El exministro de Hacienda, César Barreto, calificó al proyecto de reforma de la Caja Fiscal como un paso positivo para la contención de la crisis del sistema jubilatorio de los trabajadores del sector estatal. Agregó que la propuesta con media sanción de Diputados introduce cambios sustanciales como el establecimiento de una edad mínima.

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo y fue modificado por Diputados, yo creo que es un paso positivo, en un proceso que no es lo óptimo, pero va a mejorar sustancialmente la estructura de incentivos que tiene implícitas las reglas o parámetros de la Caja Fiscal. Es una reforma importante, bastante profunda”, indicó este lunes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Barreto acotó: “Al fijar una edad mínima hace que la relación entre los aportes propios que hace una persona en su año de vida laboral cubra en un porcentaje mucho mayor los beneficios o las jubilaciones que recibirá durante el resto de su vida desde el momento en que se jubile, esa es una modificación estructural muy importante que debería llegar luego al 100 %”.

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Por otra parte, se refirió a las declaraciones de legisladores opositores, disidentes colorados y representantes de los gremios afectados como el de los docentes, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

“La situación de la Caja Fiscal es catastrofica, si los diputados y senadores no aprobaran todos los años un aporte extraordinario del Estado con recursos tributarios, el cual alcanzó el pasado años USD 380 millones, los jubilados tendrían un recorte de alrededor del 40 o 50 % de las jubilaciones que están recibiendo. Los maestros y otros quienes reclaman el mantenimiento de esta situación no evaluan la realidad”, puntualizó.

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Benigno López, exministro de Hacienda del gobierno de su hermano Mario Abdo Benítez, vuelve a escena con pretensiones de dar cátedra sobre política económica. Pero es pura retórica, pues los números de su gestión cuentan la calamitosa gestión y los clavos que dejó.

Como ministro de Hacienda y principal arquitecto de la polí­tica económica de la adminis­tración de su hermano Mario Abdo Benítez, Benigno López no fue un mero observador externo: fue protagonista central de un ciclo que hoy pretende ignorar. Así, busca pontificar desde la tribuna, cuando su gestión al frente de la política económica fue dis­cretísima y aciaga.

Mientras el responsable del rumbo económico del desas­troso gobierno anterior rea­parece en el debate público con tono académico y pose triunfal, conviene recordar su administración y cómo su legado, ocupado por otros “téc­nicos” en Hacienda, causaron un gran perjuicio al país.

El problema no es la crítica –siempre necesaria–, sino la falta de coherencia entre el discurso actual y el legado que dejó su administración. Una gestión marcada por la ausen­cia de reformas estructurales, el debilitamiento de reglas fis­cales que habían sido emblema de estabilidad y una conduc­ción económica que priorizó el relato antes que la calidad del gasto y la solidez institucional. En ese contexto, las “cátedras” resultan, cuanto menos, difí­ciles de digerir cuando se las contrasta con el balance real de aquel periodo. En declara­ciones a La Unión AM, el exmi­nistro de Hacienda sostuvo que la actual administración del presidente Peña “no puede hacerse el pícaro y rehuir sus compromisos. Las deudas y los intereses hay que saldarlos”, recalcó López, omitiendo la desastrosa gestión que le cupo a este y a su sucesor Óscar Lla­mosas.

En ese contexto, hay que decirlo con todas las letras, la era Abdo dejó una cantidad de clavos y bombas activadas en todas y cada una de las ins­tituciones. Hay informes de auditoría forense de la Con­traloría General de la Repú­blica que hablan al respecto. Son más de sesenta y solo del periodo 2022.

El desempeño económico del periodo 2018-2022, cuyo diseño fue realizado por Benigno López hasta que dejó el cargo en octubre de 2020, fue uno de los más bajos, con un crecimiento del PIB per cápita de 0,4 %. Esta cifra es comparable a periodos de finales de los 90 y principios del 2000 cuando el país atra­vesaba periodos de profunda inestabilidad política y eco­nómica.

El Gobierno decidió exceptuar la Ley de Responsabilidad Fis­cal, hecho que se dio por pri­mera vez desde su aplicación, alcanzando un déficit fiscal que representó 2,8 % del PIB, argumentando una sequía que impactó a la economía para­guaya. Este déficit es el más alto que se registra desde 1999 durante el gobierno de Gonza­lez Macchi.

Como consecuencia del mayor déficit fiscal, el gobierno de este periodo es el que registra el récord de endeudamiento en 5 años de gestión, con más de USD 7.960 millones de nue­vos préstamos y obligacio­nes contraídas por el Estado paraguayo. Además, culminó el Gobierno sin reconocer deu­das contraídas con proveedo­res del Estado de más de USD 500 millones que debieron ser canceladas por el gobierno actual.

En varias ocasiones, el presi­dente Peña recordó los clavos dejados por la gestión Abdo. Recordó que la reducción de la pobreza no solo se estancó, sino que incluso aumentó, con un 25.5 % de pobreza total y un 6.1 % de pobreza extrema en 2022.

El de Abdo fue un gobierno que no supo aprovechar su periodo de gestión para promover las reformas de mejora de la cali­dad del gasto público para un mejor uso de los recursos públicos. Se enfocaron en una ley de modernización tributa­ria para recaudar más y en una ley de compras públicas que reglamentaron con un decreto a 4 días de terminar el gobierno y que luego debió ser revisado. Las propuestas de mejora de la calidad del gasto público como la reforma del servicio civil y de supervisión del sistema de pensiones fueron incluidas en un programa con el FMI, pero que no implicaba un compro­miso de aprobar estas leyes, sino solamente presentar al Congreso los borradores de los proyectos de ley.

Durante el periodo de gobierno, surgieron cuestionamientos con respecto al resguardo de la independencia del Banco Cen­tral del Paraguay. Específica­mente, se dieron nombramien­tos en el Directorio del Banco (Humberto Blanco y Carmen Marín) que claramente no fueron propuestos desde la institución. Fueron designa­das personas que registraban incompatibilidades para ejer­cer el cargo debido a que existían vínculos con instituciones que podían generar conflictos de intereses en la toma de deci­siones. Además, se afectaron derechos laborales del plantel de funcionarios del BCP que generó incertidumbre entre ellos y motivó a la renuncia de técnicos con años de experien­cia profesional, debilitando al capital humano de la ins­titución.

La gestión económica de la administración Abdo fue desastrosa y su impacto fue tal que incluso la actual administración de San­tiago Peña tuvo que ocuparse de esa pesada carga heredada. Estas son algunas de las perlitas heredadas de la gestión que comandaba Benigno López en 2018. Entre las deudas pendien­tes figura el Ministerio de Salud Pública, el cual debía USD 371,3 millones por el abastecimiento de insumos y medicamentos. Mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) adeudaba otros USD 210 millones por los mismos conceptos.

En tanto, la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) con las contratistas rondaba los USD 350 millo­nes solo en capital, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que Abdo Benítez alar­deaba al justificar su gestión. El Ministerio del Interior era otra con una complicada situación financiera, con dinero comprome­tido por los contratos plurianuales que impactaron en el presu­puesto de varios años consecutivos. En total fueron unos USD 250 millones de compromisos pendientes con los proveedo­res, de los cuales unos USD 42 millones corresponden al Interior y USD 200 millones a la Policía Nacional y están relacionados a gastos de seguridad.

• Por Víctor Pavón (*)

Los impuestos no deben ser subestimados. Es dinero que hubiéramos utilizado como individuos que termina en manos del Estado por la coac­ción ejercida desde el órgano gubernamental. Son un costo y más en una economía emer­gente como la nuestra.

El aumento de los impues­tos en nuestro país será la peor propuesta a tomarse en cuenta. Será fatal para el país. Su impacto será tre­mendo. Luego de instalados los nuevos aumentos tributa­rios serán difícil de retrotraer. El sector estatal tiende inexo­rablemente a convertirse en un centro de decisiones que incluso van más allá de la eco­nomía.

De incrementarse los tributos se reducirá el crecimiento del producto interno bruto (PIB), habrá menos empleos junto con el aumento de la informa­lidad, disminuyendo la recau­dación del fisco.

Lo expresado viene a colación por la propuesta del exmi­nistro de Hacienda, Dionisio Borda, en su libro “La hora del desarrollo. Paraguay y sus nuevos desafíos”, donde sos­tiene la necesidad de aumen­tar los impuestos especial­mente en la renta personal y la empresarial e incluso, dice, debe ser modificado el 10, 10, 10, por lo que hay que agregar a su lista el impuesto al valor agregado (IVA).

Esto es, propone deshacernos como país del factor de com­petitividad tributaria con el que contamos para atraer inversiones. Por ello, discrepo con el exministro Borda, con­sidero se equivoca. Lo expre­sado por mi parte no solo se detiene en la teoría, sino tam­bién en la evidencia empírica.

En efecto, diversas publicacio­nes científicas como las rea­lizadas por Tax Foundation con el título “What is the evi­dence on taxes and growth?” (¿Cuál es la evidencia sobre los impuestos y el crecimiento?) con 26 estudios empíricos entre 1983 y 2012 dan cuenta del profundo impacto del alza de los impuestos sobre el cre­cimiento económico.

La evidencia es contundente: Aumentar los impuestos es negativa para la economía, el ahorro, el crecimiento, la inversión y el empleo. El daño se traslada en una menor capacidad de consumo de la población y, de ese modo, se ven afectadas las recaudacio­nes tributarias, precisamente lo que más desea el Dr. Borda.

La propuesta, desde luego, seducirá a los políticos dado que les permitirá disponer de más dinero de otros para su redistribución. Se desincen­tivarán el ahorro y la inver­sión privada, desalentando a las personas y empresas a tra­bajar y a invertir debido a que serán menores los beneficios que tendrán por su esfuerzo, innovación y creatividad.

En Paraguay de ninguna manera debemos aumentar ni crear nuevos impuestos, debemos reducirlos y cuanto antes mejor.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Inter­nacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publi­cado “Ensayos sobre la Liber­tad y la República”.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer jueves encarcelar al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.

La orden será sometida a votación por los demás magistrados de la corte este viernes, pero es de cumplimiento “inmediato”, sin esperar a la decisión del plenario. El magistrado “Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el segundo recurso de la defensa y determinó la detención inmediata del expresidente de la República y exsenador Fernando Collor de Mello", indicó la corte en un comunicado.

El exmandatario, de 75 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de da petrolera estatal brasileña Petrobras.

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Su defensa recibió el fallo “con sorpresa y preocupación” y afirmó que Collor “se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes”, en una nota enviada a la prensa. Una fuente del tribunal aclaró que “nadie puede ser detenido en la noche, pero él puede entregarse en la madrugada”.

Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son “meramente dilatorios”. A partir de las 11:00 locales (14:00 GMT) y hasta las 23:59 del viernes (02:59 GMT del sábado) el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión.

Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.

Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a puertas de ser juzgado por una tentativa de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración la reelección. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder. Sin embargo, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción.

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En 1989 derrotó en las urnas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente entre 2003 y 2010, Lula luego estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato. La condena contra Lula fue finalmente anulada por la corte suprema y el izquierdista volvió a Planalto en 2023.

Tras renunciar a la presidencia en medio de protestas callejeras, Collor consiguió volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta 2022. Ese año apoyó a Bolsonaro en las elecciones.

Como senador, se valió “de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio” de una distribuidora de combustibles filial de Petrobras y direccionar contratos, según la corte suprema.

Fuente: AFP