confirmó el jueves la prohibición de acceder a la Franja de Gaza para 37 organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas Oxfam o Médicos Sin Fronteras, a quienes reprocha no haber comunicado la lista de nombres de sus empleados. Este requisito forma parte de una nueva reglamentación que puede provocar una ralentización de la entrada de ayuda al territorio palestino, devastado por dos años de guerra y con gran parte de sus habitantes en necesidad.

“Las organizaciones que no hayan respetado las normas requeridas en materia de seguridad y transparencia verán suspendida su licencia”, declaró en un comunicado el Ministerio de la Diáspora israelí. “La principal deficiencia identificada es la negativa a proporcionar información completa y verificable sobre sus empleados, un requisito esencial destinado a impedir la infiltración de operadores terroristas en las estructuras humanitarias”, precisó.

“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida — la explotación de los marcos humanitarios con fines de terrorismo no lo es”, recalcó en el comunicado el ministro, Amichai Chikli. La ONU, la UE y otros actores de la comunidad internacional criticaron con fuerza a Israel, que había dado tiempo a estas oenegés hasta la medianoche del miércoles al jueves para cumplir con estos nuevos requisitos anunciados por primera vez en marzo.

Entre las 37 entidades afectadas figuran Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam. En un comunicado enviado a AFP, MSF explicó que aplica “políticas internas estrictas con tal de garantizar el respeto a las leyes e impedir cualquier desvío de la ayuda o cualquier asociación con grupos armados”.

Sin embargo, no envió la lista de sus empleados a Israel al no recibir “garantías y aclaraciones” sobre esta petición “preocupante”. El movimiento islamista palestino Hamás calificó la decisión israelí como un “comportamiento criminal” que “constituye una peligrosa escalada y un desprecio flagrante por el sistema humanitario”, dijo el grupo en un comunicado.

Un frágil alto rige en Gaza desde octubre, luego de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Aunque el acuerdo de alto al fuego iniciado el 10 de octubre estipulaba la entrada de 600 camiones diarios, solo entre 100 y 300 transportan ayuda humanitaria, según las ONG y la ONU.

Fuente: AFP.